Samuel Herrera y el lastre para la 4T

En el actual proceso electoral, una de las figuras de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con más antecedentes negativos es Samuel Herrera, quien actualmente busca reelegirse por la diputación federal en el Distrito 4. Pero es justo su trayectoria y su pasado los que ponen en entredicho los ideales del movimiento al postular ese tipo de perfiles.

Hacia finales de la década de 1980 fue presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guadalupe y bajo las mismas siglas fue regidor del mismo municipio en el periodo 1990-1993; diputado local entre el 2004-2007; alcalde de Guadalupe entre el 2007-2009 y diputado federal en el periodo 2009-2012 y de 2018 a la fecha.

Durante su gestión como presidente municipal, a Samuel Herrera se le fincaron responsabilidades administrativas y resarcitorias por el mal manejo de recursos públicos, por un monto global de 10 millones 885 mil 244 pesos.

De acuerdo con los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en las cuentas públicas del 2008 a Samuel Herrera se le fincaron responsabilidades administrativas por aprobar bonos de gestión y por no gestionar la recuperación de documentos por cobrar.

También por desatender la recomendación de la ASE de no recibir pagarés o cualquier otro documento mercantil como pago por contribuciones y de recuperar los créditos pendientes de pago y abstenerse de otorgar nuevos préstamos.

Respecto a las responsabilidades resarcitorias, Samuel Herrera no resarció 7 millones 707 mil 683 pesos por gastos de gestión a regidores que no se justifican ni fueron comprobados satisfactoriamente, así como 285 mil 560.64 pesos por no comprobar la colocación de puertas y ventanas a base de madera en el proyecto “Construcción de cabañas en parque ecoturístico en Zóquite”.

Durante su administración se proyectó la segunda etapa del complejo en el Cerro de San Simón denominada “Construcción de Talleres de Artesanos en el Cerro San Simón”, mediante el cual se pretendía comercializar las artesanías.

Sin embargo, en ese entonces no se llevó a la práctica el proyecto, a pesar de que se invirtieron 2 millones 892 mil pesos de manera tripartita y una aportación de los migrantes.

Asimismo, según información de la ASE, en la administración municipal de Samuel Herrera este autorizó partidas denominadas “apoyo social” que se entregaban a regidores, consistentes en un monto de 60 mil pesos mensuales, pero su gasto se comprobó con listas de nombres y domicilios inexistentes.

Samuel Herrera también permitió el asentamiento de numerosas familias en las colonias Tierra y Libertad y África, a pesar de que no estaban regularizadas, por lo que las familias asentadas y las demás que fueron llegando con los años no tuvieron certeza sobre sus propiedades ni les dotaron de servicios hasta la administración de Rafael Flores Mendoza e incluso cerca de la mitad todavía no tiene certeza jurídica.

Esta práctica fue realizada por Samuel Herrera incluso desde la década de 1990, cuando vendió diversos terrenos a particulares, pero no era el propietario legal y nunca devolvió el dinero que le pagaron por los predios. Los afectados intentaron interponer denuncia en el sexenio de Amalia García Medina, pero nunca se las recibieron.

Incluso en ese periodo, la encuestadora local Target M&R, de Mauricio Bravo Piña, hizo una evaluación de gobernantes. En Guadalupe, el gobierno de Samuel Herrera y Mario Román (alcalde suplente) obtuvo un nivel reprobatorio de 5.9.

Hacia el 2009, Samuel Herrera fue electo diputado federal por el PRD, aunque su desempeño fue relativamente bajo: de 195 sesiones durante los tres años de gestión, asistió a 164, aunque según el informe sobre la votación de iniciativas, Samuel Herrera solía acudir al pase de lista sin permanecer en sesiones.

De 738 iniciativas a votar, Samuel Herrera únicamente participó en la votación de 429, es decir, tuvo una presencia real del 58% en la Cámara de Diputados, además de que fueron rechazadas 81 iniciativas de las 92 que presentó durante su gestión.

En octubre del 2009, cuando Samuel Herrera fungía como diputado federal, pidió que se etiquetaran 179.6 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 para un parque industrial aeroespacial en Zacatecas con el argumento de que la empresa Triumph pretendía invertir 208 millones de dólares para instalarse en el estado y se proyectaba crear 1 mil 400 empleos.

Sin embargo, según documentos del Gobierno del Estado de Zacatecas, la administración de Amalia García Medina invirtió solamente 7 millones 999 mil 700 dólares y a la fecha solo se han generado poco más de 200 empleos.

Asimismo, en el 2012, cuando Samuel Herrera buscaba la senaduría, se atribuyó una gestión por 70 millones de pesos para obras carreteras e infraestructura deportiva en varios municipios de Zacatecas, pero la gestión la realizó la diputada federal priísta Maricela Serrano Hernández.

Al terminar su gestión como diputado federal mantuvo un bajo perfil, hasta finales del 2015, cuando se integró a las filas de MORENA. Luego de buscar la diputación local por el Distrito 4, saltó en el proceso 2018 a la diputación federal por el mismo partido y aprovechó para meter a su esposa a la nómina de la Cámara de Diputados. En el actual proceso busca repetir en el escaño, pero hasta el momento no ha hecho pública su declaración fiscal, patrimonial ni de intereses.

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