En el 2005, durante la administración de la entonces gobernadora Amalia García Medina, tuvo su primer contrato para la adquisición de placas y calcomanías para automóvil servicio particular y para camión servicio particular, por un monto de 3.2 millones de pesos.
En el 2007, durante el mismo sexenio, tuvo un segundo contrato para la adquisición de placas y calcomanías de identificación vehicular, por un monto de 9 millones de pesos.
Pero sería hasta el 2011 que ciudadanos de Fresnillo denunciaron a la empresa de entregar “placas patito”, debido a que utilizaba placas viejas, embodegadas, para sobreponer una calca horneada en lugar de entregarles placas nuevas.
Pese a estas acusaciones, la misma empresa volvió a ser contratada en varias ocasiones en el quinquenio del entonces gobernador Alejandro Tello, según obra en los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), aunque los contratos ya no estén disponibles para consulta pública debido a “errores” en los portales de transparencia del Gobierno del Estado.
Hasta donde se sabe, la empresa tuvo los siguientes contratos en Zacatecas de manera reciente:
- SAD/DJ/AD/002/2017, placas metálicas de circulación, por $330,600.00
- SAD/DJ/AD/169/2018, placas metálicas, por $594,749.40
- SAD/DJ/AD/167/2019, placas metálicas de circulación servicio motocicleta privado, por $3,045,000.00
- SAD/DJ/AD/116/2019, placas metálicas, por $609,000.00
- SAD/DJ/AD/054/2019, placas metálicas, por $852,600.00
- SAD/DJ/LPE/053/2020, placas metálicas de circulación, por $4,756,696.00
Como se observa, en la mayoría de los casos se trata de adjudicaciones directas y solo en el último contrato habría sido por una licitación pública. Y hoy la misma empresa vuelve a ser contratada por la nueva gobernanza, aunque el contrato revela graves irregularidades.
Se trata de Comercial e Industrial Cancal SA de CV, representada legalmente por Marcela Becerra de Gyves, quien el pasado 14 de febrero firmó el contrato SAD/DJ/AD/007/2022 para la adquisición de 2 mil 500 placas de circulación para servicio de transporte privado automóvil, por un monto de 588 mil 700 pesos (incluyendo impuestos).
De acuerdo con la cláusula segunda del contrato, la empresa debía entregar las placas a más tardar el 23 de febrero de este año, es decir, un día después de que se diera el fallo a la licitación pública SAD-932079957-03-2022, misma que habría ganado Troquelados e Impresos SA de CV para la adquisición de 640 mil juegos de placas metálicas y cuyo contrato se habría firmado apenas el 8 de marzo.
Pero sería hasta principios de abril, un mes después de firmado el contrato con Troquelados e Impresos, que la nueva gobernanza anunció que por fin comenzaría la entrega de placas a la ciudadanía.
El aparente motivo del retraso parece corresponder con la cláusula segunda del contrato marcado con el folio SAD/DJ/LPE/003/2022, donde se establecía que la entrega de placas se realizaría en los siete días hábiles posteriores a la autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Dicha especificación no se incluye en el contrato firmado con Comercial e Industrial Cancal. De hecho, nunca se establece el requerimiento de autorización de la SCT sobre los controles de seguridad en las placas a entregar, recuérdese, a más tardar el 23 de febrero.
Si se entregaron o no en el plazo, es algo que se desconoce y que la autoridad no se ha preocupado por informar.
Pero en caso de haberse concretado el objeto del contrato, ¿quién asegura que esas placas cuentan con los controles de seguridad de la SCT?, ¿qué pasará a los propietarios de vehículos a quienes hubieran entregado dichas placas sin los mismos requerimientos que en el caso de Troquelados e Impresos?, ¿cómo distinguir unas placas de otras?, ¿a qué empresa se hará responsable si algún contribuyente enfrenta problemas legales por estas anomalías en sus placas?
Por cierto, qué cochinero con los estándares de transparencia de la Secretaría de Administración que encabeza Verónica Yvette Hernández López de Lara.
