En el discurso y en el imaginario popular se ha insistido durante muchos años que las acciones que emprende un gobierno se realizan gracias a los impuestos que pagan los contribuyentes.
La realidad es un poco más compleja, pues los ingresos de un gobierno pueden provenir no solo de los impuestos, sino también de financiamientos (los “benditos” empréstitos que aumentan la deuda pública), del petróleo, de rendimientos financieros por inversiones, productos, aprovechamientos, entre muchas otras fuentes.
Sin embargo, es verdad que en la medida en que se incrementa la recaudación, al menos esto se traduce en un aumento en las participaciones que llegan a estados y municipios, considerando las fórmulas de cálculo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Con esos recursos, los gobiernos pueden invertir en las acciones tendientes a cumplir con las metas que se establecen en los planes de desarrollo y que, esencialmente, van encaminadas a generar desarrollo y bienestar entre la población. O al menos eso debería ser.
Por eso no es gratuito el enojo social cuando se da a conocer a los evasores fiscales que evitan pagar sus impuestos, incluso recurriendo a los tribunales, porque con frecuencia se trata de grandes empresas que se benefician de recursos públicos.
Sin embargo, igualmente grave resulta cuando un servidor público, de cualquier nivel, incumple con el pago de sus impuestos como los demás contribuyentes, pues sus ingresos son pagados con lo que Hacienda le quita al ingreso de las familias. Y tampoco es que en el servicio público se ganen tres pesos a la quincena.
Así pues, atendiendo a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado en su portal desde el 2015 diversas “listas negras” de contribuyentes incumplidos, desde aquellos que tienen créditos fiscales firmes, exigibles, con sentencias, o que se han beneficiado con la condonación de multas, recargos o concursos mercantiles. Y en Zacatecas vaya que evaden el pago de impuestos.
Basta ver el listado de contribuyentes con créditos fiscales firmes, es decir, aquellos que se retrasan en el pago de sus impuestos. A nivel nacional se tienen 321 mil 853 registros de contribuyentes en esta situación, de los cuales 3 mil 103 tienen su domicilio fiscal en Zacatecas y de ese número, al menos 365 han incumplido con el pago de sus impuestos este año.
Es el caso de José Ignacio Sánchez González, director del Issstezac; de José Alfredo “Freddy” Barajas Romo, hermano del subsecretario de la SEDUVOT; del diputado priísta Manuel Benigno Gallardo Sandoval, o de Carlos Eduardo Monreal Hernández (¿hijo del gobernador David Monreal?).
Tampoco son los únicos. Hay instituciones y organismos públicos que han incurrido en esta falta, como Fomento Económico de Zacatecas, representada legalmente por Francisco Argüelles Arellano y que renta por más de 33 mil pesos mensuales un edificio al Consejo Estatal de Desarrollo Económico; el extinto Organismo Regulador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas que sigue estando vigente para el SAT; el Sistema de Agua Potable del Municipio de Tepechitlán, o los Ayuntamientos de Francisco R. Murguía, Pánfilo Natera y Mezquital del Oro.
En una situación más grave se encontraría el priísta fresnillense José Eulogio Bonilla Robles, quien figura en la lista de contribuyentes con un crédito fiscal exigible, es decir, que la demora en el pago de impuestos ha ido más allá de las notificaciones y se niega a saldar su adeudo con el SAT.
Pero más grave aún es la lista de contribuyentes no localizados, pues es una señal de irregularidades mayores que ya denotan una evasión intencional de impuestos. Es el caso de Ignacio Fraire Zúñiga, actual titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Aguascalientes; pero también de José Edmundo Guerrero Hernández, excontralor del Ayuntamiento de Fresnillo durante el primer periodo como alcalde de Saúl Monreal Ávila.
En la misma lista aparecen también personas morales como el Consejo Promotor de la Vivienda Popular, el extinto COPROVI cuyas funciones desde hace años fueron absorbidas por la SEDUVOT; así como el Fideicomiso Programa de Migrantes Invierte en el Estado de Zacatecas. Sí: el mismo programa que busca emprender la nueva gobernanza desde la Secretaría de Economía que hoy encabeza Rodrigo Castañeda Miranda.
