En la recta final de la glosa del primer informe de gobierno, queda claro que son pocos (muy pocos) los funcionarios de la nueva gobernanza que han podido dar cuenta de resultados y no se escudan en pretextos para intentar justificar los subejercicios que mantienen en la inoperancia a sus dependencias.
Porque una tras otra, las comparecencias han sido el espacio donde se ha reconocido un retraso en el ejercicio del presupuesto asignado a cada dependencia y los hay quienes asumen su responsabilidad, mientras otros le echan la bolita al de al lado, especialmente si se trata de quienes no gozan de la protección de la secta.
Habrá que recordar la intentona de un grupo de diputados a las órdenes de la secta para convertir la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, en una carnicería que diera los motivos suficientes para su destitución, en una bajeza operada entre el subsecretario de Responsabilidades, Ángel Manuel Muñoz (quien aspira a la titularidad de la dependencia) y la diputada Violeta Cerrillo.
Sobra decir que el resto de los diputados no se prestó al “juego del bienestar” y con el respaldo del presidente de la Mesa Directiva, el diputado Ernesto González Romo, se declaró por satisfecha la comparecencia debido a que no se reunía el quórum legal para sesionar.
Una situación muy diferente ocurrió en la sesión de este jueves, en la que habría de comparecer la directora del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Miriam García Zamora, y en la que González Romo declaró un breve receso hasta reunir el quórum legal.
En este caso, no habría existido mayor interés de ninguno de los grupos (¿o sectas?) al interior del Legislativo por boicotear la comparecencia. De hecho, a diferencia de su lamentable participación en el debate entre candidatos a la gubernatura en el pasado proceso electoral, en esta ocasión Miriam García dio muestra de que se preparó para rendir cuentas y respondía de forma concreta, con datos duros y exposición técnica, sin necesidad de recurrir a tarjetas informativas, como otros funcionarios de la nueva gobernanza que no salían de su guión.
Menor suerte tuvo el director del Instituto de la Juventud, Mauricio Acevedo, quien a pesar de sus resultados, se hizo bolas en tribuna y con frecuencia metía la pata (como cuando reconoció el recorte del Capítulo 4000 sin pregunta expresa de los diputados). Sin embargo, le fue mucho mejor que a Javier Núñez, director del Instituto de Cultura Física y Deporte, a quien eso de hablar en público y exponer datos concretos muy poco se le da.
Lo cierto es que los tres funcionarios reconocieron la verdad detrás de los subejercicios que en su momento dimos a conocer en Lalalá News: un oficio en el que “por instrucciones superiores” les quitaron sus recursos del Capítulo 4000 para reasignarlos a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde dice despachar un tal “Zuñi”, una de las principales piezas del “juego del bienestar” e interlocutor (o barrera) de la secta.
Sin los recursos de esta partida, evidentemente que los organismos públicos descentralizados (OPD’s) no tendrían la suficiencia presupuestal para operar la mayoría de sus programas de apoyo a la población, acorde a los sectores específicos a los que atiende cada dependencia, lo que no fue excusa para los titulares, quienes dieron cuenta de lo poco o mucho que pudieron lograr en el primer año recurriendo a los ahorros del gasto corriente.
No obstante, la glosa continúa y las tres comparecencias pendientes se encuentran en el ojo del huracán, pues se trata de tres entes públicos que en el primer año de la nueva gobernanza contribuyeron a la ingobernabilidad en el estado: la Secretaría de Educación de Zacatecas, encabezada por Maribel Villalpando Haro; el Issstezac, dirigido por José Ignacio Sánchez; así como el Sistema Estatal DIF, hoy encabezado por el exdiputado Humberto de la Torre.
Al menos dos de estos perfiles (los titulares de la SEDUZAC y del SEDIF) tienen fuertes vínculos con la secta y desde ya se aprecia la desesperación de sus “protectores” por evitar a toda costa que rindan cuentas ante el Poder Legislativo.
Baste recordar que Maribel Villalpando fue una de las subdelegadas regionales de la Delegación de Programas para el Desarrollo y aunque su nombramiento como titular de la SEDUZAC llegó de forma tardía (en octubre del 2021), durante su gestión ha enfrentado diversos conflictos con el magisterio, como el hecho de retener en tres ocasiones el pago quincenal argumentando la falta de recursos, pero tampoco ha encabezado las gestiones ante la Federación (y queda claro en los oficios de asignación de recursos extraordinarios provenientes del Programa U080).
Lo de ella, así parece, es montar el escenario para que el gobernador David Monreal y la delegada Verónica Díaz Robles hagan proselitismo utilizando programas y recursos públicos (recuérdese la entrega de equipamiento a las escuelas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, o los uniformes escolares licitados desde el quinquenio anterior y de los que no acusan “herencias malditas”, o los útiles escolares a sobreprecio).
El director del SEDIF tampoco se queda atrás. Humberto de la Torre ya había sido diputado suplente y operaba para la Delegación de Programas para el Desarrollo como enlace para el registro de adultos mayores en el programa Pensión para el Bienestar (y no queda claro el uso que dio al padrón de beneficiarios).
También llegó a la 64 Legislatura por la vía de diputaciones plurinominales gracias a las acciones afirmativas, y una vez nombrado titular del SEDIF, su cónyuge Nieves Medellín ocupó su curul (aunque en este caso nadie alegue nepotismo).
Ambos casos son de especial interés para la secta, por tal motivo desde anoche sus peones de la 64 Legislatura ya orquestaban un boicot para sus respectivas comparecencias, en un bloque que hoy integran los diputados Violeta Cerrillo, Analí Infante, Lorena Oliva, Zulema Santacruz, Imelda Mauricio, Nieves Medellín, Maribel Galván, Armando Delgadillo, Sergio Ortega y José Luis Figueroa.
Los peones de la secta podrían cumplir con su amenaza de boicotear la comparecencia de la titular de la SEDUZAC, ya sea con su ausencia en la sesión convocada para este viernes a las 10 de la mañana, o recurriendo a una manifestación para reventar la comparecencia y emular, en cualquiera de los dos casos, lo ocurrido a la titular de la Función Pública.
No obstante, la ausencia de 10 diputados no impediría que se reúna el quórum con al menos 19 diputados (recuérdese el permiso solicitado por la diputada Georgia Fernanda Miranda) para llevar a cabo la comparecencia. Y en caso de que la manifestación operada por Alejandro Rivera Nieto, secretario general del SITEZ, amenace la rendición de cuentas, ya se tiene “Plan B” con una sede alterna para sesionar.
La amenaza latente es la ausencia de otros diputados, que en esta glosa ya han dado muestra de que su labor en el pleno no les es de relevancia, como Manolo Gallardo, Gerardo Pinedo o Juan Mendoza. De no estar presentes, los diputados reunirían quórum “con calzador” y estarían imposibilitados siquiera para salir al baño.
Finalmente, a ver si Maribel Villalpando puede explicar por qué ha sido la responsable de trabar las gestiones de la nómina educativa ante la Federación debido al incremento de más de mil plazas, o por qué la SEDUZAC ha asumido los gastos para las jornadas de vacunación contra el COVID-19…
