Pues sí. El alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, ha seguido mintiendo a la población y a los propios trabajadores del Ayuntamiento, a quienes en particular ha amedrentado con no pagarles el salario de los próximos 4 o 5 meses por un presunto adeudo fiscal del Impuesto sobre la Renta que atribuye a su Némesis, el exalcalde Enrique Flores Mendoza.
En su última actualización del listado de contribuyentes incumplidos, con base en los artículos 69 y 69b del Código Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) nuevamente no incluye al Ayuntamiento de Guadalupe, como amenazaba el hoy alcalde reelecto, quien pretendía generar alarma anunciando que la Federación les retendría más de 130 millones de pesos de sus participaciones para pagar el presunto adeudo.
Vaya forma de seguir mintiendo del alcalde de la “honestidad y acciones firmes”, hoy respaldado desde el Poder Legislativo por quien aspira a sucederlo en el cargo y por quien ayer conocimos de una próxima estafa mediante la empresa duranguense Trash Recolección de Residuos Sólidos… aunque lo niegue.
Sin embargo, en la última actualización del SAT sí figuran como contribuyentes incumplidos con créditos fiscales firmes (es decir, que mantienen un adeudo de impuestos y recibieron su notificación) se encuentran la Secretaría de Finanzas, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Antonio del Ciprés, de Pánuco; así como el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nochistlán.
Larga es la lista, eso sí, de los servidores públicos que no van al corriente con el pago de sus impuestos. No obstante, destaca el listado de contribuyentes beneficiados con la reducción de multas, un derecho al que tienen acceso las personas físicas y morales que muestran su disposición para pagar sus contribuciones, pero que evidencian un retraso en el pago de impuestos.
En esta última lista figuran el Issstezac, que en el último trimestre fue beneficiado con la reducción de multas hasta por 6 millones 24 mil 569 pesos; además de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por un monto de 4 millones 295 mil 664 pesos.
En la lista también figuran 24 personas físicas que fueron beneficiadas con la reducción de multas y que en conjunto suman hasta 1 millón 36 mil 62 pesos.
Lo importante de estos listados no solo es conocer la situación fiscal de los contribuyentes, sino que además permite saber quiénes son las personas físicas y morales del sector público que no están al corriente con el pago de sus impuestos, considerando que sus ingresos sí son pagados por la población que está al corriente con sus obligaciones fiscales. ¡Y qué cosas se encuentran en esos listados del SAT!
El lugar común de la nueva gobernanza
Siguiendo con la glosa del primer informe de gobierno, este martes tocó el turno a dos mujeres en el gabinete de la nueva gobernanza: la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales; así como la secretaria del Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez Márquez. Y se nota quién maneja al dedillo los temas de las dependencias que encabezan.
Después de lo vivido el pasado lunes con el arranque de comparecencias, se hubiera pensado que la dinámica con las demás dependencias sería que a la cita en la sede legislativa únicamente acudiría el personal mínimo indispensable y solo como apoyo para información técnica para responder a las preguntas de los diputados locales.
Sin embargo, de las cuatro comparecencias que van hasta el momento, fue Pinedo Morales quien estuvo arropada por un “ejército” de aplaudidores (entre ellos, el responsable de conducir la política de Comunicación Social en la nueva gobernanza, Gerardo Flores, quien solo ha asistido a esta comparecencia), que tuvieron que ser llamados al orden por sus constantes interrupciones.
Lo anterior hace sospechar de la pretendida victimización de la secretaria por violencia política de género ante los señalamientos de buena parte de los diputados, pues en el afán de evidenciar que se le cuestionaba por ser mujer, surge la duda: ¿por qué la mujer al frente del segundo cargo más importante en el Ejecutivo requeriría de porras y aplausos en su comparecencia cuando sus homólogos (hombres y mujeres) no recurrieron a esta estrategia?, ¿y por qué reforzar esta victimización con el guión leído por diputados del bloque oficial para acusar violencia política de género?
