Una vez que ha transcurrido buena parte del proceso interno para la selección de aspirantes a candidatos a diputados locales y alcaldes, la pretensión de Jehú Salas Dávila sigue dando de qué hablar y no precisamente para bien.
El secretario General de Gobierno con licencia sin goce de sueldo se registró en días pasados como aspirante para la diputación local por el Distrito 8 con cabecera en Ojocaliente.
Se trata de un distrito que hoy encabeza Adolfo Zamarripa, del Partido Nueva Alianza (PANAL), otrora aliado incondicional del tricolor, pero que en esta ocasión irá en la alianza Juntos Haremos Historia junto a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Sin embargo, originalmente Jehú Salas buscaba la candidatura en el Distrito 1, aunque “alguien” tomó la decisión de mandarlo hasta Ojocaliente porque en la Capital tiene tan mala fama que sería una derrota segura.
Algunos creían que enviarlo a ese distrito sería pan comido, pero allá no lo conocen, ni siquiera nació ahí, no guarda vínculos con aquella región, por lo que todo indica que lo mandaron a perder. Unos le dicen karma. Otros, “ándele, por cu…”.
No es secreto que el desempeño del funcionario del gobierno diferente ha dejado bastante qué desear al grado que el proceso electoral en marcha era la oportunidad perfecta para deshacerse de él.
Con un inminente cierre de administración y varios cabos sueltos por la irresponsabilidad (o inercia) de Salas Dávila, mejor tenerlo lejos de las decisiones y dejarle esa responsabilidad a alguien más.
En el PAN se declaran listos
Donde apenas van a comenzar con su proceso interno es en Acción Nacional, cuya dirigente estatal Noemí Luna Ayala dio a conocer que la Comisión Permanente Estatal ha tenido una intensa agenda de trabajo reuniéndose con los diferentes aspirantes para llegar a la contienda con los mejores perfiles para renovar el Congreso local y los ayuntamientos.
Su meta es lograr un contrapeso, con perfiles competitivos que aseguren el triunfo, pero anteponiendo el compromiso y la representación de los ideales y propuestas del PAN como parte de la alianza Va por Zacatecas, en conjunto con el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Y es que no es cosa fácil eso de andar revisando a los liderazgos locales y su currículum para evaluar las mejores trayectorias, su congruencia y postulados, porque de ahí saldrán las fórmulas para fletarse en la elección del 6 de junio.
El gran filtro no solo será la distribución de candidaturas por el principio de paridad de género, sino también respetando las cuotas de jóvenes y migrantes que en conjunto inclinen la balanza y generen contrapesos.
Luna Ayala aseguró que en esta alianza tendrán como prioridad retomar proyectos como los apoyos a madres trabajadoras, los medicamentos a niños y mujeres con cáncer, los incentivos a empresas para la generación de empleos y garantizar la protección del medio ambiente.
Muy bonito todo, hasta que metan su cuchara los verdaderos dueños del partido. ¿Qué grupo se impondrá sobre los demás en la definición de candidaturas?
Y le cierran la llave a los programas
Este jueves fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional Electoral (INE) ejerce la facultad de atracción para fijar los mecanismos y criterios que garanticen que no se usarán recursos públicos ni programas sociales en la elección.
En el segundo resolutivo se establece, como cada año, que nadie puede condicionar la entrega de beneficios a algún programa social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura.
Pero además indica que la entrega de beneficios de estos programas sociales estará prohibida durante el periodo electoral, a menos que su entrega se encuentre establecida en los respectivos lineamientos y reglas de operación.
Y por aquellos mañosos que luego se inventan cada cosa, también está prohibido crear programas durante el periodo de campañas. Solo se podrán entregar los beneficios de aquellos programas creados previamente.
Así se precisa en el resolutivo tercero, inciso B: “A partir del inicio de las campañas electorales de los procesos federal y locales 2020-2021 y hasta la conclusión de las jornadas electorales, no podrán operarse programas federales o locales no contemplados previamente, ni crearse nuevos programas sociales”.
Hay que tomar en cuenta que las campañas iniciarán el 4 de abril, por lo que los gobiernos de los tres niveles deberán ponerse bien truchas para emitir sus lineamientos y reglas de operación de los programas que podrían estar operando durante el periodo de campañas. De lo contrario, podrían considerarse delitos electorales. Y con eso de que en la pandemia a todos les dio por repartir despensas…
Justicia a modo
Por fin la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia informó que por mayoría de votos se atrajo un procedimiento de oficio en contra de Félix Salgado Macedonio, derivado de acusaciones por violación y considerando que fue electo candidato de MORENA a la gubernatura en Guerrero (o coordinador estatal de los comités de defensa de la 4T, como quiera llamarlo).
Sin mayores detalles, la Comisión indicó únicamente que se respetarán los estatutos (así como en las encuestas para elegir a los candidatos) y se informará de la resolución con oportunidad.
Llama la atención la atracción de este caso de oficio porque sería la primera vez que se escucha a las voces que pedían la revisión del caso, luego de que se instalara la Comisión en días pasados.
También llama la atención que sobre las acusaciones sobre irregularidades en el Crédito Ganadero a la Palabra no haya habido pronunciamiento, ni siquiera atracción del caso de oficio, ni se escuchara a las voces de quienes piden que se reconsidere la candidatura de David Monreal Ávila a la gubernatura de Zacatecas.
Lo cierto es que en ambos casos, tanto la resolución que determine la Comisión como el silencio que impera actualmente sobre el Crédito Ganadero a la Palabra, dan una idea del sentido que tomarán las decisiones en el órgano de justicia interna en MORENA. ¿Aún hay confianza en sus propias instituciones?