Al menos 45 municipios firmaron un convenio con la nueva gobernanza para la inversión conjunta de más de 150 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social (FISE) 2022, enfocados en atender las carencias de calidad y espacios de vivienda en comunidades de alta y muy alta marginación.
Los únicos municipios que no firmaron el citado convenio fueron Apozol, Apulco, Cañitas de Felipe Pescador, Trinidad García de la Cadena, Jerez, Mezquital del Oro, Momax, Morelos, Tlaltenango, Vetagrande y Villa de Cos. Regiones que cuentan con comunidades de alta y muy alta marginación.
Se trata de un programa de vivienda similar al que desde el 2017 ya presentaba irregularidades al amparo de Ismael Solís Mares, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), hoy encabezada por Laura Elvia Bermúdez.
Como se recordará, en el dictamen de la Cuenta Pública 2018 se resolvía la integración de 11 expedientes de investigación, en el caso de la SEDUVOT, derivados de siete Pliegos de Observaciones por un presunto daño patrimonial de 42 millones 983 mil 361.56 pesos, de los cuales 40 millones 331 mil 43.91 pesos correspondían al citado programa de Apoyo a la Vivienda.
Pero sería hasta el 2019, en el transcurso del proceso de solventación de las observaciones de la ASE, cuando la entonces titular de la SEDUVOT, María Guadalupe López Marchant, interpuso al menos siete denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) en contra de Ismael Solís Mares y varias personas físicas y morales involucradas en el probable daño patrimonial derivado de este programa de Apoyo a la Vivienda.
La inexistencia de actas de entrega recepción o la falta de firmas de los beneficiarios, cambio de beneficiarios sin expediente, obras no realizadas o que no habían concluido en los plazos establecidos en los contratos, entre otras, fueron algunas de las irregularidades que motivaron las observaciones de la ASE y que motivaron la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía.
Sin embargo, la FGJEZ no dio cauce a las denuncias y no se integraron las carpetas de investigación para ser judicializados los casos, por lo que nunca procedieron.
Pero el problema va más allá, pues entre las personas físicas y morales que participaron en la ejecución del programa hubo quienes presentaron evidencias falsas para comprobar el cumplimiento de contratos y hasta la fecha siguen operando en la impunidad.
Es el caso de Constructora Zuar SA de CV, representada legalmente por Alma Alicia Adame Dávila (y una de las contratadas en el citado programa), y Constructora Aler SA de CV, representada por Carlos Roberto González Ortiz. Ambas empresas son prestanombres de Pascual González Ramírez, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Zacatecas y que también formaba parte de la misma Cámara cuando se celebraron estos contratos en el 2017.
También formaron parte del anterior consejo de la CMIC Zacatecas los constructores Luis Marcelo Delgado Ayala y Germán Refugio Correa Reyes, ambos beneficiados con contratos del citado programa en el 2017.
Llama la atención el caso de Karina García de la Torre, quien fue contratada para el mismo programa con obra en el municipio de Jerez, y quien desde el 2019 forma parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción.
Hoy, con la firma de un convenio para impulsar un programa de vivienda nuevamente desde la SEDUVOT, permanece la desconfianza debido a que los presuntos desfalcos nunca fueron sancionados.
Y desde la Secretaría de la Función Pública no parecen tener intenciones de colocar candados al programa que ejecutaría la Subsecretaría de Vivienda de la SEDUVOT, hoy encabezada por Néstor Santacruz, el mismo que se vio envuelto en una polémica hace un par de semanas al ser acusado por Nicolás Castañeda, dirigente del PES Zacatecas, de calumnia y difamación al difundir un video en una página anónima en el que se le acusa de abuso sexual.
Con estos antecedentes, Santacruz Márquez hoy será el responsable de ejecutar esos más de 150 millones de pesos que este miércoles firmaron 48 Ayuntamientos con el estado. ¿Hay motivos para desconfiar?
Los 60 millones del SIZART
Después de afirmar que el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART) no tenía presupuesto (es un decir), este lunes el gobernador David Monreal anunció que destinaría unos 60 millones de pesos al sistema de radio y televisión público para “actualización tecnológica”.
Eso significaría que el SIZART dispondría de más de 94 millones de pesos, un presupuesto superior al asignado a otras dependencias y organismos como el Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Coordinación Estatal de Planeación, la Coordinación General Jurídica, la Secretaría de Turismo, la Secretaría del Zacatecano Migrante, la Secretaría de las Mujeres, el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT) o el Instituto de la Juventud.
Queda claro que en el estado del “no hay, no hay, no hay”, la prioridad de la nueva gobernanza es la percepción en la imagen pública a través de un sistema público de radio y televisión, y no las políticas públicas que atiendan las necesidades de la población.
Sin embargo, esos 60 millones de pesos para “actualización tecnológica” también hacen pensar en otro esquema de presunta corrupción como el que se presentó en el 2020 en el Ayuntamiento de Guadalupe.
No son pocas las denuncias ciudadanas donde se señalaba al entonces contralor, Julio César Nava de la Riva, como cómplice de diversas irregularidades en la administración de Julio César Chávez Padilla, y donde se acusaba que al parecer los recursos correspondientes al proyecto Guadalupe TV en realidad se desviaron al proyecto del contralor denominado Radio TV Cosas Buenas.
Baste señalar que en el primer trimestre de este 2020 se destinaron 346 mil 9.72 pesos para la adquisición de diferentes insumos y materiales que, en teoría, serían para el proyecto Guadalupe TV, pero estos nunca llegaron a las áreas que se beneficiarían con el proyecto.
No obstante, en las adquisiciones se advertían algunas irregularidades, pues todas fueron realizadas con la empresa Grupo Consultor Yáñez S.A. de C.V., representada por José Carlos Yáñez Lozano y dedicada al giro de la construcción y a la comercialización de equipos eléctricos, maquinaria y refacciones, aunque la adquisición no consta en los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a la contratación de obras, bienes y servicios del primer semestre del 2020.
Además, en algunos casos había evidente sobreprecio, como una MacBook Pro 13″ adquirida en 55 mil 999 pesos cuando su precio en el mercado, para febrero del año en que fue adquirida, oscilaba en 25 mil pesos. Mismo caso que la adquisición de una cámara Canon XA11 cuyo precio en el mercado no superaba los 40 mil pesos y sin embargo fue adquirida en 75 mil 477.72 pesos.
Este esquema de inflar costos y la sospecha de que las adquisiciones se realizaron para beneficiar a un particular hoy se podría replicar en el SIZART si la Función Pública no mantiene controles en la vigilancia sobre la aplicación del recurso público, a menos que sea muy laxa en eso de la prevención de posibles actos de corrupción.
