Pese a todos los esfuerzos del diputado Ernesto González Romo por sepultar las herramientas legislativas, esas que “desaparecieron” como tales desde la 62 Legislatura (y que luego se disfrazaron como “servicios legislativos”), parece que estas regresarán y cada legislador podría disponer de hasta 200 mil pesos mensuales para ayudas sociales.
Se trata de una reforma al artículo 65 de la Constitución Política del Estado, propuesta por el diputado Xerardo Ramírez y aprobada el pasado 14 de diciembre, que requería mayoría calificada de dos terceras partes de los Cabildos en los municipios.
Y según el cómputo leído este martes en sesión ordinaria, se consideraría que 48 ayuntamientos se habrían pronunciado a favor de la minuta, aunque no fue precisamente en esos términos.
En total siete ayuntamientos habrían rechazado en tiempo y forma la minuta, ocho la aprobaron dentro del plazo establecido de 30 días naturales, 22 no se pronunciaron (y se consideraron en sentido positivo por afirmativa ficta), 18 se pronunciaron de forma extemporánea (y se consideraron a favor por afirmativa ficta), más tres con casos especiales.
La cosa queda más o menos así:
- Votaron a favor y en tiempo: Apozol, Apulco, Genaro Codina, Luis Moya, Mezquital del Oro, Monte Escobedo, Tepechitlán y Villanueva.
- Votaron en contra y en tiempo: General Enrique Estrada, Jalpa, Jerez, Loreto, Mazapil, Noria de Ángeles y Zacatecas.
- Sin pronunciamiento: Benito Juárez, Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Chalchihuites, Gral. Francisco R. Murguía, Huanusco, Jiménez del Teul, Juan Aldama, Miguel Auza, Momax, Pánuco, Pinos, Río Grande, Tlaltenango, Trinidad García de la Cadena, Trancoso, Vetagrande, Villa de Cos, Villa García, Villa González Ortega y Villa Hidalgo.
- Se pronunciaron de forma extemporánea: Atolinga, Calera, Cuauhtémoc, Fresnillo, Guadalupe, Juchipila, Morelos, Moyahua, Nochistlán, Ojocaliente, Saín Alto, Santa María de la Paz, Sombrerete, Susticacán, Tabasco, Tepetongo y Teúl de González Ortega.
- En el caso de El Salvador y Melchor Ocampo, ambos Cabildos no recibieron la minuta, por lo que fue devuelta a la Legislatura por el Servicio Postal Mexicano. Sin embargo El Salvador sí remitió su acta de Cabildo donde rechaza el contenido de la minuta.
- En el caso de El Plateado de Joaquín Amaro, el Servicio Postal Mexicano no ha entregado acuse de recibo.
Finalmente el resultado no satisfizo al diputado Ernesto González Romo, quien (sin lograrlo) insistió en que el punto fuera retirado del orden del día en la sesión de este martes.
Por si fuera poco, amenazó con recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa para interponer un juicio de nulidad y, en última instancia, que el gobernador David Monreal vete la publicación de la reforma en el Periódico Oficial, como si algo faltara para aumentar las fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Entre “sicarios de la noticia” y violencia política
Vaya rispidez se generó durante la sesión ordinaria de la 64 Legislatura por dos puntos relacionados entre sí: la querella interpuesta por la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, en contra de un medio de comunicación y diversos periodistas y un punto de acuerdo para llamar la atención a Hermelio Camarillo, director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, por un mensaje donde criminaliza a la prensa.
Como parte del orden del día, el diputado Enrique Laviada presentó el punto de acuerdo para exhortar al director del SIZART a “conducirse con institucionalidad” y evitar “promover la descalificación de quienes tienen opiniones distintas a las del gobierno”.
Como se recordará, tras hacerse pública la querella interpuesta por Verónica Díaz, el director del SIZART publicó en sus redes sociales un mensaje de solidaridad con la delegada en el que también calificó al periodismo como “sicarios de la noticia”.
Al respecto, Laviada Cirerol no dejó pasar la oportunidad para señalar que “a la llegada del nuevo gobierno, el sentido del medio de comunicación del estado padece un desmantelamiento y se ha convertido en un monólogo del Ejecutivo, convirtiendo a los espacios públicos en medios de propaganda oficialistas”.
