En medio de un crecimiento inflacionario y un estancamiento de la economía, un grupo de transportistas ofreció una rueda de prensa para anunciar que solicitarán a la nueva gobernanza les autorice un incremento de 3 a 5 pesos en el pasaje de transporte urbano.
Y es que, según dijeron, desde el 2018 que la tarifa se incrementó a 8.50 pesos no ha habido incrementos, a pesar de que sí han aumentado los costos de la gasolina, refacciones y el servicio para las unidades de transporte.
Solo que en cada ocasión que se autoriza un incremento a las tarifas viene la promesa de renovar los camiones y mantenerlos en condiciones dignas, además de la bonita utopía de ofrecer una mejor atención y servicio a los usuarios.
En este caso, con el incremento propuesto, la tarifa de transporte urbano pasaría de 8.50 a entre 11.50 y 13.50 pesos. Eso significaría que una persona que el pasaje redondo llegaría a los 27 pesos. Pero si el usuario requiere de dos transportes para sus traslados al trabajo o la escuela, diariamente estaría gastando unos 54 pesos. Y si viaja con una o más personas, ahí se le irá prácticamente un salario mínimo al día en puro transporte.
Tal vez considerando estos factores ayer mismo la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, se adelantó a anunciar que ese incremento era imposible, que definitivamente no procedería porque no hay condiciones y además implicaría un severo impacto a la economía de las familias.
Por supuesto, ese pequeño grupo de transportistas (que no representan a todo el gremio) no se quedarán de brazos cruzados, pues todo indica que su consigna es diferente.
Al parecer, detrás de la gran idea de este incremento se encontraría un tal Bernardino Campos García, quien en marzo pasado fue electo por los propios transportistas (¿de qué grupo?) como nuevo Subsecretario de Transporte Público, pero que al mismo tiempo es concesionario de transporte. ¿Conflicto de intereses?
En el fondo, se rumora que este anuncio de un posible incremento en la tarifa del transporte público vendría a preparar el terreno para deslegitimar a transportistas frente al Platabús, el cual arrancaría con una tarifa de 7.50 pesos en una competencia desleal para decenas de concesionarios.
Sin embargo, el asunto va más allá. Como se recordará, el propio gobernador David Monreal anunció que se habría obtenido una gestión de 6 mil millones de pesos para el proyecto del Platabús, que ahora incluye un “segundo piso” en la principal arteria de la zona conurbada.
Solo que el anuncio ha generado especulación debido a que originalmente el proyecto se habría estimado en unos mil millones de pesos en el sexenio de Amalia García Medina y en 2.6 mil millones de pesos en el quinquenio de Alejandro Tello, pese a que en este último caso ya no se contemplaba la construcción del “segundo piso”.
El problema es que, desde sus inicios, el proyecto no se pudo llevar a cabo por recomendación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) ante la posibilidad de que Zacatecas perdiera su denominación como “Patrimonio Mundial” con la construcción del “segundo piso” y de ello dio cuenta en su momento quien hoy se ostenta como coordinador de Comunicación Social, Gerardo Flores López.
Con estos anuncios hechos a la ligera, habrá qué ver cómo le va a la nueva gobernanza en las mesas de diálogo con quienes en su momento se opusieron al proyecto, entre transportistas, comerciantes, asociaciones civiles y demás gremios afectados.
Finalmente, ¿es más urgente la construcción de un “segundo piso” o la rehabilitación integral de las bóvedas debajo del Centro Histórico de la Capital que están a punto del colapso? Así las prioridades de la nueva gobernanza.
La sesión de los berrinches
Muy bajo ha caído el nivel en el Poder Legislativo cuando diputados del bloque oficial hacen vacío en el pleno por meros berrinches de secundaria.
Y es que este miércoles, en la sesión ordinaria de la 64 Legislatura, estuvieron ausentes 14 diputados (11 del bloque oficial), aunque en galerías se encontraba el diputado Ernesto González Romo haciéndola de guía de turistas y cuya sola presencia valió para las votaciones como “abstención”.
A esta sesión únicamente acudió la diputada Priscila Benítez por parte de Nueva Alianza (quien todo votó en abstención) y gracias a ella se pudo reunir el quórum legal para sesionar, ya que con ella apenas se llegaba a los 16 diputados presentes.
En el fondo, la ausencia de los diputados del bloque oficial (Maribel Galván, Ernesto González Romo, Armando Delgadillo, Roxana Muñoz, Analí Infante, Violeta Cerrillo, Nieves Medellín, Sergio Ortega, José Luis Figueroa, Georgia Fernanda Miranda y Zulema Santacruz) pretendía hacerle vacío al diputado Enrique Laviada como presidente de la Mesa Directiva.
En su revanchismo político, caen una y otra vez en berrinches infantiles porque no perdonan su cambio de bancada desde el inicio de la 64 Legislatura, y por el mismo camino han pretendido repetir sus vendettas con otros diputados que no se someten a esas manos externas que quieren mover los hilos dentro del Poder Legislativo.
De hecho, en la sesión de este miércoles se esperaba que la bancada oficial presentara un punto de acuerdo para remover a Laviada Cirerol de la presidencia de la Mesa Directiva, con eso de que el argumento de revivir las “herramientas legislativas” ya está desgastado y no tiene mayor sustento.
Y dicha propuesta, al parecer, ya llevaría el respaldo de Imelda Mauricio y Susana Barragán de Nueva Alianza, quienes olvidan que cualquier cosa que haya prometido la nueva gobernanza a cambio, no les cumplirán. ¿O acaso el gobernador David Monreal (o las manos externas metidas en la Legislatura) han tenido palabra de honor?
Finalmente, las dos sesiones realizadas este miércoles fueron más un monólogo de lugares comunes en contra del bloque oficial y la nueva gobernanza, y aunque a muchos no guste, faltó la respuesta de las bancadas de MORENA, PES y el Partido Verde. Al menos para darle sazón.
