Lo que han llamado “falta de cuello” es una condición anatómica (con frecuencia genética) que de una u otra forma incide en la personalidad del individuo, pues se presta a la crítica fácil, con el hígado. Pero hay quienes han convertido esta condición en una fortaleza, mientras otros se dejan llevar por ese lastre que finalmente determina su “falta de carácter”.
Durante la sesión solemne de este martes en la 64 Legislatura, en la que el magistrado Arturo Nahle presentó su tercer informe de labores al frente del Poder Judicial, fue notoria la diferencia de carácter entre dos personas que tienen esta condición.
Por un lado, el gobernador David Monreal lucía “achicado”, “empequeñecido”, retraído, nervioso e incluso atemorizado (lo de andar inquieto se debió más bien a “necesidades fisiológicas”). Por otro lado, el magistrado Arturo Nahle se plantó en el templete y con su diminuta figura proyectó la energía, la fuerza y “el carácter” que le ha distinguido en toda su trayectoria, más con la investidura de la presidencia del Poder Judicial.
Los ocurrido ayer en la sede legislativa tiene muchas aristas para analizar. De inicio, fue notorio el poder de convocatoria del oriundo de Río Grande, además de su capacidad para “apagar fuegos” como la pequeña manifestación que amenazaba con cambiar de sede y que finalmente atendió en pequeña comitiva encabezada por el líder del SITEZ, Alejandro Rivera Nieto.
Al recinto legislativo representantes de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes, de organismos autónomos, de instituciones de educación superior, de líderes de culto y de la sociedad civil organizada. Algunos se atrevieron a calificar a Arturo Nahle como el “levanta-muertos”, pues resucitó de su “muerte política” a figuras hoy identificadas con una de las “corcholatas”, Claudia Sheinbaum, y a raíz de este simple detalle mucho se especula que el magistrado hoy se ha decantado por dicho proyecto para el 2024.
Muy notorio también fue el retraso del gobernador David Monreal en atender la invitación a la sesión solemne, al llegar una hora después de lo programado, pese a que la sesión bien pudo iniciar con la representación de quien se dice secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo, quien arribó a la sede legislativa casi 40 minutos antes que el mandatario.
Durante su mensaje, el magistrado Arturo Nahle destacó algunas de las acciones más relevantes en el último año al frente del Poder Judicial, como la reanudación de actividades presenciales en los 73 juzgados luego de las restricciones por la pandemia, sin olvidar la enorme carga de trabajo que ha sido desahogada exprimiendo hasta la última gota de recursos humanos, materiales y económicos.
No pasó por alto el agradecimiento a la señora Sara Hernández, presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, por su apoyo para fortalecer los Centros de Convivencia Familiar Supervisada. Tampoco se obvió la jubilación de la magistrada Silveria Serrano Gallegos y la imposición de toga al hoy magistrado Virgilio Rivera Delgadillo, una mención que causó escozor entre los presentes.
Más importante aún fue el reconocimiento al Poder Legislativo por la aprobación de la histórica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual tenía casi 20 años sin ser actualizada y que hoy responde al llamado que en su momento hiciera el gobernador David Monreal para abonar a la construcción de un estado donde se privilegiara el combate a la impunidad, el respeto a los derechos humanos, la protección a las víctimas, el debido proceso, la erradicación del nepotismo, la transparencia, la paridad de género y la carrera judicial.
Y con el mismo temple, el magistrado Arturo Nahle recordó que el Ejecutivo le ha fallado al Poder Judicial, pues sigue pendiente la asignación de recursos para construir un Archivo del Poder Judicial en condiciones óptimas para albergar más de 1 millón de expedientes.
A la lista se suma el hecho de que el Poder Judicial sufrió un recorte presupuestal que hoy es insuficiente para cerrar el año, con un 92% de los 550.5 millones de pesos ya comprometido en Capítulo 1000. Para estos y otros temas, reiteró la solicitud de suficiencia presupuestal para el 2023.