Y aseguró que “hay contenidos que responden a un mensaje excluyente, y responden a las directrices de Verónica Díaz Robles, un nombre que aparece de manera cada vez más recurrente en las decisiones del gobierno”.
Por ello calificó como un error que se enfrente al actual gobierno con los medios de comunicación, en referencia a la querella mencionada, y lamentó que la Fiscalía “se preste a estas denuncias para limitar el derecho de prensa”, además de insistir que “el peor enemigo del actual gobierno es Verónica Díaz Robles”.
Aunque la iniciativa no solicitaba que fuera considerada de urgente y obvia resolución, se puso a consideración del pleno, y evidentemente la bancada oficial lo rechazó, por lo que no se reunió la mayoría calificada y se turnó a comisiones.
Sin embargo, en asuntos generales, la diputada Violeta Cerrillo emitió un pronunciamiento “de solidaridad” con la delegada y acusó a medios de comunicación de “excusarse en la libertad de expresión para continuar con discursos de odio y violencia política de género”.
Durante su exposición, la diputada de MORENA se refirió a conductas y hechos que no constan en la querella, además de citar nombres que tampoco se plasman en el documento, para finalmente señalar que las medidas de protección dictadas por la Fiscalía responden a la violencia política en razón de género de la cual ha sido víctima la delegada.
Solo que las medidas que acordó la Fiscalía se derivan de “la violencia física y psicológica que recibió” la delegada, pues la querella aún está en proceso de investigación y no se ha determinado si existió o no violencia política de género.
Finalmente, la diputada de MORENA expresó que “las medidas cautelares en ningún momento restringen la labor periodística, únicamente prohíben el discurso de odio hacia la mujer”, aunque en el acuerdo de la Fiscalía (y en el Código Penal) se establece la “prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos” y como se desconoce si a la delegada le molesta el aplauso o la crítica fundada y motivada, pues…
Como era de esperarse, el pronunciamiento de la diputada Violeta Cerrillo tuvo el respaldo de la bancada oficial, especialmente de los diputados Maribel Galván, Zulema Santacruz, Armando Delgadillo, Roxana Muñoz, Analí Infante y Georgia Fernanda Miranda.
Pero el sentido del pronunciamiento no fue compartido por diputadas como Karla Valdez, Priscila Benítez, Susana Barragán e Imelda Mauricio, quienes llamaron a evitar la “doble moral”, tras recordar que han sido víctimas de violencia política de género (y otro tipo de violencias, incluso de sus homólogas) dentro y fuera de la Legislatura y la bancada oficial nunca se pronunció al respecto.
Va quedando claro cómo hay quien utiliza la violencia política de género con fines políticos, ¿o no?
¿Hackearon a la SEP?
A través de dos tweets, desde la cuenta oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se anunció este martes que “la Federación asume el control de la nómina de educación de los estados y apoya su financiamiento, liberando a las entidades de una presión de gasto y dando certeza al pago de los sueldos de maestras, maestros y personal administrativo. Se reconoce el papel fundamental del magisterio en el #SistemaEducativoNacional y en el Proceso de Transformación Social con la basificación de 500 mil docentes, el doble que en todo el sexenio anterior. Al final de 2022 obtendrán su plaza de base 135 mil trabajadores más”.
Sin embargo, ya cuando la vocería oficial había celebrado que todo era resultado de las gestiones del gobernador David Monreal, la SEP eliminó el primer tweet donde se refería a la federalización de la nómina magisterial, lo que dejó mucho a la especulación.
Si fue un “error”, tardaron en enmendarlo (especialmente porque solo se eliminó la mitad del mensaje y la otra mitad permanece en sus redes sociales, sin mayores detalles); pero si es algo cierto, da mucho qué pensar el anuncio en medio de un proceso electoral.
Y hay quien piensa que la medida podría servir como plataforma a la titular de la SEP, Delfina Gómez, como plataforma de financiamiento para su campaña a la gubernatura del Estado de México, con eso de las “aportaciones voluntarias”…
50 denuncias penales
Este martes, la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) más de 50 denuncias penales por asignación de plazas de manera irregular, contrataciones indebidas, abuso de funciones, aviadores, falta de documentación comprobatoria, mal uso de combustible, entre otros. Y la Fiscalía se encargará de individualizar a los posibles infractores.
Y ya, es todo lo que había que informar, pese a la convocatoria para hacer un show mediático.
