Y a ver de qué cuero salen más correas

Pues este martes la sesión de la Comisión Permanente en la 63 Legislatura se convirtió en tribuna de reclamos entre dos grupos y todo por la sospecha de que los programas sociales federales y estatales podrían usarse con fines electorales. Claro: se trató de puros puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades a hacer lo conducente.

Fue el diputado Chema González Nava quien dio la primera estocada al señalar que en una entrevista, la diputada federal Mirna Maldonado, de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), denunció el uso electoral de programas de bienestar desde la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, que encabeza la súperdelegada Verónica Díaz Robles.

De ahí el exhorto a la súperdelegada y a quienes laboran la delegación para que se conduzcan “con apego a los principios de legalidad, neutralidad e imparcialidad y se abstengan de utilizar los recursos públicos y programas sociales para favorecer o promocionar a partidos políticos y aspirantes a ocupar un cargo de elección popular”.

Y para rematar, piden a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que se inicie una investigación sobre lo dado a conocer por la diputada federal, surgida de las filas de MORENA, pero apegada al grupo político de los “vulgares ambiciosos”, como calificó el dirigente nacional Mario Delgado. ¿Quién votó en contra? El grupo encabezado por el diputado local Omar Carrera.

¿No que no eran los mismos?

Y para muestra de que la súperdelegada y sus subordinados no están operando en el marco de la legalidad, este martes trascendió que en la comunidad de Bañón, en Villa de Cos, uno de los municipios donde se aplicarían las vacunas AstraZeneca recién llegadas a Zacatecas, integrantes de las brigadas de vacunación denunciaron que supuestamente fueron obligados por Edna López, coordinadora de Jóvenes Construyendo el Futuro en Zacatecas, a vacunar a unos colados fifís de la 4T.

Y ni siquiera son habitantes de Villa de Cos. Se trata de unas 33 personas que aprovechando sus influencias, los vínculos con el monrealismo y vaya usted a saber qué otras argucias, fueron y quisieron agandallar las vacunas que se aplicarían a la población mayor de 60 años de esta comunidad.

Hasta donde se sabe, en la fila de gandallas (y corruptos) se encontrarían figuras como Mauricio Sescosse, Margarita Borrego, Tomás Márquez, Rubén Ortiz, Coquito Delgado Cárdenas, Bernardo Martínez Díaz, Laura Salinas, Leonardo González, Estela Saucedo Candelas, Susana González y una larga lista de quienes viven en zonas residenciales (ya no tan exclusivas) de Zacatecas.

¿No habían dicho que las vacunas se aplicarían en primerísimo lugar en las regiones más vulnerables?, ¿que no se permitirían influyentismos?, ¿ que todo estaría bien vigilado por la SEDENA y la Guardia Nacional? Lo mínimo que se espera es una sanción y la renuncia de los responsables.

¿Con qué cara piden lo que piden?

Pues luego de todo este escándalo, y volviendo a la sesión de la Comisión Permanente, ¿cómo habrían quedado los diputados que pretendían “someter” al Gobierno del Estado a las mismas exigencias de transparencia y combate a la corrupción?

Todo se trató de un exhorto (otro llamado a misa) de Javier Calzada Vázquez para llamar a funcionarios estatales a reuniones de trabajo con las comisiones respetivas para dar a conocer las reglas de operación, calendarios y perfiles de beneficiarios de los programas sociales que manejan.

Y la iniciativa fue leída después del llamado de Chema González para investigar de oficio el actuar de la súperdelegada y subordinados, solo que ahora se les olvidó revisar previamente las publicaciones en el Periódico Oficial.

Desde que fue aprobado el presupuesto y luego de que cada secretaría tenía ya preparados sus programas para el ejercicio 2021, ya se han publicado en el suplemento las reglas de operación de los programas estatales de dependencias como la SEDUVOT, SEDESOL, Secretaría de Economía; Sistema Estatal DIF; Secretaría del Campo y hasta del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, que son los que manejan programas sociales.

Resulta que alguien sí hace su tarea y al ser año electoral, sabe que debe publicar sus reglas de operación y lineamientos de sus programas antes de que inicien las campañas, porque de otro modo podrían ser considerados delitos electorales. Calzada Vázquez debió dirigir su exhorto a la federación, pues van muy retrasados con este procedimiento.

Poder Judicial cumple con transparencia

Y siguiendo con quienes sí hacen su tarea, en el Poder Judicial que encabeza el magistrado Arturo Nahle García hoy cumplen con las nuevas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Como se recordará, en la última reforma a la Ley de Transparencia se determinó que los Poderes Judiciales de los 32 estados estarían obligados a publicar todas sus sentencias, algo que no se realizaba debido a lo subjetivo de la expresión “las sentencias de interés público”, porque ¿a quién le interesa de verdad la sentencia de divorcio de Juanita y Juanito? Sin olvidar que existen diversos procedimientos y no todos son conclusivos.

De ahí la necesidad de precisar que se publicarían únicamente las sentencias firmes, que hubieran causado estado, y no será cosa menor considerando que en el 2020 el Poder Judicial de Zacatecas emitió 5 mil 207 sentencias en materia penal, civil, mercantil y familiar, y eso tomando en cuenta que fue “el año de la pandemia”.

Por lo pronto, en la página web del Poder Judicial ya está disponible un micrositio donde la ciudadanía podrá consultar todas las sentencias en su versión pública, como muestra del compromiso con la transparencia y siempre cuidando la protección de datos personales. Con esta acción el magistrado Arturo Nahle y el equipo del Poder Judicial de Zacatecas se anotaron un 10.

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