Picándole a las redes, me encontré con un artículo de Aminetth Sánchez publicado en La-Lista News donde hablaba de que las cárceles en México se han convertido en un epicentro de la violencia sexual infantil.
Para darnos una idea, se estima que hay más de medio millón de menores en contacto con el sistema penitenciario, ya sea porque sus padres están en prisión, porque están en contacto con estos centros de reclusión o porque algunos viven ahí con sus madres.
Y aunque actualmente carecemos de una estadística oficial, gracias al trabajo de la organización Reinserta y algunas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es posible estimar que existen unos 700 mil menores en esta condición en todo el país.
¿En qué situación se encuentra Zacatecas? Nuestro estado se ubica en la posición 12 a nivel nacional con más niños menores de 6 años de edad en centros penitenciarios. Pero la falta de una estadística oficial contribuye no solo a invisibilizar el problema, sino también a la falta de elementos para impulsar políticas públicas que lo atiendan.
Pero no verlo no significa que deje de existir. Tan solo en Zacatecas se ha sabido de las condiciones adversas en las que viven las mujeres privadas de su libertad, pero se sabe únicamente entre pequeños círculos. Sus denuncias no han llegado a oídos de la autoridad o, de haberlo hecho, no han tenido mayores consecuencias.
De primera mano sé de casos de mujeres cuyos hijos fallecieron dentro de estos centros penitenciarios en Zacatecas ante la falta de atención médica, pero no es el único problema que han tenido que enfrentar, pues esta desatención se suma a la falta de alimentos (para madres e hijos), a violencias psicológicas, físicas y sexuales, a muertes por complicaciones en el parto, así como a la violación de sus derechos humanos por parte de las autoridades.
Quizá la diputada local Mónica Borrego recuerda una clausura de cursos en el CERESO femenil de Cieneguillas, hará cosa de unos años. Y aunque sería un “petit comité”, este fue cancelado por motivos que la autoridad no supo explicar.
Fueron las propias internas quienes comentaron que a una de las internas “no se le permitió asistir” a la clausura de cursos porque su hijo había fallecido una noche antes por falta de atención médica. Sobra decir que la propia autoridad había prohibido a las internas asistir a dicha clausura para evitar que “abrieran la boca”.
La situación no es exclusiva de Zacatecas. Los problemas que se viven en estos centros de internamiento se replican en otras cárceles en el país, donde incluso se han documentado casos de abuso sexual contra estos menores, sobre todo en aquellos centros mixtos donde mujeres y hombres llegan a compartir espacios.
En Zacatecas los menores pueden estar con sus madres en los centros de internamiento hasta los 5 años de edad, un periodo que bajo tales condiciones los vuelve aún más vulnerables, quién sabe si aún con la protección de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia o de las instituciones respectivas.
Y no es cosa menor, considerando los recientes hechos de violencia que se han registrado en estos centros penitenciarios. ¿A qué otros riesgos están expuestos los menores que viven en las cárceles?, ¿qué acciones se están emprendiendo desde el estado (y la federación) para proteger a estos menores y resguardar su vida y su integridad?
Interesante sería conocer qué se ha hecho no solo de manera preventiva, sino qué ha encontrado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en sus continuas revisiones a los centros penitenciarios. ¿Ha detectado este tipo de situaciones?, ¿las ha llegado a conocer?, ¿las ignora?, ¿se ha actuado en consecuencia cuando se han encontrado elementos?
Finalmente, ¿qué ha hecho el Estado para garantizar la protección de los menores que viven en estas circunstancias?
