Ha quedado claro por qué el diputado Ernesto González Romo ha sido tan insistente en que los puntos de acuerdo para hacer exhortos son “llamados a misa” que no tendrán respuesta del Ejecutivo.
El primer ejemplo lo dio cuando entregó al gobernador David Monreal una solicitud firmada, dice, por 15 diputados para recurrir al veto de la publicación del decreto correspondiente mediante el cual se pretendían revivir las llamadas “herramientas legislativas”.
El segundo ejemplo lo dio esta semana el diputado Armando Delgadillo, quien mostró una carta-petición (ni siquiera un oficio con las formalidades correspondientes) enviado al secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, el pasado 28 de abril para solicitar la “inmediata retención de las participaciones y ministraciones” a la 64 Legislatura.
El motivo: que se pretendía “suplantar y/o usurpar” la presidencia del órgano de Administración y Finanzas (antes Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas) y ante la posibilidad de que se hiciera un mal manejo de los recursos.
La carta-petición la realizó un día antes de que el pleno decidiera por mayoría otorgarle la presidencia del órgano a la diputada Priscila Benítez como había sido el compromiso al iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones, compromiso que la bancada oficial (a la que entonces pertenecía la legisladora) no cumplió, violando el principio de alternancia y paridad que hoy reclaman.
Pero ambos documentos enviados al Ejecutivo por integrantes de la bancada oficial dejan en claro que los instrumentos legales de los que dispone el Poder Legislativo para su interlocución con otros poderes es letra muerta. Bastaba simplemente con enviar cartas-petición (ni siquiera oficios) de manera directa, sin pasar por el pleno o los órganos internos, para que el Ejecutivo actuara en un, dos por tres.
Y esta semana concluye con una crisis al interior del Poder Legislativo motivada por el “berrinche” de 11 diputados del bloque oficial que se niegan a reconocer su minoría, producto de sus propias divisiones y luchas de poder que llevaron a las diputadas Priscila Benítez e Imelda Mauricio a cambiar de bancada. Así de frágil es el movimiento de la “transformación” en Zacatecas.
Pero ese “berrinche” hoy pone en riesgo el pago de la quincena para unos 280 trabajadores del Poder Legislativo que nada tienen qué ver con las pugnas entre diputados. Como quien dice, pagan justos por pecadores.
No es gratuito que al darse a conocer la misiva del diputado Armando Delgadillo, el líder seccional del SUTSEMOP en el Poder Legislativo, Higinio Estrella, diera a conocer un pronunciamiento donde condenaban esa intentona de utilizar los derechos de los trabajadores en un conflicto de intereses políticos, al afectar su salario y prestaciones con la pretendida retención de recursos.
Pero no se quedarán cruzados de brazos, pues amagan con hacer manifestaciones (sin importar lo que diga quien se ostenta como secretario general del SUTSEMOP, Israel Chávez Leandro) con tal de defender sus derechos laborales.
Sin embargo, el tema parece ir más allá. Los 11 diputados que este jueves ofrecieron una rueda de prensa para explicar su “berrinche” continúan alegando decisiones arbitrarias (e incluso ilegales) con tal de revivir las “herramientas legislativas”, que ni están presupuestadas ni están permitidas, al no haberse publicado el decreto correspondiente, y cualquier intentona de revivirlas tendría que ser hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones.
El meollo del asunto parece ir en cuatro direcciones: el cambio en la integración de las comisiones; la desintegración del grupo parlamentario de Encuentro Solidario; la merma en las aspiraciones políticas de los 11 diputados; así como la aprobación de una solicitud del Ejecutivo.
Sobre el primer punto, recuérdese que el principal motivo que expuso el bloque plural “ampliado” para realizar los cambios era la parálisis legislativa en comisiones debido a la distribución arbitraria que en su momento impuso la bancada oficial cuando era mayoría, una distribución que ha impedido a muchos diputados acudir a las sesiones en comisiones por la simultaneidad de las convocatorias.
Respecto al segundo punto, implicaría un voto menos de la bancada oficial en los órganos de gobierno.
En lo relativo al tercer punto, al menos ocho diputados pudieron haber aspirado a una reelección: Maribel Galván, Armando Delgadillo, Ernesto González, Zulema Santacruz, Sergio Ortega, Analí Infante, Nieves Medellín y Georgia Fernanda Miranda.
En el caso de la diputada Violeta Cerrillo, se ha comentado la posibilidad de su postulación para la presidencia municipal de Guadalupe. Y en el caso de José Luis Figueroa, sin importar los escenarios políticos, está amarrado con quien le apruebe el cochinero de sus cuentas públicas cuando fue alcalde de Loreto.
No obstante, esas aspiraciones políticas al parecer dependerían del cuarto punto. Y es que está en el aire una solicitud del Ejecutivo para el refinanciamiento de la deuda pública del estado y ampliar el plazo de la deuda a 20 años, sin olvidar que la misma solicitud incluiría la contratación de más deuda con un nuevo crédito de corto plazo (365 días) por 1 mil 200 millones de pesos.
Así consta en los Anexos al Paquete Económico 2022 aprobado por la entonces aplanadora oficialista, hoy reducida a una endeble minoría de 11 diputados que todavía podrían cambiar de bancada y seguir mermando a un grupo que, por sí mismo, se ha encargado de alejar a los aliados del gobernador David Monreal siendo del mismo equipo.
No hay que olvidar que a la 64 Legislatura también corresponderá aprobar o rechazar otros temas urgentes para el Ejecutivo, como la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, donde desaparezcan varios organismos descentralizados y diferentes subsecretarías y direcciones.
Además, está pendiente una reforma a la Ley del ISSSTEZAC, esa que la 63 Legislatura no pudo sacar a flote debido al pésimo cabildeo con otros grupos parlamentarios y que hoy está repitiendo la bancada oficial de la 64 Legislatura.
Por encima de todo, está en riesgo la gobernabilidad al interior del Poder Legislativo cuando el “berrinche” de 11 diputados ha dejado en manos externas la solución a sus conflictos. ¿Esa es la “transformación” que prometieron a Zacatecas?
