La rebelión de Zacatecas contra Palacio Nacional

Como se había previsto, la reunión convocada para el pasado viernes por la senadora Soledad Luévano para integrar un frente común en defensa del presupuesto para Zacatecas fue desairada por legisladores federales de oposición, pero también entre sus colegas de la 4T.

A la convocatoria de “la rebelión por un presupuesto justo” solo acudieron los diputados federales Benelly Hernánez, Miguel Varela, Carlos Puente, Marco Flores y Alfredo Femat, este último quizás el único de ese grupo que tenga experiencia en gestionar ante la Federación.

Supuestamente también habrían expresado su respaldo el senador Ricardo Monreal, y los diputados federales Jorge Álvarez Máynez y Amalia García, quienes no estuvieron en la reunión, en la cual se habría acordado dar prioridad al “diálogo” con la SEP, Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considerando los recortes en el FONE y que Zacatecas no tiene presupuesto etiquetado para conservación y mantenimiento de carreteras, y mucho menos para la conclusión de la autopista Zacatecas-Aguascalientes.

Y si por la buena no funciona, por la mala amenazan con una “resistencia civil pacífica” y tomar casetas, las oficinas del SAT y harán llamados a no pagar la luz, como en Tabasco…

Ahora se entiende por qué la desairaron legisladores de oposición, quienes este lunes ofrecerán una rueda de prensa para informar otra alternativa para jalar recursos para Zacatecas. ¿Divididos vencerán?

Soledad y sus cifras alegres

A la senadora Soledad Luévano le urge cambiar de asesores, empezando por el hermano del diputado local Ernesto González Romo, quien también fuera su asesor.

Y es que con información sacada de sabe dónde, pero con logo de la nueva gobernanza, reclamó que el nuevo gobierno recibió pasivos por 1 mil 600 millones de pesos, entre nómina, deudas a proveedores y adeudos con la Secretaría de Hacienda, esa que se cobra a lo chino tomando el dinero de las participaciones federales.

Hasta se atrevió a decir en sus redes sociales que “el nuevo Gobierno no le ha pagado a los maestros porque no alcanza y según las corridas financieras de la Secretaría de Finanzas esto no se resolverá pronto. La siguiente quincena es posible que no reciban pago los trabajadores del Gobierno del Estado, que los maestros se queden sin su segunda quincena consecutiva y que paulatinamente se vayan quedando sin su pago los trabajadores de los otros poderes del Estado”.

Pero el drama es poco en comparación con lo que muestra el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda, donde se reporta que al cierre del segundo trimestre, cuando todavía estaba en turno la administración de Alejandro Tello, se tenían pasivos por más de 2 mil 342 millones de pesos en el corto plazo, más el servicio de la deuda pública, haga cuentas…

Y al parecer hubo una omisión de pagos durante el segundo trimestre, justo en periodo de campañas electorales. Es un vacío que pudo derivar en la crisis financiera que hoy atraviesa Zacatecas y cuyo responsable directo es el recién ratificado como secretario de Finanzas, Ricardo Olivares. ¿Cuotas?

Jorge Miranda y el pacto por la impunidad

Cuando dicen que el gran lastre para el desarrollo de Zacatecas es la megadeuda heredada, en gran parte tienen razón, pero hay muchas manos responsables, incluyendo a quienes hoy forman parte de la nueva gobernanza.

Cuando se aprobó el refinanciamiento de la deuda pública, nadie dijo nada sobre las “letras chiquitas” en el contrato con Banorte, el mismo que fue firmado por Jorge Miranda Castro cuando se desempeñaba como secretario de Finanzas.

Resulta que entre las cláusulas se establecía la obligatoriedad de afectar el derecho a los ingresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, como garantía para el banco en caso de incumplir con la amortización mensual a la que estaba obligado el Gobierno del Estado.

Los recursos para el pago del servicio de la deuda debían estar disponibles en el Fondo de Reserva del Fideicomiso 1121, pero algo pasó en el segundo trimestre de este año que dichos recursos “desaparecieron”. El problema es que sobre este vacío ahora pesa la sospecha sobre su desvío para fines electorales. ¿En beneficio de quién? Habrá que preguntarle al hoy secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, el mismo que se presume representa una “cuota” a cambio de impunidad.

No es gratuito que el alcalde de la Capital hoy goce de fuero. Tampoco que el exgobernador Alejandro Tello haya salido del país para residir en California, en una de las zonas más caras de Estados Unidos. ¿Qué tendrá qué decir la nueva gobernanza sobre estas omisiones? Lo dijo el gobernador David Monreal en su toma de posesión: “los actos de corrupción que sucedieron en los últimos años no quedarán impunes”.

Un festejo muy mosqueado

¿Festejo en grande y muy VIP? Tal vez solo lo primero, pues el festejo por el cumpleaños de Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, no tuvo la convocatoria de otros años, y eso que asistió su amigo personal el gobernador David Monreal Ávila.

Cierto es que asistieron algunos políticos, empresarios y representantes de medios de comunicación, pero los asistentes estuvieron muy lejos de tener el peso de los invitados en festejos anteriores.

La cortesía del gobernador no fue para menos. No podía negar una atención a quien respaldó su proyecto, pero tal parece que en la nueva gobernanza ha triunfado la mano de la súperdelegada Verónica Díaz Robles, quien ha agandallado con su equipo buena parte de las posiciones.

El premio mayor será la Secretaría General de Gobierno, esa donde muchos colocan a la funcionaria federal o a su pupilo, el alcalde reelecto de Guadalupe, Julio César Chávez. Del equipo de Norma Julieta del Río, mucho se comentó la posibilidad de nomrbar a Lolis Cerna. Pero hay otro nombre en discordia: Julia Olguín, esa “cuota” que empieza a impulsar el senador Ricardo Monreal.

En el fondo, esta demora en terminar de integrar un gabinete solo demuestra ingobernabilidad de la, paradójicamente, nueva gobernanza. Eso de que todo está fríamente calculado son meros chismes de barrio. Para impulsar una reforma sobre la administración pública, ni siquiera tiene las manos necesarias para operarla en la Legislatura, mucho menos los recursos para solventar el impacto presupuestal que eso representaría. ¿Ya nos podemos preocupar?

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