Atribuir a un solo hombre o a un solo gobierno el origen de la violencia que ha marcado las últimas décadas del país es, por demás, absurdo. Sin embargo, el juicio que hoy enfrenta Genaro García Luna en Estados Unidos contribuye al debate público y el análisis de la situación, y cómo esta ha evolucionado o se ha “transformado” al paso de los años.
Este lunes declaró el primero de más de 70 testigos en el juicio que se sigue en la Unión Americana al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), pero cuyas acciones se remontarían a la administración de Vicente Fox (2000-2006).
Fue Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande” y lugarteniente de los Beltrán Leyva, quien acusó a Genaro García Luna de haber recibido maletas con los sobornos del Cártel de Sinaloa, que pasó de controlar cuatro estados a ampliar su presencia en 17 entidades, en complicidad con elementos de la entonces Agencia Federal de Investigaciones que luego se convertiría en Policía Federal.
Durante el juicio, se acusó al exsecretario de Seguridad Pública de haber coadyuvado al transporte de 52 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, en cuyo traslado se habrían utilizado incluso unidades oficiales de las fuerzas federales. Tan solo en aquel país se le ha detectado un patrimonio por más de 90 millones de dólares, pese a que sus ingresos “oficiales” apenas representaban el 1% de toda esa riqueza.
Aunque apenas se trata del primer día de un juicio que se estima en una duración de hasta ocho semanas, la información vertida en la audiencia de este lunes deja ver solo la punta del iceberg respecto a la posible complicidad de los gobiernos con grupos del crimen organizado y en qué medida estas complicidades pudieron haber contribuido a la presencia predominante de uno u otro cártel, lo que sin duda se tradujo en un incremento en los niveles de violencia al pasar de los años.
Más recientemente, las “filtraciones” de los llamados “Guacamaya Leaks” dejan ver que los vínculos entre el gobierno y los grupos delictivos aún continúan y refuerzan la hipótesis de que la delincuencia llevaría años (¿décadas?) financiando campañas políticas.
Y aunque todavía faltan muchos testigos por declarar, hay quienes se aventuran a relacionar la detención de Ovidio Guzmán con el juicio de García Luna. Hoy quienes declaran contra el exsecretario de Seguridad habrían pertenecido en su mayoría al Cártel de Sinaloa, y declararían bajo la presunta condición de liberar al “Ratón” una vez que se haya dictado condena y únicamente si en el juicio nadie declara en contra de la Cuarta Transformación.
Vaya, hasta se especula que las “fallas” en el Metro de la CDMX son solo un distractor para desviar la atención sobre el juicio de García Luna y que estas acabarán cuando concluya el juicio.
Con estos antecedentes, se entiende mejor cómo ha evolucionado el contexto en Zacatecas, que ya desde el 2000 enfrentaba los primeros indicios de violencia relacionados con una dinámica nacional, y cómo al pasar del tiempo cada vez hubo mayor presencia de diversos grupos delictivos hasta llegar a la situación actual, en la que se revela que existen al menos cinco cárteles que se disputan el territorio zacatecano.
En esa medida también se ha modificado el comportamiento de la incidencia delictiva, sin olvidar otros factores que intervienen en el incremento de ciertos delitos, como el aumento poblacional, el crecimiento de las zonas urbanas, la migración (interna y externa), la alternancia partidista en gobiernos locales, las modificaciones en los ordenamientos legales (recuérdese que desde el 2009 el narcomenudeo pasó a ser responsabilidad de los estados), la inflación, el desempleo, la pobreza y la marginación, entre muchos, muchos otros factores.
Véanse las más recientes estadísticas sobre la incidencia delictiva que ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el 2020 se habían consignado 782 delitos del fuero federal en Zacatecas, al año siguiente la cifra aumentó a 879 y el año pasado se redujo a 861 delitos, entre los cuales los principales han sido la portación de armas de fuego y los delitos patrimoniales.
Pero en el caso de los delitos del fuero común, esos que son responsabilidad de los estados, en nuestra entidad se reportaron 22 mil 742 casos en el 2020, una cifra que aumentó a 25 mil 110 al año siguiente, y que siguió subiendo hasta llegar a 25 mil 547 delitos en el estado, principalmente los delitos contra el patrimonio (robo, daño a la propiedad, fraude), amenazas, delitos contra la familia, así como los delitos contra la vida y la integridad corporal (como los homicidios y feminicidios).
Lo cierto es que en todo este tiempo cada gobierno había tomado sus propias decisiones para hacer frente a este problema, decisiones que muchos pensarían que incluso involucraba la complicidad con uno u otro grupo delictivo para “mantener” una relativa paz en el estado. Pero no dejaron de tomar decisiones ni abandonaron su responsabilidad… hasta hoy.
Con estos antecedentes, es difícil creer en las palabras de la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, cuando en la inauguración del Foro de Consulta para la Integración de la Estrategia Estatal para la Construcción de Paz, Prevención y Convivencia Ciudadana, repitió una y otra vez que la violencia y la delincuencia que hoy vive la entidad es producto de las “herencias malditas” de los últimos 11 años y de un capitalismo voraz. Sorprende que una filósofa y humanista tenga tan corto criterio para dimensionar la situación que vive Zacatecas.
Lo de este lunes cae nuevamente en esa manía de los gobiernos de querer descubrir el hilo negro en cada administración y para seguir dorando la píldora a la ciudadanía organizan foros para involucrarles en la planeación de políticas públicas que, en teoría, deberían ir encaminadas a solucionar el problema, pero que en el fondo no se implementan (y si lo hacen, tampoco es como se había planeado).
