En su reciente visita a Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo varios compromisos, como continuar con la segunda etapa de la Universidad del Bienestar “Benito Juárez” en el municipio de Pinos, construir la autopista Zacatecas-Aguascalientes (hasta el 2022), además de que los productores reciban fertilizantes de manera gratuita.
También se comprometió a reforzar la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina en el estado, así como continuar con la entrega de Programas del Bienestar, principalmente la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, créditos para pequeños empresarios, becas para estudiantes de familias de escasos recursos y apoyos para el mantenimiento de la infraestructura por medio del programa La Escuela es Nuestra.
Tales compromisos van en concordancia con los temas que ocuparon la gira del Presidente: educación, seguridad, desarrollo agropecuario y desarrollo social.
La gira no estuvo exenta de algunos deslices, como en el municipio de Pinos, donde el mandatario federal afirmó que había más de 25 mil viviendas y se beneficiaba a poco más de 22 mil habitantes con algún Programa del Bienestar; de ahí sus cuentas de que “la mayoría” recibía un beneficio del Gobierno de México, confundiendo “viviendas” con “habitantes”.
El desliz fue corregido, obviamente, en el Comunicado emitido, donde se aclara que al menos 1 de cada 4 hogares recibe este beneficio. Un desliz similar al de las cifras alegres en torno a las Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores, en la evaluación de los programas realizada en Tlaltenango.
Mientras, por un lado, se informaba de una inversión de 362 millones 500 mil pesos del bimestre enero-febrero a 121 mil adultos mayores, en el Comunicado emitido se precisó que eran 360 millones 591 mil pesos en beneficio de 138 mil personas.
Muy claro se dijo durante el evento transmitido en redes sociales que este año el monto de la Pensión del Bienestar había aumentado a 2 mil 700 pesos. Por ello llama la atención que, en el primer caso, las cifras nos dan un monto de 2 mil 995.86 pesos por beneficiario, mientras en el segundo caso serían 2 mil 612.97 pesos.
No tendría mayor trascendencia si no se tratara de una diferencia de 35 millones 799 mil 60 pesos en el primer caso, y de 12 millones 10 mil 140 pesos en el segundo. Y son montos por bimestre. Si las cifras no cuadran, ¿cuáles “otros datos” son los correctos?
A ello habría que sumar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Programa de Pensiones para el Bienestar de los Adultos Mayores correspondiente al ejercicio fiscal 2019, que a nivel nacional acumula observaciones por 992 millones 680 mil 415 pesos como presunto daño o perjuicio a la hacienda pública federal.
Y de ese monto, 70 millones 606 mil 700 pesos corresponderían a la Delegación de Programas para el Desarrollo de Zacatecas, aunque no en todas las observaciones implicaría un posible daño al erario.
Pero siguiendo con los “otros datos”, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, específicamente a las instalaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), llamó la atención en particular el anuncio del precio de garantía para granos como el maíz o el frijol, de 5.61 y 14.50 pesos por kilo, respectivamente; así como de 8.20 pesos por litro de leche.
Sin embargo, hay que considerar que este precio de garantía únicamente es para beneficiar al productor, que obtendría apenas entre la mitad o si acaso una tercera parte del costo final al consumidor.
Recuérdese que según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en enero de este año el frijol tuvo un alza del 12.2% respecto a enero del 2020. Parte de este incremento se debe a que en diciembre del año pasado se produjeron 210 mil 942 toneladas, que representan una disminución del 0.4% respecto a diciembre del 2019.
Una menor oferta nacional del producto, por supuesto, favorece el aumento en su precio, y no hay que olvidar que los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua contribuyen con el 79.1% de la producción del país.
Sin embargo, el precio de garantía que ofrece el Gobierno de México si acaso puede aminorar el impacto que producía el coyotaje a los productores, no así el golpe generado por el alza en precios al consumidor final, que no necesariamente se traducen en mejores ingresos para los campesinos. ¿Dónde se está quedando esa diferencia de precios?, ¿en las acopiadoras? Habrá que revisar los informes de la ASF por si encontró algo en la verificación a estos programas.
