Con más llamados a receso que tiempo efectivo en el pleno, con algunos momentos donde se rompió el quórum, así sesionaron los diputados de la 64 Legislatura este miércoles, donde para variar continuaron las fricciones entre el bloque oficial y el bloque plural “ampliado”.
Y aunque mucha era la expectativa ante la insistencia ciudadana, finalmente en algo sí se pudieron poner de acuerdo los legisladores: desechar la terna pendiente desde el 2019 para elegir al Órgano Interno de Control, esa figura que hoy se requiere para hacer contrapesos al interior del Poder Legislativo y evitar posibles actos de corrupción.
Fueron en total 24 cédulas de votación que regresaron a la urna en blanco, más las seis cédulas no utilizadas por la ausencia del mismo número de diputados.
Sin embargo, será la Junta de Coordinación Política la que defina qué prosigue: que el área jurídica publique la convocatoria del 2019 para la integración de la terna correspondiente, como propuso el diputado Xerardo Ramírez, o que las comisiones respectivas elaboren una nueva convocatoria para someterla a votación del pleno y posteriormente publicarla, como sugirió la diputada Maribel Galván.
Hasta entonces, el Poder Legislativo bien podría continuar todo el 2022 sin Órgano Interno de Control y eso implicaría que los diputados seguirían sin un organismo interno que vigilara el uso del recurso público en este Poder.
Algunos dirán que ya no es tan urgente esta figura considerando que el decreto por el cual pretendían revivir las llamadas “herramientas legislativas” fue vetado y que eso cerraba la posibilidad de ejercer recursos de forma discrecional si es que se etiquetaban recursos para la partida de ayudas sociales en el 2023. Solo que los gastos de representación siguen generando facturas…
Fue el diputado Ernesto González Romo quien propuso otra alternativa mediante dos iniciativas: crear mecanismos de gestión institucional, a fin de que este tipo de recursos para apoyo social no pasen por las manos de los diputados, sino que estos tengan herramientas para gestionar ante las dependencias del Poder Ejecutivo y canalizar programas y recursos a sus respectivos distritos.
Bien raro que todos los grupos parlamentarios y hasta diputados que se dicen “independientes” se sumaron a la iniciativa, esa que fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen. Otro punto en el que sí se pudieron poner de acuerdo, tal vez gracias a las negociaciones del enlace del Ejecutivo: el experredista Gilberto Zamora Salas, quien estuvo muy activo tras bambalinas en la sesión de este miércoles.
Donde no se pudieron poner de acuerdo fue en una iniciativa propuesta por el diputado Xerardo Ramírez para exhortar al Ejecutivo a que a través de la Coordinación General Jurídica se publique en el Periódico Oficial los decretos 798 y 799 aprobados por la 63 Legislatura desde el 25 de agosto de 2021 y que tienen que ver con reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado.
Aunque la iniciativa ya había sido votada en lo general, la diputada Maribel Galván presentó una reserva para que en la publicación de dichos decretos constara el nombre de quienes integran la 64 Legislatura. Solo que el punto no estaba en ninguna parte de la iniciativa y al final, por procedimientos, se determinó regresarla a comisiones para hacer las modificaciones correspondientes, lo que no evitó nuevas fricciones porque los diputados desconocían qué habían votado.
Un punto que llamó la atención en el orden del día fue la síntesis de la correspondencia, donde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) solicitaba al Poder Legislativo citar a comparecer a integrantes de la Junta Directiva del Issstezac debido a la No Aceptación de la Recomendación 17/2022.
Se trata de una recomendación derivada de las quejas de jubilados y pensionados al no recibir su pago, pues la CDHEZ acreditó violaciones a sus derechos humanos y emitió la recomendación, pero al parecer la Junta Directiva no la aceptó, pese a que los afectados han ganado amparos y aun así se niegan a acatar las resoluciones.
Ante otro desacato, malas señales ha enviado el Issstezac que hoy dirige José Ignacio Sánchez González, pues todo indica que esperarán más órdenes judiciales para justificar la posible desaparición del Instituto, ante la imposibilidad de que sea aprobada una reforma a la Ley del Issstezac, más ahora que la bancada oficial no es mayoría en el Legislativo.
Además de todo, como ya lo adelantaban varios medios, se espera que hoy los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) emitan un fallo a favor del diputado Armando Delgadillo, quien promovió un recurso ante los cambios en diversas comisiones, incluyendo el Órgano de Administración y Finanzas que él presidía hasta el pasado 29 de abril.
Solo que, de ocurrir así, el TRIJEZ estaría invadiendo una esfera que no es de su competencia: la regulación de un poder autónomo. Por ello, los diputados Priscila Benítez, quien hoy preside el mencionado órgano; Enrique Laviada, presidente de la Mesa Directiva, y Xerardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política, anunciaron las medidas a tomar.
Por una parte, podrían recurrir a una controversia ante los tribunales federales donde seguramente les darán la razón por la decisión tomada en abril pasado en la renovación de sus comisiones.
Por otra parte, darle marcha atrás a la carta-solicitud enviada por el diputado Armando Delgadillo al secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, para retener la ministración de recursos al Poder Legislativo de forma ilegal.
Así las cosas, tal parece que la bancada oficial mueve a la ingobernabilidad en el Poder Legislativo y su consecuente parálisis. Será la Legislatura más gris e improductiva en la historia de Zacatecas de seguir con sus luchas por “cargos y oficinas”, aunque los oficialistas digan lo contrario.
No al aumento al transporte
Muy valientes, seis jóvenes estudiantes se manifestaron bloqueando el bulevar y la avenida Ramón López Velarde para protestar ante el incremento a la tarifa del transporte público, enfrentando amenazas, ofensas e incluso agresiones físicas por parte de conductores.
Y son valientes porque, a pesar de que ningún otro joven afectado por la situación les hizo segunda, se mantuvieron firmes en su protesta legítima y justa, ya que el gremio estudiantil enfrenta severas violaciones a sus derechos por parte de los transportistas, quienes además de cobrar la tarifa que les venga en gana y no respetar los descuentos para estudiantes, cuando los aplican, solo es en determinado horario.
Por si fuera poco, ninguna autoridad de la nueva gobernanza se apersonó para gestionar una mesa de diálogo y acuerdos que atendieran un serio problema para la juventud estudiantil, a diferencia del gremio de transportistas, a quienes rápidamente les autorizaron un incremento arbitrario y sin consultar a la ciudadanía como principal afectada.
Para agredir a la senadora Soledad Luévano en redes sociales sí salió muy trabajador el subsecretario de Concertación Política, Javier Reyes Romo, pero para hacer la chamba que le obliga la Ley Orgánica se hace de la vista gorda, ¿no?
