La nueva gobernanza no solo ha dado banderazos de arranque o inaugurado obras heredadas por la pasada administración que encabezó el priísta Alejandro Tello, el de las “herencias malditas”. También se ha aprovechado de productos y servicios contratados con anterioridad a este sexenio.
Es el caso de los uniformes escolares que ha entregado en las últimas semanas el gobernador David Monreal en diferentes municipios y que este martes se repartirán entre alumnos de Cañitas de Felipe Pescador.
Solo que dichos uniformes ya habían sido licitados y entregados desde antes de concluir el quinquenio pasado y, atendiendo a la política de “austeridad republicana”, requirieron de un gasto adicional para que llevaran el sello de la nueva gobernanza.
Hablamos del contrato No. SAD/DJ/LPE/022/2021, otorgado por la vía de invitación a cuando menos tres personas (aunque participaron solo dos licitantes locales) y firmado por la dependencia licitante (a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social) y Geovanni de Jesús Miramontes Arteaga el 23 de agosto de 2021.
Según el contrato, por un monto de 1 millón 369 mil 401.71 pesos (impuestos incluidos), los uniformes consistían en la confección de 32 mil 769 faldas, 15 mil 515 chamarras, 135 pantalones y 3 mil 670 chamarras rompevientos, los cuales deberían ser entregados a más tardar el 31 de agosto del 2021 en la bodega arrendada por la SEDESOL a Grupo Constructor Plata, ubicada en Tránsito Pesado 402, Bodega 60.
Fue la última adquisición de uniformes escolares registrada en la plataforma de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el último año, por lo que se infiere que los uniformes que hoy entrega el gobernador David Monreal fueron herencia de la administración de Alejandro Tello.
El problema es que dichos uniformes escolares aún llevaban el sello del “gobierno diferente”, por lo que la Secretaría de Administración tuvo que contratar por adjudicación directa el servicio de “bordados” para cumplir con un capricho de la nueva gobernanza.
Así fue que el 28 de octubre del 2021 se firmó el contrato No. SAD/DJ/AD/07/2021 entre la dependencia y Daniel Alberto Orozco Cerros para la adjudicación del servicio, y los uniformes con el nuevo bordado deberían ser entregados a más tardar el 3 de diciembre de 2021 en la misma bodega arrendada por la SEDESOL.
¿De cuánto fue el capricho de la “austeridad republicana” que pregona la nueva gobernanza? Según el contrato, serían 457 mil 49.74 pesos tan solo por el servicio de bordados, que se suman a 1 millón 369 mil 401.71 pesos por la confección de uniformes, por lo que al final dichos uniformes habrían incrementado su costo final en más de 33 por ciento.
El problema es que Daniel Alberto Orozco Cerros no es empresario de la industria textil, sino del sector de la construcción, y ya había estado involucrado en un caso de presunto desfalco en un programa de vivienda en el 2017 en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), como dimos a conocer en su momento en una investigación de Lalalá News.
¿Cómo le haría la Secretaría de Administración para justificar la adjudicación directa?, ¿cómo le hará la Función Pública para seguir haciéndose de la vista gorda ante semejantes irregularidades? Porque en esa lógica, un taquero puede vender servicios de comunicación social…
¿Hackean la PNT?
Este lunes la principal herramienta de acceso a la información, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), volvió a fallar por enésima ocasión con intermitencias en el portal durante varias horas hasta que por la tarde, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer en un escueto comunicado que la plataforma estaba sufriendo un ciberataque.
“Les informamos que la PNT está presentando intermitencias debido a que se está experimentando denegación de servicio, afectando su operación. Estamos trabajando para restablecerla a la brevedad. Lamentamos las molestias”, señala el breve comunicado que el INAI publicó en sus redes sociales.
Desafortunadamente el ciberataque coincide con el evento convocado por el INAI para este martes en el foyer del teatro Calderón, donde se llevará a cabo la firma de la carta de intención en Zacatecas para el reto público “Anticipando riesgos de corrupción”.
Sin acceso a la principal herramienta de acceso a la información, y con fallas intermitentes en el último año, difícilmente se logrará incidir en la prevención de posibles actos de corrupción, mucho menos cuando el periodismo de investigación está siendo acosado jurídicamente por las instituciones señaladas por presuntos actos de corrupción.
El evento convocado para este martes tampoco es cosa menor, pues son varios organismos locales los que se sumarán a la iniciativa, como el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción.
Se trata de una iniciativa lanzada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Lo importante es que Zacatecas será la primera entidad en implementar este reto con la finalidad de promover ejercicios de transparencia proactiva sobre los retos que enfrentan las instituciones que integran los sistemas anticorrupción en procesos como la planeación estratégica, las contrataciones públicas, así como trámites y servicios hacia la ciudadanía.
Habrá que ver qué dice el llamado “zar anticorrupción”, el diputado local Ernesto González Romo, sobre este reto a implementar en Zacatecas y por fin los casos como la “estafa legislativa”, los contratos amañados para infraestructura carretera o la “estafa del SEDIF” tienen consecuencias y si es posible prevenirlos en el futuro inmediato o si, por el contrario, le jugarán el dedo en la boca a la ciudadanía para seguir simulando un combate a la corrupción.