Pero no pensemos mal. Seguramente con eso de la “austeridad republicana” al estilo de la nueva gobernanza, estas personas físicas y morales no disponen de recursos para ir al corriente con el pago de sus impuestos, a diferencia de otros sectores de la población que ya se las están viendo negras…
¿Crisis en el sector de la construcción?
Aunque inicialmente había optimismo porque la nueva gobernanza les había prometido que habría inversión, a la nueva mesa directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Zacatecas no le está yendo nada bien con sus agremiados, que están cada vez más molestos porque se les relega de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública.
Y no es para menos su irritación, pues en la actual administración el sector de la construcción ha sido de los más afectados y con mayores dificultades para su reactivación luego de los estragos que ha dejado la pandemia por el COVID-19.
Según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los primeros cuatro meses de este año el valor de la producción generado por las empresas constructoras en Zacatecas pasó de 685 mil 179 millones de pesos a solo 265 mil 97 millones. Lo que es peor: para abril de este año, Zacatecas ocupó el lugar 29 a nivel nacional por su participación en el valor de la producción.
Por supuesto que lo anterior ha afectado en los empleos formales en el sector de la construcción y aunque las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que en febrero de este año se tuvo un pírrico incremento de 73 empleos respecto al mes de enero, de entonces a la fecha se han perdido 783 puestos de trabajo, con disminuciones consecutivas de marzo a mayo y un irrisorio incremento de 34 plazas en el mes de junio.
La situación debe estar tan complicada que ya hay empresas que no han podido ponerse al corriente con sus impuestos, mucho menos mantener los empleos que antes generaban, y así lo demuestra la lista de contribuyentes incumplidos del SAT, con créditos fiscales firmes.
Se trata de 22 empresas del sector de la construcción o relacionadas en cadenas de proveeduría con el sector, varias de las cuales tuvieron contratos de obra pública con los tres niveles de gobierno en los últimos seis años y que hoy parecen estar “vetadas”:
- Constructora y Edificaciones Urbanas Velbey SA de CV
- Distribuidora de Cementos Cruz Azul en Zacatecas SA de CV
- Diconzac SA de CV
- GNYN Construcciones SC
- Grupo Mirco SA de CV
- Implezac SA de CV
- Proyecta Ingeniería Diseño y Construcción SA de CV
- Samano Proyectos y Construcciones SA de CV
- Acodplyn Construcciones SA de CV
- AICA Ingeniería en Construcciones SA de CV
- Concretezza SA de CV
- Concretos Cruz Azul SA de CV
- Constructino SA de CV
- Constructora MOAV S de RL de CV
- Constructora Ocho Cinco SA de CV
- Constructora RIEB SA de CV
- Elipse Ingeniería y Arquitectura SA de CV
- Ferreconstrumax SA de CV
- Grupo Constructor Ramsa SA de CV
- Grupo Constructor Soltor SA de CV
- JG Exploraciones y Servicios S de RL de CV
- Postes Aceros y Laminados SA de CV
Por si la falta de obra pública no fuera suficiente, la Secretaría de la Función Pública que encabeza Humbelina Elizabeth López Loera también ha emprendido una cruzada contra el sector de la construcción y en lo que va de este año ya van tres empresas sancionadas, según el portal del Registro de Proveedores Sancionados de la SFP.
Es el caso de Trak’s Construcciones S. de R.L. de C.V., con una multa por 753 mil 17.25 pesos, como obra en el expediente SR/DCI/55/PAS/2020. Dicha empresa fue la encargada de la rehabilitación del Parque Arroyo de la Plata en la administración de Alejandro Tello.
También fueron sancionadas las empresas Construcciones D3 S.A de C.V. (expediente SR/DCI/53/PAS/2021) con una multa por 130 mil 959.50 pesos; así como Arquitectura Meccano S.A. de C.V. (expediente SR/DCI/52/PAS/2021), por 126 mil 735 pesos de multa.
Eso sí: no se trate de las empresas “favoritas” de la nueva gobernanza porque ahí se hacen de la vista gorda con todas las irregularidades que en Lalalá News y en Agenda Política hemos dado a conocer con pruebas. Bonito panorama le espera al sector de la construcción en Zacatecas mientras dure el sexenio…
Atento aviso
Como es justo y necesario, en Lalalá News nos tomaremos un descanso de dos semanas mientras la burocracia se va de vacaciones. ¡Nos leemos en agosto!