Resulta que en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), cuya verificación trimestral por parte del IZAI está en curso, la dependencia únicamente ha transparentado cinco contratos de licitación pública correspondientes al primer trimestre.
Sin embargo, siguiendo la numeración de los folios de los contratos, se estima que habrían sido hasta 42 contratos por la vía de licitación pública, lo que hace pensar que la dependencia ocultaría al menos 37 contratos del escrutinio social al no transparentarlos. ¿Qué pretenden esconder?, ¿tal vez la licitación de los comedores de los policías?, ¿la opacidad es intencional?, ¿qué tendría que decir el IZAI al respecto?
Los millonarios contratos de publicidad
Uno de los puntos esenciales de las políticas de austeridad que promueve la cuarta transformación ha sido la reducción en gastos de publicidad oficial, una política que ha tratado de replicar la nueva gobernanza y que se tradujo en un recorte de casi el 50% en el presupuesto aprobado para este 2022.
De acuerdo con la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), entre el 10 y el 24 de marzo la Coordinación de Comunicación Social que encabeza Gerardo Flores López signó al menos 14 contratos abiertos para publicidad oficial:
- CCS/001-2022, con Información para la Democracia SA de CV, por $5,568,000.00
- CCS/002-2022, con Cía. Periodística El Sol de Zacatecas, por $5,011,200.00
- CCS/003-2022, con Televisa S de RL de CV, por $7,000,000.00
- CCS/004-2022, con Frecuencia Azul SA de CV, por $1,300,000.00
- CCS/005-2022, con La Primera FM SA de CV, por $1,300,000.00
- CCS/006-2022, con Romántica 90.3 SA de CV, por $1,300,000.00
- CCS/007-2022, con JFJ Comunicaciones SA de CV, por $1,400,000.00
- CCS/008-2022, con Arnoldo Rodríguez Zermeño, por $3,333,333.33
- CCS/009-2022, con Radio Publicidad Zacatecana, por $3,333,333.33
- CCS/010-2022, con Raza Publicidad, por $3,333,333.33
- CCS/011-2022, con David Macías Jaramillo, por $360,000.00
- CCS/012-2022, con Alberto Isaías Amador Salas, por $220,000.00
- CCS/013-2022, con Gerardo Romo Arias, por $300,000.00
- CCS/014-2022, con Ángel Amador Sánchez, por $480,000.00
Los montos corresponden a contratos por una periodicidad de 10 meses, contando a partir de marzo de este año. Entre los 14 contratos disponibles en la PNT sumarían un total de 34 millones 239 mil 199.99 pesos.
Sin embargo, en la partida 3691 relativa a gastos de publicidad oficial este año se habrían destinado 50 millones de pesos, por lo que quedarían en el aire 15 millones 760 mil 800 pesos que se desconoce si ya fueron contratados o si estarían pendientes de ejercer el resto del año.
Transparentando el gasto en publicidad oficial, y en el marco de la exigencia sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, lo deseable sería que los medios de comunicación contratados no vieran afectada su línea editorial, por el contrario, se esperaría que mantuvieran su línea crítica y contribuyeran al debate público sobre el quehacer gubernamental, como les ha caracterizado durante los últimos años.
Porque no hay que perder de vista que se trata de 50 millones de pesos en publicidad oficial que equivale más o menos al recorte presupuestal a la Fiscalía General de Justicia del Estado, al Poder Judicial, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas o a la Secretaría de las Mujeres.
Por cierto, hablando de presupuestos, en el paquete económico aprobado por la 64 Legislatura se establecía que los 500 millones de pesos proyectados para recaudar por impuestos ecológicos se destinarían al gasto de operación de los Servicios de Salud de Zacatecas (aunque hoy serían más útiles para combatir los incendios en Concepción del Oro).
Pero resulta que, según el Estado analítico de los ingresos de la Secretaría de Finanzas, durante el primer trimestre del año solo se recaudaron 241 millones 280 mil 142 pesos, es decir, apenas el 48.2% de lo proyectado. ¿Cuáles son las empresas que se niegan a pagar los 258 millones 719 mil 858 pesos restantes por impuestos ecológicos?
