Este viernes Zacatecas albergará la Asamblea Plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), que contará con la presencia de la senadora Olga Sánchez Cordero, actual presidenta de la Mesa Directiva en el Senado, ministra en retiro y también la primera mujer que ha estado al frente de la Secretaría de Gobernación.
El papel que ha desempeñado el magistrado Arturo Nahle García como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas ha merecido tal distinción, luego del gran “triunfo” por la reforma histórica a la Ley Orgánica del Poder Judicial, luego de 20 años sin ser actualizada.
Dicha reunión y la visita de la senadora Olga Sánchez Cordero se da en el marco de la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, la liberación de Rosario Robles y la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam.
Ya en su primer artículo para El Universal tras salir del penal de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles había puesto sobre la mesa la discusión en torno a la prisión preventiva y las consecuencias que ello genera, violando en muchos casos el principio de “presunción de inocencia” y estigmatizando a las personas detenidas sin un debido proceso.
El tema se mantuvo en la discusión pública con la posterior detención, días después, del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 estudiantes normalistas.
Ante este hecho, el magistrado Arturo Nahle atrajo la atención con la publicación de un mensaje en sus redes sociales en el que calificaba al exprocurador como “un gran jurista, excelente político y excepcional ser humano”, además de cuestionar la “inverosímil imputación“ que le hacía la Fiscalía General de la República y llamaba a que se impusiera la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Ahondó en el tema el magistrado en su colaboración semanal en diferentes medios de comunicación, en la que exponía parte de su tesis doctoral, con los antecedentes del caso Ayotzinapa y la llamada “verdad histórica”, en la que Murillo Karam habría sido responsable de cuatro meses y medio de los 8 años que lleva la investigación y en la que habrían participado al menos seis procuradores, pero él no habría sido el primero.
“¿A cuál de los seis hay que exigir la auténtica verdad: al que metió a los pájaros a la jaula o al que se les escaparon?”, cuestionó el magistrado Arturo Nahle. Y siguió con el tema en sus redes sociales, donde acusaba a las autoridades de pasarse “por el arco del triunfo” el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales:
Artículo 166. Excepciones: En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan.
De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia.
No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social.
Al respecto, el magistrado Arturo Nahle señaló que Murillo Karam se entregó sin ofrecer resistencia, a sus 74 años de edad, con enfermedades crónicas y sin antecedentes penales. Todas, características que se apegan al artículo citado del Código en mención.
Lo anterior le ha valido el mote de “el hermano incómodo de Rocío Nahle”, secretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como si llevar el mismo apellido fuera garantía de sumisión ante el gobierno en turno. Pero no todos son el ministro Arturo Zaldívar.
Tal vez lo que ocurre en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) que dice encabezar Francisco Murillo Ruiseco es algo sintomático a nivel nacional, donde se abren carpetas de investigación por el delito de robo a casa habitación y llegan al Poder Judicial como secuestro o extorsión.
El tema de la prisión preventiva también ha sido abordado recientemente por la senadora Olga Sánchez Cordero, quien ha cuestionado que delitos menores como robo a casa habitación o transporte sean incluidos en el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva, un recurso que a su criterio sí debería permanecer para delitos graves.
Mientras son peras o manzanas en esta coyuntura nacional, parece desafortunada la rueda de prensa programada en la gira de la senadora en Zacatecas, en la que estará acompañada por el magistrado Virgilio Rivera Delgadillo, quien hoy usurpa el lugar que constitucionalmente le correspondía a una mujer y para el cual estaba impedido para ocuparlo. ¿Qué opinará la ministra en retiro que ha encabezado causas feministas durante toda su trayectoria?
2 mil millones
Por si el mediocre desempeño de quien se dice secretario de Economía no fuera suficiente, ahora se desmiente que Rodrigo Castañeda Miranda fuera el responsable de la pasada reunión con empresarios y se atribuye a los miembros del Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas (CEDEZ), ese organismo que gasta más en canapés, bebidas alcohólicas y obsequios para empresarios que en realmente diseñar una política económica para el estado.
Resulta que en la dichosa reunión se habrían anunciado próximas inversiones por hasta 2 mil millones de pesos (unos 100 millones de dólares) en lo que resta del año y principios del 2023.
El problema es que en el último semestre se han cancelado hasta 175 millones de dólares en inversiones y los niveles de las cuentas entre compañías o reinversión de utilidades no han sido los esperados en la nueva gobernanza.
Será porque el actual gobierno se concentra más en pedir y pedir, pero no soltar estímulos para la atracción de inversiones. ¿Seguimos pensando en la “panacea” de crear una línea de colocación de empleos vía Whatsapp para resolver el estancamiento económico de Zacatecas?