El cierre de su mensaje se centró en el “tema de temas”: la seguridad. Al reconocer que se trata de un problema que no se resolverá en un trienio o sexenio, sino que requerirá de varias generaciones, el magistrado Arturo Nahle enfatizó que “no es con más policías ni con más soldados como vamos a resolver este fenómeno, tampoco incrementando las penas; es con prevención, sí, es con contención, sí, es con inteligencia, sí, es con la aplicación de la ley y el fortalecimiento del estado de derecho, sí, pero es con la participación de todas y todos, al margen de credos políticos y religiosos, al margen de filias y fobias, al margen de coyunturas e intereses particulares”.
El informe que presentara el presidente del Poder Judicial también tuvo su respuesta en la figura del diputado Ernesto González Romo, hoy presidente de la Mesa Directiva en la 64 Legislatura, quien hacia el final de su mensaje señaló uno de los principales obstáculos para avanzar en la estrategia de seguridad:
“Hoy, lamentablemente, debemos reconocer que no es así. Los delitos más graves cotidianamente quedan sin ser investigados, prevalece la simulación. Sabemos que algunas autoridades han tomado el camino fácil de fabricar culpables. Se incurre en la falsificación de pruebas, se simula la portación de armas de fuego y de narcóticos, lo que genera una injusticia terrible que además de llevar a personas inocentes a proceso, los somete a prisión preventiva y les niega una reparación del daño, afectando además el desarrollo óptimo del trabajo del Poder Judicial. Esos vicios se tienen que acabar”.
A los voceros oficiosos de la nueva gobernanza, al servicio de un taquero, les hizo falta asistir al curso ofrecido por la Escuela Judicial dirigido a periodistas para que entendieran el nuevo sistema de justicia penal y no publicaran vergüenzas, pues desvirtuaron esta declaración y atribuyeron al Poder Judicial la “simulación” de la que hablaba el diputado Ernesto González en su mensaje.
Que alguien les explique que las tareas de investigación corresponden a la Fiscalía General de Justicia del Estado, esa que dice encabezar Francisco Murillo Ruiseco y que, demostrado está, se encuentra al servicio de los intereses de la nueva gobernanza, no para proteger a las víctimas del delito. Y que las carpetas de investigación que elabora, incluyendo la presunta “fabricación de culpables”, así llegan al Poder Judicial para seguir su proceso.
Finalmente, queda claro que a pesar de los agravios del Ejecutivo, el Poder Judicial ha quedado en buenas manos durante la gestión del magistrado Arturo Nahle, quien en la práctica ha hecho realidad la “austeridad republicana” que tanto pregona la nueva gobernanza, esa que prefiere no gastar mientras otras instancias intentan hacer más con menos. Y lo hacen con dignidad, con la frente en alto, mientras otros se empequeñecen en su asiento. Es cuanto.
28 de septiembre
Este día, a las 4:30 de la tarde, partirá de la Plaza Bicentenario la marcha convocada por organizaciones feministas que han promovido con la asesoría del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas una iniciativa popular para despenalizar el aborto en el estado.
Es uno de los principales temas pendientes por legislar en la entidad y que han mantenido a Zacatecas en un rezago en materia de derechos humanos, pero que desde ya ha tenido detractores que pretenden desvirtuar la iniciativa, incluyendo algunos diputados de la 64 Legislatura.
Para que quede claro: la iniciativa gira en torno a la despenalización, es decir, eliminar las penas establecidas en el Código Penal del Estado (y que incluye agravantes decimonónicas como “no gozar de buena reputación” o “no haber ocultado el embarazo”). Se busca que las personas que sufren un aborto (porque sí: es un “sufrimiento”) no vayan a la cárcel y se elimine el estigma por ello.
Otra cosa muy diferente es la interrupción legal del embarazo, un tema donde la Ciudad de México lleva ya décadas de ventaja al resto del país y que se refiere a diseñar todo un andamiaje jurídico para garantizar la atención en salud, pública y gratuita, para quienes recurren a la interrupción de su embarazo.
La finalidad: que la maternidad sea elegida. Y es un tema que debería ser de relevancia en un estado que se encuentra entre las primeras 10 entidades con mayor incidencia de embarazo en adolescentes.
