700 millones para impulsar la economía

Sabido es que los gobiernos estatales han contado con diversas “cajas chicas”, con recursos de libre disposición que, a falta de reglas claras para su aplicación, han sido utilizados en las necesidades del gobierno en turno y no propiamente en beneficio de la población.

Es el caso del Impuesto sobre Nóminas, un gravamen que está obligado a pagar buena parte de los zacatecanos, pero cuya aplicación ha sido incierta, a pesar de que originalmente los recursos recaudados por este concepto debían destinarse al impulso a las actividades económicas en la entidad.

No abona el hecho de carecer de reglas para invertir estos recursos, sin olvidar que cada administración los ha utilizado a discreción en lo que a sus intereses conviene y que con frecuencia no ha sido en lo que motivó la creación de este impuesto.

Por eso llama la atención la iniciativa presentada por el diputado Enrique Laviada en sesión ordinaria de la 64 Legislatura de este martes, a fin de reformar el Código Fiscal del Estado y adicionar una fracción a la Ley de Hacienda del Estado.

El fondo de la iniciativa es establecer que la recaudación total proveniente del Impuesto sobre Nóminas se destine a programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); impulso y promoción económica del estado; educación e innovación tecnológica.

El tema planteado por Laviada Cirerol no es cosa menor, pues se trata de casi 700 millones de pesos, según lo estimado en la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para este ejercicio fiscal, un recurso del cual se desconoce su aplicación, pero sí existe evidencia de que la inversión pública en infraestructura o en proyectos productivos ha ido a la baja en los últimos años.

Sobra decir que el pésimo desempeño de quien se dice secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, poco ha contribuido a dinamizar las actividades económicas en el último año y la prueba está no solo en el subejercicio de la dependencia que dice encabezar, sino también en otros indicadores económicos como el empleo formal (incluyendo el número de patrones afiliados), la Inversión Extranjera Directa (con la fuga de capitales) o el Índice Trimestral de la Actividad Económica de los Estados, por mencionar algunos.

Lo anterior contrasta con la esencia que dio origen al Impuesto sobre Nóminas, pues aunque surge derivado de la producción y servicios (y que en algunos casos representa el principal ingreso propio de algunas entidades), el recurso recaudado no se aplica en el impulso a la economía, sino a necesidades gubernamentales. Y es sabido que la nueva gobernanza ha mostrado un pésimo desempeño al aplicar lo que llaman “austeridad republicana”.

Y aunque la iniciativa del diputado Enrique Laviada no deja de ser positiva, a criterio de una parte del sector empresarial, abonaría a fortalecer la propuesta si se incluyera alguna medida para proteger el empleo, considerando los afectos de la pandemia del COVID-19 que aún impactan en algunas unidades económicas o por los efectos inflacionarios que parecen prolongarse.

Sin embargo, hay dos factores clave que pondrían en riesgo la aprobación de la iniciativa ante el pleno: por una parte, Laviada Cirerol se ha convertido en un diputado incómodo para la nueva gobernanza y es sabido que tiene un brazo en la toma de decisiones al interior del Poder Legislativo.

Por otra parte, la iniciativa en sí impactaría en unos 700 millones de pesos de los que ya no tendría libre disposición la nueva gobernanza y aunque se trate de recursos destinados a un bien social, el gobierno preferiría mantener otra “caja chica”.

¿Triunfará el sentido común y el verdadero compromiso con la economía local (no hay que olvidar los cacareados “cuatro ejes tractores” que están paralizados) o la “vulgar ambición” de la nueva gobernanza?

Y se rompió la unidad

Pese a que se pronosticaba una segunda sesión ordinaria este martes, tal parece que los diputados locales siguen atorados en las negociaciones (ellos les llaman “acuerdos”) para definir las presidencias del Órgano de Administración y Finanzas (OAF) y de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Parte del entrampado se debe al desgaste judicial que vivieron los legisladores en la primera mitad del año, peleando por dichas posiciones entre quienes integran el bloque oficial y el bloque plural “ampliado”, un litigio que finalmente favoreció a estos últimos.

No obstante, la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tuvo un final feliz, pues llegó en un momento en que estaba próxima la renovación de dichos órganos de gobierno al interior del Poder Legislativo.

Mal sabor de boca para los diputados Xerardo Ramírez, hoy presidente de la JUCOPO, y Priscila Benítez, al frente del OAF, quienes tuvieron poco tiempo para imprimir su huella encabezando los trabajos en dichos órganos.

En teoría, desde hace meses había un acuerdo para que la próxima presidencia de la JUCOPO fuera ocupada por el grupo parlamentario del PRI, mientras la presidencia del OAF sería para la bancada del PRD. Pero hoy, los intereses personalísimos del de la “bancada estrella”, Xerardo Ramírez, vuelven a poner en vilo los acuerdos ya tomados y dejan en entredicho aquel mensaje de unidad que enviaran diputados de la mayoría de las fracciones a principios de septiembre.

Hoy, la “vulgar ambición” de Ramírez Muñoz le ha hecho buscar que se apruebe su estadía al frente de la JUCOPO hasta el mes de noviembre, cuando rotarían nuevamente los órganos de gobierno junto con la Mesa Directiva.

Es una aspiración con la que no coincide la bancada del PRI, donde la mayoría está de acuerdo en que su coordinadora Gaby Basurto ocupe dicha posición, pese a su dificultad para generar acuerdos incluso dentro de su propia bancada tricolor, en parte debido a “diferencias” cada vez más notables con la diputada Cuquita Ávalos. O al menos eso se percibe entre telones.

La presidencia del OAF tampoco estaría exenta de dificultades para designar a la próxima presidencia. Hasta donde se sabe, la actual presidenta, Priscila Benítez, podría cambiar de bancada y sumarse al PRD a fin de continuar otro periodo al frente de dicho órgano, un cambio por el cual también ha pataleado el diputado Xerardo Ramírez, quien en momentos donde debe prevalecer la unidad ha sacado el cobre por ambiciones personales que amenazan con fracturar a una endeble oposición, en vísperas de lo que será la glosa del informe.

Finalmente, si Ramírez Muñoz queda fuera de presidir cualquiera de los dos órganos (un escenario más que probable), le queda un tercer escenario que pondrá en jaque a la 64 Legislatura: “vender caro” su voto y que su lealtad esté con el mejor postor. Con esa moneda paga a los votantes del primer distrito electoral. ¿Cuántos ceros tendrá el cheque de su “vulgar ambición”?