COVID-19 y discriminación

Por: Heraclio Castillo

Esto de la continencia sanitaria por el COVID-19 ha sacado lo mejor y lo peor de muchos. Pero entre las noticias negativas hemos podido conocer de estados donde personal de salud ha sufrido ataques en una especie de histeria y paranoia ante posibles contagios y situaciones similares han experimentado pacientes con esta enfermedad que hoy afecta a todo el mundo.

La situación me ha llevado a reflexionar sobre la discriminación a la que han sido sujetas determinadas personas en relación con el COVID-19, con agresiones motivadas principalmente por la desinformación. Pero esto pasará algún día y la discriminación volverá a enfocarse en otras enfermedades tal vez con menor incidencia, aunque también mortales si no se atienden, como el VIH/Sida.

Y viene a colación porque las personas que viven con VIH/Sida también son objeto de actos de discriminación, a pesar de que la tasa de incidencia es mucho más baja, hay medicamentos para controlar la carga viral e incluso para no contagiar a otras personas, además de que las vías de transmisión son menos comunes que un simple saludo de mano o beso como con el COVID-19.

A propósito de esta situación, el pasado miércoles 17 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó una síntesis de la Recomendación General número 42/2020 sobre la situación de los derechos humanos de las personas con VIH y Sida en México, con recomendaciones dirigidas especialmente a la Secretaría de Gobernación, a los gobierno estatales, a las instituciones de salud federales y estatales, así como al Congreso de la Unión y a los congresos estatales.

Resulta que durante los primeros seis meses del 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 733 quejas por personas con VIH/Sida cuyos derechos fueron agraviados por razones que coinciden con las quejas recurrentes de los últimos 9 años: el 41.03% de las quejas ha sido por “omitir suministrar el medicamento”; el 31.62% ha sido por “omitir proporcionar atención médica”; el 8.44% por “prestación indebida del servicio público”. Y se señala como la principal institución responsable al IMSS, con el 64.67% de las quejas, seguido por el ISSSTE (22.65%) y PEMEX (2.59%).

Veamos algunos contrastes: ¿a cuántos pacientes con COVID-19 se ha omitido suministrar el medicamento (si es que se ha encontrado alguno efectivo)?, ¿a cuántos les han negado la atención médica?, ¿a cuántos les han brindado un servicio público indebido? Y el riesgo de contagio es mucho más elevado que en el caso del VIH/Sida, aunque los pacientes con COVID-19 no son objeto de la misma discriminación por parte del personal de salud.

Por ello las recomendaciones generales de la CNDH respecto a la población con VIH/Sida, para garantizar el suministro de medicamentos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes (porque el derecho a la vida debe ser una garantía real), para brindar atención médica oportuna en cualquier institución (incluyendo los servicios migratorios), para capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos y al personal de salud en la atención a estos pacientes y para erradicar conductas o actos discriminatorios respecto de esta enfermedad. Si hubiera un diagnóstico tal para el COVID-19, seguro habría este tipo de recomendaciones.

Analicemos si es más conveniente actuar frente a este tipo de discriminaciones que perdernos en discusiones sobre un foro de clasismo y racismo que derivó en la renuncia “voluntaria” de la titular del CONAPRED y la censura de un programa en HBO.

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