Pues que las comisiones de Vigilancia y de Presupuesto y Cuenta Pública encontraron sendas observaciones en la Cuenta Pública 2018 del Gobierno del Estado. Y aunque fueron muchísimas las acciones a promover, destacan las observaciones que presuntamente implican un daño patrimonial por casi 114 millones de pesos. ¡UN-DES-FAL-CO!
De acuerdo con el dictamen, se instruye a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que a través del Unidad Administrativa de Investigación concluya con la integración de 52 expedientes de investigación, derivado de la fiscalización y el proceso de solventación, para que se integre en su totalidad la indagatoria y en su momento se elabore el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
Y aunque el monto derivado de estos expedientes implica 113 millones 894 mil 429.28 pesos, aún está sujeto a cambios, según lo que resulte de las investigaciones de la Auditoría.
Además, en el dictamen se instruye a la ASE para que se establezcan medidas preventivas y sistemas de control y supervisión eficaces en el Gobierno del Estado, a fin de que “los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
¿Dónde cojean más?
Como parte del dictamen, resulta que las dependencias que acumulan los mayores montos observados no son ni el Sistema Estatal DIF, ni la Secretaría de Desarrollo Social, ni la Secretaría de Administración, que es donde muchos pensarían que habría desfalco, aunque no estuvieron exentas de observaciones.
De esos casi 114 millones de pesos observados como presunto daño patrimonial, a la cabeza se encuentra la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT) que dirige Lupita López Marchán, con un monto de 42 millones 983 mil 361.56 pesos. Le sigue la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC), que en este caso correspondería a la gestión de Gema Mercado Sánchez, por 34 millones 550 mil 791.72 pesos.
En tercer lugar se encuentra la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), ya bajo la dirección de Luis Fernando Maldonado, por un monto de 21 millones 575 mil 384.55 pesos; seguido por la Secretaría de Economía encabezada por Carlos Bárcena Pous, por 7 millones 457 mil 817.06 pesos.
En quinto lugar, ya con cantidades menores, se ubica la Secretaría del Campo (SECAMPO), bajo la gestión de Fito Bonilla, por 3 millones 628 mil 196 pesos; seguido por la Secretaría de Obras Públicas, encabezada por Jorge Luis Pedroza, por 2 millones 186 mil 624.21 pesos. O sea que todavía falta tiempo para conocer el dictamen definitivo y en qué medida hubo daño al erario.
Al tiro con la chamba
Donde no se duermen en sus laureles es en el Poder Judicial de Zacatecas porque el mandamás, el magistrado don Arturo Nahle, asegura que la justicia no descansa y aunque la pandemia haya limitado la capacidad operativa, la chamba debe seguir adelante, pues por algo se cuenta con herramientas tecnológicas para mantener el ritmo sin exponer la salud de los trabajadores, jueces y magistrados.
Tan es así que actualmente se lleva una capacitación a través de videoconferencias sobre técnicas y destrezas de mediación y conciliación, impartida por el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial y dirigida al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) que encabeza la ombudsperson María de la Luz Domínguez Campos.
Esta capacitación recién comenzó y se estará realizando todos los lunes de manera virtual, con una duración de 40 horas, como una alternativa para continuar con el trabajo respetando las medidas sanitarias ante la contingencia por el COVID-19, además de facilitar herramientas al personal de Derechos Humanos al momento de mediar y conciliar en la solución de conflictos.
También se espera que esta semana concluya la evaluación de los aspirantes a integrarse a los juzgados en materia laboral en Zacatecas y Fresnillo, a fin de dar a conocer la próximas semana a quienes formarán parte de la familia del Poder Judicial con la implementación del nuevo sistema de Justicia Laboral a partir de noviembre. ¡Pura talacha!
¡Son rumores! ¡Son rumores!
Juuuran que la mega alianza opositora, TUCOM, TUMOR o como le quieran llamar se vino al traste este martes por la noche, dizque porque no había condiciones y que Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, se había subido a su ladrillo luego de los resultados obtenidos en las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila, donde solitos se la fletaron y solitos demostraron que el tricolor no ha muerto.
Pero como dice la canción, son rumores, chismes, líos, mitotes y enredos de gente sin quehacer, porque la mera verdad no se podría negociar ni siquiera una alianza hasta que haya la definición de un candidato y todo indica que eso ocurrirá este miércoles en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional, donde se reunirán los cuatro aspirantes: Claudia Anaya, Fito Bonilla, Roberto Luévano y Carlos Peña.
La idea es llegar a un candidato de unidad (nomás que aquí sí van en serio, no como en el PT con empates técnicos) y a partir de ahí, sentarse con las dirigencias nacionales del PAN y el PRD y hasta otros partidos que pudieran coincidir para analizar los escenarios y la posibilidad de concretar la tan sonada mega alianza opositora.
La verdad es que lo ocurrido en Hidalgo y Coahuila fue bien capitalizado por el PRI, que demostró músculo y unidad (pese a tener menos votos que en elecciones anteriores), mientras del otro lado MORENA y sus cuadros se veían moralmente derrotados (como decían de la oposición), acusándose entre ellos mismos de la paliza. Esperemos por lo pronto humo blanco en el PRI.