La nueva gobernanza y sus vendettas

En enero pasado, en este medio dimos a conocer presuntas irregularidades en la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC) por adquisiciones realizadas durante el cuarto trimestre del año pasado por un monto cercano a los 27 millones de pesos en adjudicaciones directas, incurriendo en prácticas como las compras fraccionadas para evitar licitaciones.

Sin embargo, día a día salen a la luz más pruebas de que la nueva gobernanza ni aplica la austeridad republicana, ni combate la corrupción y mucho menos busca privilegiar a la proveeduría local para fortalecer la economía de Zacatecas.

En diciembre del año pasado se publicó la Licitación Pública Estatal de carácter nacional LPE-SEDUZAC-932049954-07-2021, para la adquisición de equipo de sanitización y material de higiene, solicitados por la Subsecretaría de Educación Básica, una licitación cuyo fallo se dio el pasado 24 de diciembre.

Por un lado, dicha licitación deja ver la ejecución tardía de recursos disponibles en las arcas del estado (y de paso, que es mentira eso de que “no hay, no hay, no hay”). Pero por otro lado, esta licitación en específico es una muestra de que la nueva gobernanza tampoco actúa de forma honesta ni busca las mejores condiciones para sus adquisiciones.

En la licitación referida participaron la empresa Proyectos Aigokeros SA de CV y Ma. Guadalupe Correa Berumen. La segunda, con domicilio fiscal en Zacatecas, ha sido proveedora regular de bienes y servicios en el estado con diferentes dependencias. La primera, en cambio, es la primera ocasión que tiene un contrato en este estado y todo indica que no fue por ofrecer la mejor propuesta.

Según el acta del fallo de la licitación, Ma. Guadalupe Correa Berumen presentó una propuesta económica por 5 millones 833 mil 200 pesos, mientras Proyectos Aigokeros SA de CV entregó una propuesta por 7 millones 148 mil 500 pesos; es decir, un costo superior en 1 millón 315 mil 300 pesos.

No obstante, la primera propuesta fue descartada debido a que el Anexo 3, de la cédula de entrega de documentos, no estaba relacionada con la propuesta técnica, además de que no había presentado la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales con fecha posterior a la publicación de las bases de la licitación. Por eliminación, Proyectos Aigokeros SA de CV ganó la licitación, pese a haber presentado una propuesta económica mucho más cara.

El problema es que dicha empresa no es una blanca palomita. Su representante legal, Alejandro Aristi Licon, también ha sido representante de otras empresas como Comercializadora Don Cacahuato S. de LR. de CV y MOBA Alimentos SA de CV (de la cual es director), ambas denunciadas por ser de las empresas favoritas de Marina del Pilar Ávila Olmedo, actual gobernadora de Baja California por MORENA, y señaladas por inflar costos y entregar productos de mala calidad en aquel estado, además de participar en un esquema de simulación de licitaciones, tal como dimos a conocer en este medio en el caso de Dominus Messico y los contratos millonarios con el SEDIF de Zacatecas en la anterior administración.

Muchas cosas tendrá que explicar la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, no solo respecto a esta licitación, sino en varias licitaciones donde ha sido recurrente declarar “desierto” el resultado en el fallo, incluso en segunda vuelta, como si fuera un justificante preliminar para posteriormente adjudicar de manera directa cada obra, bien o servicio.

Lo más grave es que los resultados de estas licitaciones y sus contratos respectivos no se han publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que la nueva gobernanza estaría incumpliendo con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Y más grave aún resulta aquel acuerdo emitido por la SFP y firmado por la titular, Humbelina Elizabeth López Loera, para dejar de publicar información en los portales de transparencia del Gobierno del Estado y limitarse únicamente a la carga de documentos en la PNT. Eso descartaría la transparencia proactiva a la que están obligados los sujetos obligados, valga la redundancia, como el portal de Obra Transparente, cuya información no se ha actualizado en esta administración. ¿Algo que quieran esconder?

Acoso judicial a periodistas

A propósito de transparencia, vaya incongruencias de la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, que por un lado defiende el periodismo de investigación y le incentiva a utilizar las herramientas de transparencia y acceso a la información y, por otro lado, ejerce acoso judicial en contra del periodismo.

Esta situación fue denunciada el pasado fin de semana por Gabriel Contreras, director del portal Agenda Política, y Verónica Trujillo, quienes en enero pasado dieron a conocer inconsistencias en la información disponible en la PNT respecto a un viaje a Barcelona, España, en 2021 al que acudió personal del INAI y donde se presumía la asistencia de la comisionada Norma Julieta del Río.

Con la salvedad de una fe de erratas publicada en su momento para aclarar una inconsistencia en la información cargada en la plataforma, fue llamativa la reacción de la comisionada, que en lugar de recurrir al derecho de réplica y aclarar la situación por las vías adecuadas, recurrió a otros medios de comunicación e incluso aprovechó la presentación del libro “Periodismo de Investigación en el Ámbito Local” realizada en Zacatecas para amenazar a Gabriel Contreras y Verónica Trujillo con medidas cautelares y judiciales.

Este caso es solo una muestra de los escenarios que vive el periodismo en México, donde la violencia institucional se ha vuelto recurrente y la clara muestra la ha dado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas.

Pero el tema sirve para reflexionar en torno a otras circunstancias adversas que debe enfrentar el periodismo en nuestro país y que no necesariamente se identifican con la campaña “Todos Somos Loret”, pues el grueso de los periodistas sobrevive en un entorno de precarización laboral, con bajos ingresos, en algunos casos contratados por outsourcing (como en varios medios locales), sin seguridad social o prestaciones, e incluso sin la protección del estado, especialmente cuando se trata de quienes cubren “información delicada”.

Más que enfrascarse en un pleito que ha llegado a lo personal, la comisionada Norma Julieta del Río debería actuar como sus pares del INAI y ella misma ser ejemplo de transparencia, y no abonar a las condiciones adversas que ya de por sí enfrenta el periodismo en México. ¿O prefiere que indaguemos en su presunta intervención en los asuntos de la nueva gobernanza?

Alma Rita Díaz, al Museo Zacatecano

A diferencia de otras dependencias donde la nueva gobernanza echó por tierra décadas de trabajo institucional, en el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) al menos parece que se toman algunas decisiones acertadas bajo la dirección de Dulce Reyes.

Y es que recientemente fue nombrada como directora del Museo Zacatecano la especialista Alma Rita Díaz Contreras, en sustitución de Julieta Medina Briones. El primer reto será devolver su vocación al Museo Zacatecano y evitar que solo sea un bonito escenario para eventos privados, como acostumbraron gobiernos anteriores.

Alma Rita, a su paso por el entonces Instituto de Desarrollo Artesanal de Zacatecas (IDEAZ), promovió la publicación de una serie de investigaciones por el rescate de las diferentes ramas artesanales que existen en Zacatecas, lo que al mismo tiempo permitió contar con un padrón más o menos actualizado sobre los maestros artesanos en todos los rincones del estado. Pero también ha sido investigadora y promotora del arte y la cultura zacatecanas.

Entre todo lo malo, al menos una buena noticia para Zacatecas con este tipo de nombramientos.