Quienes dijeron que no van por “cargos ni oficinas” muy pronto han sacado el cobre, demostrando la poca congruencia entre sus dichos y sus hechos, y el claro ejemplo está en la 64 Legislatura, empantanada por procesos judiciales entre el bloque oficial y el bloque plural ampliado que han obstaculizado el trabajo legislativo… o más bien ha sido el pretexto perfecto para justificar la abulia del Congreso.
Dos han sido los principales factores que han motivado sendos procesos judiciales en tribunales electorales: la presidencia del Órgano de Administración y Finanzas (OAF) y la redistribución en la integración de las comisiones legislativas. Lo anterior ha derivado en un segundo periodo ordinario del primer año constitucional desgastante, improductivo y proyectando una terrible imagen de los 30 diputados.
Y cuando por fin se veía un atisbo de seriedad en la 64 Legislatura luego de las sentencias emitidas por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al final resulta que “esto no se acaba hasta que se acaba”.
A pesar de que MORENA y sus aliados, en rueda de prensa del 4 de julio, habían anunciado que dejarían el tema por la paz y ya no recurrirían a la Sala Superior para reclamar la presidencia del OAF, el diputado Armando Delgadillo se fue por la libre y el 7 de julio llevó el caso a la Sala Superior del TEPJF con tal de que le devolvieran ese cargo y esa oficina desde la cual se manejan los dineros en el Poder Legislativo.
Solo que en esta ocasión le dieron palo, porque en sesión de la Sala Superior, los magistrados resolvieron por mayoría (solo un voto en contra) confirmar la sentencia de la Sala Monterrey en la que se determinó la validez del acuerdo 100 mediante el cual se designaba a la diputada Priscila Benítez en la presidencia del OAF.
Con esta sentencia del Recurso de Reconsideración SUP-REC-332/2022, los magistrados de la Sala Superior le dieron un revés al promovente, el diputado Armando Delgadillo, dos veces destituido del OAF y quien siguió insistiendo en que le regresaran la presidencia del OAF.
Al final, se declaró improcedente el recurso del de MORENA al considerar que compete al derecho parlamentario, no al derecho electoral, como ya había argumentado en su momento el diputado Jehú Salas Dávila.
Con un par de horas de retraso una vez concluida la sesión del tribunal federal, la diputada Priscila Benítez celebró la decisión de la Sala Superior para ratificar su designación en la presidencia del OAF, y en un mensaje a través de sus redes sociales aseguró que con esta determinación “se confirma la unidad que mantiene el grupo plural ampliado”, agradeciendo el apoyo de sus homólogos de la 64 Legislatura.
En su mensaje, la diputada agrega que: “Al ser definitiva esta sentencia y que nuevamente se nos da la razón de que el Tribunal local no le asiste razón legal para inmiscuirse en los asuntos que son propios de este poder. Pondré todo mi esfuerzo para en este lapso actuar con honestidad sin traicionar al pueblo de Zacatecas”.
Sin embargo, con esta sentencia no terminan los pleitos “por cargos y oficinas”, pues aún hay otros asuntos en la fila para ser abordados en la Sala Superior.
Es probable que en la próxima sesión del tribunal federal se aborde el expediente SUP-REC-333/2022, presentado por diputados del bloque plural desde el 11 de julio para solicitar la reconsideración de la sentencia de la Sala Monterrey respecto a la revocación del acuerdo sobre la redistribución de comisiones legislativas.
Dicha sesión será importante porque permitirá a las salas regionales empezar a delimitar los criterios con los cuales definen si un asunto compete al derecho parlamentario y cuándo corresponden al derecho electoral.
Baste recordar que en la sesión de este miércoles de la Sala Superior, los magistrados enfatizaron en la importancia de sentar precedentes en el caso de asuntos de derecho parlamentario y derechos político electorales, no solo por la falta de precisión en la normatividad, sino porque en los últimos meses han llegado hasta la Sala Superior casos relacionados con controversias en los Poderes Legislativos de los estados e incluso en el Congreso de la Unión y que requieren de una delimitación entre ambas materias.
Si no, recuérdese el caso de la Cámara de Diputados, donde la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) ha reclamado en tribunales el derecho a formar parte de la Comisión Permanente, un derecho que les ha negado la Junta de Coordinación Política en franco desacato de dos resoluciones del TEPJF.
Según las posturas de los magistrados de la Sala Superior, en casos como el de Zacatecas sobre la redistribución en la integración de comisiones, podría competer al derecho parlamentario mientras no se afecten los derechos político electorales y, de acuerdo con sus razonamientos, esto solo podría ocurrir si a algún diputado se le niega la presidencia de alguna comisión legislativa.
Ahí radica la principal incógnita sobre el sentido en el que resolverá la Sala Superior, pues en el caso de Zacatecas, aunque sí hubo movimientos en las presidencias de algunas comisiones como la de Hacienda y Fortalecimiento Municipal que hasta hoy preside la diputada Violeta Cerrillo, es una realidad que los 30 diputados ejercen su derecho a presidir al menos una comisión legislativa, por lo que no se estarían vulnerando sus derechos político electorales en materia de representatividad y el ejercicio del cargo.
Habrá qué ver en próximos días cómo se desarrollan los trabajos no solo en la Comisión Permanente, sino en el resto de las comisiones legislativas y si, aunado a las fricciones con la diputada Zulema Santacruz, vuelven a cambiar los escenarios en la 64 Legislatura. ¿A dónde se inclinará la balanza?
