La “burocracia dorada” en Guadalupe

Al 30 de junio de este año, en el Ayuntamiento de Guadalupe había al menos 237 trabajadores de confianza y 187 sindicalizados que tenían más ingresos por bonos y percepciones adicionales que por su sueldo mensual.

De acuerdo con el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos al segundo trimestre del 2021, en estos 237 burócratas de confianza se erogan mensualmente 3 millones 821 mil 190.36 pesos, entre bonos mensuales y percepciones adicionales, que al año representan unos 45 millones 854 mil 284.32 pesos, sin contar aguinaldos y primas vacacionales.

Dicho monto equivale al 40.1% de los 114 millones 261 mil 884.21 pesos etiquetados para este año en el Presupuesto de Egresos como Remuneraciones adicionales y especiales, así como Otras prestaciones sociales y económicas.

Sin embargo, en el Reporte de Categorías y Plazas se advierten otras irregularidades que han sido constantes desde el 16 de septiembre del 2018, cuando inició la administración 2018-2021 encabezada por el entonces alcalde Julio César Chávez Padilla y después por César Artemio González Navarro.

Ambos fueron dados de alta al mismo tiempo con el nivel 1B en el tabulador, correspondiente a la plaza de presidente municipal, lo que significa que dos personas estuvieron cobrando al mismo tiempo como presidentes municipales en Guadalupe durante los tres años de administración.

Asimismo, a pesar de lo que establece el Tabulador de Sueldos 2021 para personal de confianza del municipio, existe personal que supera sus ingresos por Compensación garantizada y otros estímulos, principalmente en las categorías correspondientes a directores, subdirectores, asesores, secretarios técnicos y coordinadores, cuyos ingresos por bonos y otras percepciones van desde los 24 mil 446.96 pesos hasta los 69 mil 410.96 pesos, pese a que el tope establecido es de 22 mil 620 pesos.

En esta lista también destacan nombres de familiares de funcionarios de primer nivel, como Elva Elena Ornelas Ceballos, hermana del entonces regidor Jesús Armando Ornelas Ceballos; Francisco Javier Solís Gamboa, cuñado del entonces alcalde con licencia Julio César Chávez Padilla; Ignacio Francisco Zapata Castañeda, hermano del entonces tesorero José Alejandro Zapata Castañeda, así como Mariana Yamile Chávez Alvarado, esposa del mismo.

Además, aparecen en la lista Víctor Hugo Castañeda Miranda, hermano del hoy secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda; así como Humberto Miranda Castro, hermano del hoy alcalde capitalino, Jorge Miranda Castro.

Opacidad y complicidad

Aunque esta información corresponde únicamente al segundo trimestre del 2021, algunos registros de salarios en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) permiten confirmar que esta fue una práctica regular durante el trienio 2018-2021.

No obstante, lo reportado en Otras percepciones en la PNT casi nunca corresponde con el Reporte de Categorías y Plazas, incluido en el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos, un documento que se entrega cada trimestre a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Incluso todos los reportes correspondientes a la administración 2018-2021 fueron bajados de la PNT, para dejar únicamente el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos, lo cual podría ser considerado una falta grave de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

Llama la atención que en el Reporte de Categorías y Plazas correspondiente al primer trimestre de 2020 (único documento rescatado de ese ejercicio fiscal) se censura la columna donde se desglosan las otras percepciones de los servidores públicos municipales.

Al revisar el presupuesto etiquetado en cada ejercicio fiscal para Remuneraciones adicionales y especiales, así como Otras prestaciones sociales y económicas, se observa que de 128 millones 698 mil 410 pesos en el 2018 el monto se redujo a 106 millones 647 mil 908.43 pesos para el 2020 y subió a 114 millones 261 mil 884.21 pesos para este año.

Cabe destacar que la ASE no ha observado estas irregularidades en las Cuentas Públicas, a pesar de que en los propios informes que le son entregados se evidencia que violan la normatividad.

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