Ya desde el proceso de entrega-recepción, informó que se habían detectado 639 anomalías en la administración de Alejandro Tello, de las cuales 240 eran consideradas “graves”.
Se dijo que se había detectado el “robo hormiga” de combustible por casi 3 millones de pesos tan solo en unas cuantas semanas de la revisión. Y aunque parecía broma, se dijo que detectaron faltantes en los inventarios, entre vehículos, equipamiento, macetas, lápices y hasta un cocodrilo cuya “desaparición” fue desmentida en su momento por el SEDIF.
Desde su nombramiento como titular de la Secretaría de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera tenía como premisa la transparencia, la legalidad y el combate a la corrupción. Pero a un año de su nombramiento, o faltó a esta premisa, o ha sido omisa en su función al frente del Órgano Interno de Control, o se ha convertido en cómplice de las anomalías ya exhibidas en diversos medios de comunicación, incluyendo este espacio.
Desde marzo de este año, cuando se informó con bombo y platillo de 50 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas por presuntos delitos de exservidores públicos, a la fecha no se han reportado avances.
Quizás el caso más sonado fue el de Benjamín “N” por diversas anomalías detectadas bajo su administración en el Patronato de la FENAZA, una figura pública que ha desaparecido de la escena local, a pesar de tener un amparo por la orden de aprehensión en su contra.
Hoy se informa que en el primer año de gobierno, la SFP interpuso en total 59 denuncias penales, “de las cuales se han judicializado seis conflictos, dictándose tres órdenes de aprehensión y se encuentran en proceso de vinculación tres más”.
Asimismo, no hay que olvidar que en conferencia de prensa del pasado 28 de junio, López Loera también informó (nuevamente con bombo y platillo) sobre el proceso de inhabilitación en contra de ocho exservidores públicos cuyas sentencias, así lo dijo entonces, sumarían más de 171 años en conjunto. Solo que no había sentencias definitivas.
Ahora, mediante un comunicado en sintonía con el primer informe de gobierno de David Monreal, la titular de la SFP da cuenta de 54 sanciones impuestas que sumarían hasta 273 años, ocho meses y ocho días de inhabilitación. ¿Cómo fue que la duración de las sanciones se duplicó en solo dos meses?
Además, en el mismo comunicado, se informa de 13 multas económicas a contratistas y/o prestadores de servicios por hasta 8 millones 273 mil 676 pesos. Pero todo lo anterior podría ser una farsa producto de la inexperiencia en los perfiles que hoy integran la SFP.
Por ejemplo, en el portal de la SFP sobre el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados (RUPCOVA), únicamente se informa de tres contratistas sancionados en lo que va de esta administración por apenas 1 millón 10 mil 711.75 pesos.
¿La titular de la dependencia miente en sus declaraciones o su personal no ha actualizado la información de este portal, atentando contra el derecho a la información que tiene la ciudadanía?
Porque la información pública reportada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) indica que, según la SFP, en el último trimestre del 2021 y los primeros dos trimestres del 2022 no se han registrado casos de servidores públicos sancionados o se encuentran en proceso, por lo que esas “cifras alegres” de inhabilitaciones también podrían ser una farsa.
¿Mentiría la “fiscal anticorrupción” de la nueva gobernanza? Habría que preguntarle, pues hasta donde se sabe, los procesos de inhabilitación siguen sin una sentencia definitiva, considerando que los procedimientos ni siquiera fueron los adecuados.
Según refieren algunos de los señalados, fueron varios procesos de inhabilitación por cada exservidor público. El problema es que cada expediente tenía su propia sentencia y todas debían correr, de manera simultánea, a partir del momento en que fueran notificados de la inhabilitación, por lo que sería un grave error considerar las sentencias “acumulativas”… a menos que la SFP reconociera su error y “rectificara” sus sentencias (nuevamente mal, porque no tendrían sustento legal).
Lo interesante de las declaraciones de López Loera es que se ha centrado únicamente en el discurso de las “herencias malditas”, pero poco o nada ha informado sobre expedientes de investigación abiertos a servidores públicos de la nueva gobernanza, considerando todas las anomalías exhibidas en el último año, sin olvidar posibles conflictos de interés.
Bien podría empezar por revisar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, pues hay quien declara inmuebles cuyo valor es de 350 pesos. ¿Será buen momento para que, a un año de gobierno, informe a la ciudadanía cuántos lápices faltaron en los inventarios?
Rubén Ibarra, traidor y sometido
Lo que debió ser un informe de actividades entre aplausos y buen vibra, se convirtió en la soga del patíbulo para Rubén Ibarra Reyes como rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que bajo su gestión parece haber perdido su autonomía.
Ya desde el proceso llamado “reforma universitaria” había visos de intervencionismo, tal como ha ocurrido en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) “por instrucciones” de María Elena Álvarez-Buylla, actual directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Y es que de alguna forma hay que justificar las drásticas medidas que se pretenden tomar al interior de la Máxima Casa de Estudios, incluyendo la presunta ilegalidad del Contrato Colectivo de Trabajo con el SPAUAZ y que fue motivo del paro de labores promovido por el llamado Grupo Plural de Delegaciones.
El miedo no anda en burro, así que “secretamente” ya se había preparado una sede alterna para el informe de labores en el auditorio del Poder Judicial, ahí donde se presumió que de las deuda histórica por más de 2 mil 800 millones de pesos ya se habían saldado más de 1 mil 56 millones, sin olvidar los pagos a la seguridad social por 96 millones 242 mil pesos, la liquidación total del préstamo con la Fundación SPAUAZ por 277 millones 185 mil pesos, y los intereses del mismo por 21 millones 587 mil 48 pesos.
El problema es que la UAZ aún enfrenta un déficit de más de 400 millones de pesos para cerrar el año, déficit que el diputado federal Alfredo Femat Bañuelos había ofrecido apoyar mediante gestiones (y es conocida su capacidad de gestión en materia educativa), solo que Rubén Ibarra optó por buscar el apoyo del senador José Narro, quien finalmente le “falló” a la Universidad.
Lo más lamentable no solo fue la sumisión de quien se dice rector ante la nueva gobernanza, sino que fuera respaldado por quienes son considerados “vacas sagradas” en la Máxima Casa de Estudios de Zacatecas, respaldando la traición a la Universidad y a su personal docente, administrativo y al alumnado.