Pero vayamos al detalle. Por ejemplo, el fiscal Francisco Murillo advirtió que al menos 10 municipios concentran más del 80% de la incidencia de delitos del fuero común, aunque Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe abarcan hasta 60% de estos delitos. De ahí que insistiera en atender de manera prioritaria estas regiones para reducir “significativamente” la incidencia delictiva.
Sin embargo, el fiscal dejó de lado en su intervención la comisión de otros delitos de competencia estatal que, paradójicamente, inciden en la comisión de más delitos, como el narcomenudeo, la extorsión, el “cobro de piso” (que sigue sin ser tipificado en el Código Penal, una tarea pendiente de los diputados), la privación ilegal de la libertad o el secuestro. Y a eso súmele la cifra negra de delitos que no se denuncian.
Murillo Ruiseco tampoco mencionó cuántas de estas denuncias llegan a ser judicializadas ni tampoco cuál es el índice de impunidad respecto a los delitos denunciados. Ahí está la responsabilidad de las autoridades y lo que motiva la desconfianza en las instituciones.
Otro dato interesante lo aportó Cristian Paul Camacho, delegado de la Fiscalía General de la República en Zacatecas, al señalar que el 64% de las personas detenidas en la entidad por algún delito federal son jóvenes de entre 14 y 29 años, aunque la pena máxima que se les puede imponer es de cinco años.
Olvidó la perspectiva de prevención para centrarse en la punibilidad, incluso de menores de edad. Recuérdese que desde junio del año pasado el diputado Manolo Gallardo había presentado una reforma al Código Penal (y que sigue sin ser dictaminada por la 64 Legislatura) a fin de sancionar a quien involucre a menores de edad en la comisión de delitos o a que forme parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada. Porque no es que los menores se sumen a estos grupos así como así. También hay “reclutas” que hoy quedan en la impunidad porque no se tipifica el delito.
Más moderado se vio el magistrado Arturo Nahle, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien se refirió a diversas causas que motivan a la juventud a involucrarse en actividades delictivas, como la reprobación, la deserción escolar, el desempleo, la pobreza, las adicciones, el tráfico de armas, la corrupción, la impunidad, la crisis de valores y la desintegración familiar, entre muchas otras causas.
Partiendo de ahí, el magistrado brindó una perspectiva desde dónde sí puede involucrarse la ciudadanía en la prevención del delito: desde el núcleo familiar. Y no fueron pocos incómodos cuando declaró que “la verdad le hemos aflojado, hemos fallado, hemos educado a nuestros hijos de una manera muy distinta a como nuestros padres nos educaron a nosotros, somos una generación de padres más permisivos, más tolerantes, somos menos estrictos con la disciplina y el respeto a la legalidad”.
De la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) ni siquiera acudió el rector Rubén Ibarra Reyes, como tampoco se vio en presídium al subsecretario de Prevención del Delito, Manuel Ibarra. ¡Qué paradojas en un foro de prevención del delito!
En su lugar, el rector mejor envió al director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, Marco Antonio Torres Inguanzo (cuya intervención ni siquiera mereció ser consignada en el comunicado de la nueva gobernanza), quien demostró que en la Máxima Casa de Estudios llevan décadas analizando el problema y planteando diversas soluciones que hasta hoy ha ignorado el “gobierno de la transformación”.
Más duro fue el mensaje de María Luisa Sosa, presidenta de la asociación civil Olimpia de Gouges en Zacatecas, quien hizo fuertes reclamos por el incremento de feminicidios en la entidad e insistió en atender el problema de la violencia y la inseguridad con una perspectiva de género, considerando que la mujer es el pilar en el núcleo familiar y, por extensión, de toda la sociedad.
En el fondo, y pensando en esta concepción de la violencia y la delincuencia desde la Cuarta Transformación, se partiría de que una de las principales causas es la desigualdad y por ello uno de los pilares de la estrategia nacional de seguridad radicaría en la cobertura universal de los Programas del Bienestar.
Sin embargo, en Zacatecas estos programas no llegan a los que menos tienen y cuando llegan, es ya muy tarde, pues es engorrosa la tramitología (abundan las quejas) y no existe confianza en el proceso.
A ello se suma el hecho de que la nueva gobernanza aplica un veto a las organizaciones de la sociedad civil con algún tufo de las “herencias malditas”, es decir, aquellas que en algún momento recibieron un respaldo público para ponerse en marcha. Pero dicen que “amor con amor se paga”.
Así, múltiples proyectos de prevención del delito que llevaban varios años de implementarse y estaban comenzando a dar los resultados esperados a mediano y largo plazo, se dejaron fuera de las estrategias por las vendettas políticas (y en algunos casos personales) de la nueva gobernanza. Baste ver el caso de la Secretaría de las Mujeres.
Tampoco hay que olvidar el recurso del capítulo 4000 de la Jefatura de Oficina del Gobernador, con tremendo subejercicio que finalmente se distribuyó entre las asociaciones que contaron con menos respaldo en el “quinquenio diferente” o por parte de la senadora Claudia Anaya, excandidata a la gubernatura. Pero sigamos hablando de “herencias malditas”.
Además, otro pilar para abatir las brechas de desigualdad es la generación de empleos y el fortalecimiento de la economía, pero como cabeza de sector tenemos a un Rodrigo Castañeda que vive más del turismo burocrático… perdón, de las “giras de negocios” que ocupado en generar las condiciones para la generación de empleos (formales y bien pagados) y la atracción de inversiones. Ya no hablemos de otros sectores como el campo, el turismo, la minería. Ah, esos cuatro “ejes tractores” que hasta la fecha siguen sin arrancar.
En el fondo, el reconocimiento va para la sociedad civil organizada que, desde su trinchera, con o sin apoyo del gobierno, ha contribuido a la prevención del delito y que con ese objetivo participó en el foro organizado este lunes. Esas sí son “herencias benditas” que trascienden administraciones.
