Apenas el martes se había anunciado la firma de una carta de intención (ojo, apenas es la intención) para invertir unos 40 millones de pesos en la construcción de una comandancia de la Guardia Nacional en un predio de 5 hectáreas donado por el Gobierno del Estado, a un costado del Campus Siglo XXI de la UAZ.
Luego, el gobernador David Monreal partió rumbo a Palacio Nacional junto con la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y dizque evaluar los Programas del Bienestar, además de revisar las acciones y compromisos del Presidente con Zacatecas, como la nómina educativa y los apoyos extraordinarios para infraestructura carretera, sin olvidar el reforzamiento de la seguridad.
Al menos eso fue lo que se informó desde la taquería de Comunicación Social mientras el Infierno se desataba nuevamente en Zacatecas, donde la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz fue muy escueta en la información relativa a hechos delictivos ocurridos este miércoles en municipios como Susticacán, Jerez, Tepetongo y Monte Escobedo, donde la población alertaba sobre enfrentamientos y bloqueos carreteros con vehículos incendiados (y hasta se hablaba de 20 personas sin vida en el último municipio), mientras la Vocería insistía que todo estaba bajo control y no había personas lesionadas.
Atrás, muy atrás, quedó la llamada «Estrategia Estatal de Construcción de Paz, Prevención y Convivencia Ciudadana» que sigue siendo un enigma para la mayoría de los zacatecanos, luego del montaje de un foro realizado en Palacio de Convenciones a inicios de este violento 2023, y que hoy es responsabilidad de la subdirectora de Prevención Social del Delito, Diana Saucedo.
Del actual secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral, ni sus luces, aunque ya es una ventaja que no se distraiga en grabar videomensajes promocionales diciendo que en Zacatecas todo marcha requetebien en materia de seguridad y se concentre más bien en las tareas para las que fue designado.
Sin embargo, a pesar de las cifras alegres de Palacio Nacional y Palacio de Gobierno (y a veces, hasta de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado) sobre la incidencia delictiva en nuestra entidad, la delincuencia no da tregua y los zacatecanos se mantienen en la zozobra.
Algunos pensarán que el secuestro de Pedro Ávila Rodríguez, primo de los Monreal Ávila, habría sido la gota que derramó el vaso en materia de seguridad, pero el hecho no pareció inmutar al gobernador David Monreal, quien ha continuado con su agenda del bienestar sin mayor problema.
Pero la situación parece más alarmante de lo que parece, sobre todo ante el silencio de los 30 diputados de la 64 Legislatura luego de que la madrugada de este miércoles aparecieran pintas a un costado del recinto legislativo, en pleno Centro Histórico de la Capital y a unos metros de una cámara del C5, atribuidas a un grupo de la delincuencia inteligente y bien organizada, pintas que fueron borradas casi casi «de urgente y obvia resolución», como los puntos de acuerdo aprobados en el pleno para exhortar una y otra vez a las autoridades de seguridad a que hagan su chamba.
A qué grado habrá llegado la situación de inseguridad que hasta el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, expresó hace unos días la posibilidad de contratar seguridad personal. Y tampoco es que, después de una reciente gira del gobernador David Monreal, la alcaldesa de Apulco, Yanet Morales, hoy tenga las condiciones para regresar a gobernar desde su municipio.
Por si la tensión no fuera suficiente, hoy revive el conflicto en la comunidad de Bernalejo, en el municipio de Valparaíso, y tanto el alcalde Eleuterio Ramos como diputados locales han advertido sobre la urgencia de establecer una mesa de trabajo con autoridades del estado de Durango y del Gobierno de México para solucionar el conflicto.
Habrá que recordar que hubo un primer llamado en noviembre del año pasado, cuando el diputado migrante José Juan Estrada había presentado a nombre de la bancada del PRI un exhorto al Ejecutivo federal y estatal para intervenir en el conflicto, y aunque en la conferencia semanal de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la diputada Maribel Galván precisó que el tema ya estaba en tribunales agrarios, la verdad es que no se trata de una disputa agraria, pues un grupo reclama la posesión de tierras por derecho ancestral, mientras otro grupo exige hacer valer sus escrituras.
El tema no es cosa menor, considerando que el conflicto pudiera llegar a enfrentamientos armados entre las partes, y más cuando se rumora que los grupos delictivos han atenuado sus actividades en aquella región.
Pero qué se puede esperar de las autoridades cuando no han podido cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Julio César «N», pese a haber tenido todas las condiciones para hacerlo. No cabe duda que la peor promoción para «Zacatecas Deslumbrante» es su propio gobierno. Sea por Dios…
Breves legislativas
A propósito de la conferencia semanal de la JUCOPO, el presidente del órgano de gobierno, el diputado Enrique Laviada, dio a conocer el balance de la «productividad legislativa» que se ha traducido en la aprobación de 311 decretos legislativos, de los cuales 124 corresponden a leyes de ingresos y el paquete económico del estado, además de 74 cuentas públicas y 113 reformas legales en diversas materias.
Sin embargo, recordó que aún quedan pendientes por publicar en el Periódico Oficial unos nueve decretos con reformas a diversos ordenamientos, por lo que hizo un llamado a la Coordinación General Jurídica a hacer lo propio, y ya de paso coadyuvar en la reglamentación de la Ley de Salud Mental del Estado de Zacatecas.
A este balance de la «productividad legislativa» únicamente le hizo falta un informe sobre los descuentos a las dietas de los diputados que no han justificado debidamente sus faltas a las sesiones convocadas por el pleno. ¿O la aplicación del Reglamento es mera pantalla?
Saludo don Heraclio