En materia de seguridad también hubo “otros datos”. Durante la inauguración del primero de cuatro cuarteles generales de la Guardia Nacional que tendrá Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se tendrán 248 cuarteles en todo el país.
También dijo que en Zacatecas se tienen 1 mil 468 elementos de la Guardia Nacional y que se reforzará con más elementos, incluyendo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. En el comunicado se dijo que eran más de 1 mil 800 elementos desplegados. Una diferencia de 332 elementos, casi lo que hace falta en el municipio de Zacatecas, Guadalupe o Fresnillo para estar más o menos en los niveles que exigen los estándares internacionales.
Sin embargo, también en este punto habría que recordar el estudio realizado hace unos meses por México Evalúa, publicado en el portal de Animal Político apenas en septiembre pasado, donde se encontró que en el país hay cinco regiones que representan un foco rojo (hot spot) por su altos índices de homicidios.
Según dicho estudio, entre estas zonas se encuentra Zacatecas, donde se concentran nueve municipios que acumularían el 67% de los homicidios ocurridos en el estado (Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Río Grande, Villa de Cos, Pánuco, Morelos, Vetagrande, y Calera).
Para el tiempo en el que se realizó el estudio, la Guardia Nacional había desplegado 1 mil 558 efectivos con presencia permanente únicamente en cinco municipios: Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Río Grande y Jerez. No se tiene registros de su presencia en municipios limítrofes con otros estados que viven problemáticas similares en materia de seguridad.
Tan solo en abril del 2019, cuando se anunció la llegada de la Guardia Nacional a Zacatecas, se explicó que tendría presencia en los municipios de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Valparaíso, Pinos, Loreto, Ojocaliente, Trancoso, Noria de Ángeles, Villa Hidalgo, Genaro Codina, Villa González Ortega y Pánfilo Madera. No fue así.
Estos criterios poco claros también se repiten en las otras regiones detectadas como focos rojos en el país: la zona Chihuahua-Durango-Sinaloa; Colima; la región Guanajuato-Michoacán; y la zona Morelos-Guerrero, además de Zacatecas.
Estas cinco regiones abarcarían apenas el 3% de todos los municipios del país, pero en ellos ocurre uno de cada seis homicidios registrados a nivel nacional, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Hay que recordar que, en la actual administración federal, se dividió al país en 266 coordinaciones regionales y a cada una envió un determinado número de elementos de la Guardia Nacional. Todas las coordinaciones territoriales respetan los límites estatales y ninguna incluye municipios de dos estados distintos.
Sin embargo, los criterios poco claros para su distribución, además de limitar la atención de hechos delictivos ante las largas distancias en sus desplazamientos, impiden atender de manera efectiva el problema.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que la criminalidad tiene un origen social: la exclusión, la desigualdad, la carencia. De ahí la gran apuesta en la inversión social que se traduciría en la reducción del crimen a partir de una amplia cartera de programas sociales prioritarios.
Así se tiene que, ante la inseguridad, se hace frente desde dos vertientes: atender las causas (con efectos a mediano y largo plazo) y enfrentar las consecuencias (con acciones en el corto plazo). Sin embargo, el despliegue aleatorio de la Guardia Nacional y no en atención a las regiones consideradas focos rojos no parece estar dando resultados.
La esperanza estaría depositada en los programas sociales destinados a abatir las brechas de desigualdad, con efectos a mediano y largo plazo, pero tampoco hay certeza de que dichos programas atiendan a esta dinámica y no a la politización de las estrategias de gobierno.
Incluso en los municipios donde se han distribuido un mayor número de recursos a través de los programas sociales prioritarios hoy se mantienen a la cabeza con los más altos índices de homicidios.
Baste recordar el número de homicidios registrados a la llegada del presidente a Zacatecas: 21 en un solo día. ¿De verdad la estrategia federal está funcionando para abatir la inseguridad mientras se atienden las carencias mediante programas sociales?, ¿hay efectivamente la coordinación de los tres niveles de gobierno para atender estas dos aristas?, ¿hay “otros datos” también en este tema?
