Cansados de no obtener respuesta de la nueva gobernanza, un grupo de familias desplazadas por la violencia originarias de los municipios de Tepetongo y Jerez acudieron a la Ciudad de México en busca de una mesa de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, senadores y diputados federales para encontrar solución al problema que viven en al menos 18 comunidades del estado de Zacatecas.
Desde temprana hora se apostaron a las afueras de Palacio Nacional buscando el encuentro con el Presidente, pero no tuvieron éxito. Por el contrario, fueron recibidos por Fernando Luna, del área de Atención Ciudadana, quien les dijo que “el acuerdo es que se regresen a ver a la delegada de Gobernación”.
Los representantes de los desplazados y sus acompañantes, incluyendo a los diputados federales Miguel Torres, Miguel Ángel Varela y Nohemí Luna, quizá entendieron que debían tocar las puertas primero en Zacatecas con la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, pues su respuesta fue: “con todo respeto, no tenemos que platicar con ella porque no hay ese nivel de respuesta (…) Nosotros no queremos que nos ande dando dádivas, nosotros lo que buscamos es seguridad para volver a trabajar nuestras tierras”.
Sin embargo, todo indica que Fernando Luna se refería a quien desde el 20 de febrero del 2020 ocupa la Oficina de Representación de la Secretaría de Gobernación en Zacatecas, Martina Rodríguez García., quien desde entonces ha cobrado un sueldo mensual neto de 61 mil 432.06 pesos y apenas en diciembre pasado se llevó un jugoso aguinaldo de casi 112 mil pesos.
Pero nadie sabe de su labor, nadie conoce sus funciones, nadie ubica siquiera dónde está la nueva ubicación de la Oficina de Representación. Lo único que se conoce es que cobra puntualmente su salario, según consta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y que semana a semana se reúne con quien fuera candidata a diputada federal por el Distrito 4 del extinto Fuerza por México, Olga Vázquez Esparza.
Ambas han acompañado al monrealismo desde hace más de una década e incluso respaldaron la postulación de David Monreal como candidato a la gubernatura en 2016.
El hecho de que desde la Federación se “desentiendan” del problema de violencia e inseguridad que vive Zacatecas, al regresar a las víctimas a buscar solución en el estado, tampoco es algo gratuito.
Desde junio del año pasado, concluido el proceso electoral 2020-2021, fueron evidentes las señales de distanciamiento del de Palacio Nacional con el senador zacatecano Ricardo Monreal. Y desde entonces, tanto el fresnillense como el tabasqueño se han empeñado en llevarse la contra el uno al otro, echándose la bolita para deslindarse de responsabilidades mayúsculas.
Así pasó recientemente con la exigencia de destituir al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se lavó las manos argumentando que el Senado únicamente ratifica el nombramiento, pero corresponde al Ejecutivo federal su destitución, mientras en Palacio Nacional dejan el tema en manos del Legislativo.
Lo que ocurre en Zacatecas solo es consecuencia de la cada vez más evidente división entre Ricardo Monreal (y el monrealismo, por extensión) y el presidente Andrés Manuel López Obrador. En consecuencia, atender el tema de violencia e inseguridad que se vive en el estado desde hace tiempo ha pasado al terreno de lo político.
Y sí: hay quien hoy lucra con el dolor de los zacatecanos por una aspiración política. Si no, recuérdese todas las veces que el gobernador David Monreal ha pretendido enviar por delante a los zacatecanos a “gestionar” a la Ciudad de México la solución para los problemas del estado que él mismo se niega a asumir y enfrentar, evadiendo por completo su responsabilidad como jefe del Ejecutivo.
Mientras en Zacatecas claman por la intervención de la federación para recuperar la paz y la tranquilidad en las comunidades (pese al cacareado Plan Zacatecas II), hoy cada vez más desoladas, en Palacio Nacional señalan que el problema es del gobernador David Monreal, quien como presidente de la Mesa de Construcción de Paz no ha dado la instrucción para que puedan intervenir las fuerzas militares y de la Guardia Nacional. ¿Se entiende ya cómo se echan la bolita uno y otro?
Pero en este teléfono descompuesto, donde Martina Rodríguez ha nadado “de a muertito” y sin hacer olas, evadiendo su responsabilidad como representante de la Secretaría de Gobernación (y sus responsabilidades se establecen en el Artículo 22 del Reglamento Interior de la SEGOB), los desplazados de las comunidades zacatecanas hoy exigen un juicio político contra David Monreal e incluso la posibilidad de que el Congreso de la Unión proceda a la desaparición de poderes en Zacatecas ante la ingobernabilidad y la ausencia del Estado.
Lo único cierto es que ni en Zacatecas ni en la Federación las familias desplazadas han podido encontrar una solución ante la violencia e inseguridad que viven en sus comunidades, y las palabras de Yolanda Ahumado, una de las afectadas que acudió a la Ciudad de México, parecen resumir la situación: “No vamos a recuperar a nuestros muertos, pero queremos recuperar nuestras vidas”.
Les quedó “bonita” la cortina de humo sobre el concierto de Ricky Martin, ¿verdad?