Porque ante las críticas por su desempeño en el cargo (que no fueron pocas), el tema se pretendía desviar una y otra vez hacia la violencia política de género como escudo ante los cuestionamientos. Y esta idea la reforzaron las intervenciones de los diputados Violeta Cerrillo (responsable de promover estos procedimientos en contra de los “enemigos” de la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles), Analí Infante o Armando Delgadillo.
Por si fuera poco, la secretaria Gabriela Pinedo (y su equipo de trabajo) cometió un grave error considerando las funciones de la dependencia que encabeza, pues durante su intervención inicial proyectó un video sobre las comunidades afectadas por la violencia. De esa forma, al exhibir el dolor de las víctimas, se revictimizó a quienes han sido desplazadas de sus lugares de residencia derivado de los hechos de violencia como los ocurridos en Jerez o Valparaíso.
No faltaron los señalamientos por la falta de atención a los diferentes gremios que se han manifestado contra el actual gobierno, un señalamiento al que la secretaria respondió con las estadísticas de atención y los gremios atendidos, pero de atender a resolver el objeto de las manifestaciones hay un largo trecho.
También abundaron los cuestionamientos por la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, considerando que el nombramiento otorgado a Mónica Martínez no fue ratificado por la 64 Legislatura, además de múltiples temas en materia de seguridad que la secretaria consideró que eran más bien competencia del secretario de Seguridad, Adolfo Marín, cuya comparecencia está programada para este miércoles.
Tal vez durante las más de cinco horas de comparecencia quien tragó saliva una y otra vez fue el diputado Jehú Salas, quien fuera secretario de Gobierno en la pasada administración, pues muchas de las críticas del bloque oficial se concentraron en señalar presuntas anomalías en dicho periodo y cómo las ha “solucionado” la nueva gobernanza, como el tema de los permisos experimentales.
En contraparte, muchos calificaron de “cinismo” la respuesta que dio la secretaria ante el cuestionamiento por su implicación en el esquema de “estafa legislativa” para el presunto desvío de recursos:
“No tengo nada que ocultar, no he hecho nada mal, no he hecho nada malo, en este Poder Legislativo obra la comprobación en la partida de servicios legislativos, lo mismo que para esta 64 Legislatura, porque es un esquema que se sigue utilizando; yo no lo veo como una estafa, legislar es la esencia del Poder Legislativo y el uso de ese recurso está más que justificado. Siempre estoy dispuesta a responder a ese y otros cuestionamientos que me hagan”. Y luego volvió a recurrir a la victimización por violencia política de género…
Una dinámica muy diferente vivió la exdiputada local y actual titular de la SAMA. Susana Rodríguez dio muestra de que se toma en serio los ejercicios de rendición de cuentas y estudió a detalle cada uno de los temas relativos a la dependencia que encabeza.
Entre los temas que despertaron mayor interés de los diputados estuvieron la Presa de Milpillas, infraestructura hidráulica y manejo de residuos en los municipios, además de educación ambiental.
Dos diputadas se refirieron a un tema que ya hemos abordado a profundidad en Lalalá News: Gaby Basurto y Violeta Cerrillo, quienes hablaron sobre la concesión del servicio de recolección de basura a la empresa Trash en Guadalupe.
Ante los cuestionamientos, Rodríguez Márquez consideró que “los guadalupenses tienen la última palabra”, y aunque expresó que la empresa sí ha dado un servicio eficaz, sigue la afectación a la JIORESA por la saturación de la primera celda en el relleno sanitario intermunicipal y está a punto de su clausura.
En cambio, la intervención de la diputada Violeta Cerrillo parecía más una especie de justificación por el esquema de corrupción aprobado por la 64 Legislatura para concesionar hasta por 9 años el servicio de recolección, pese a las evidentes irregularidades en la contratación de la empresa Trash y las múltiples irregularidades que rodean a la empresa.
En esta ocasión advirtió que la empresa duranguense ya está invirtiendo 90 millones de pesos en la planta tratadora de residuos sólidos que anunciara en su informe de gobierno el alcalde Julio César Chávez, en un esquema que la diputada llamó a ser recomendado para los demás municipios. Solo que la empresa al parecer no tiene sus permisos vigentes… ¡Qué cosas!
