Muy pronto la nueva gobernanza demostró que se le da eso de mentir y seguramente en el primer informe de gobierno veremos más una farsa que datos reales, como en el caso de la infraestructura carretera.
Fue el día de su toma de posesión que el gobernador David Monreal dio el banderazo a la rehabilitación de la carretera Guadalupe de Trujillo, en Fresnillo, (por cierto, programada desde la administración de Alejandro Tello) que el mandatario anunció un ambicioso programa de rescate carretero.
La meta original tan solo para la primera etapa sería rehabilitar 500 kilómetros lineales de 27 carreteras y caminos en 17 municipios. Pero desde el principio ya venían las inconsistencias, no solo por las irregularidades en los procedimientos de licitación de las obras, sino también por su retraso, los montos de inversión y las metas establecidas ya en papel.
De acuerdo con los informes financieros de la Secretaría de Finanzas, en su estructura programática elaborada en conjunto con la Coordinación Estatal de Planeación (COEPLA), para este año únicamente se habían programado 320 kilómetros lineales de 500 kilómetros anunciados desde el primer día de administración.
Sin embargo, esta meta se redujo a 256 kilómetros lineales al cierre de junio de este año, un factor que contrasta con el incremento de la inversión, pues originalmente se habían contemplado 573 millones de pesos y para el segundo trimestre del año aumentaron ese presupuesto a 609.4 millones, de los cuales al cierre de junio apenas se habían devengado 96.6 millones de pesos… con un avance de apenas 35 kilómetros lineales rehabilitados, los mismos que ya se reportaban desde finales de marzo.
Lo más grave es que de los más de 90 proyectos de obra pública contemplados para este año no se ha transparentado ni una tercera parte, sin olvidar el subejercicio que va creciendo trimestre a trimestre en la Secretaría de Obras Públicas y en otras dependencias.
No hay que olvidar que a principios de este año se anunció en conjunto con la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, y con los Ayuntamientos una inversión superior a los 3 mil millones de pesos que se destinarían principalmente a infraestructura social básica (incluyendo el rescate carretero) y seguramente la cifra aparecerá en letras grandes en el primer informe de gobierno.
No obstante, también es una falsedad, pues gran parte del dinero se trata de recursos federales como el Fondo de Infraestructura Social Municipal, cuyas reglas de operación solo permiten convenir con el estado hasta el 30 por ciento. Es decir, se trata de recursos que deberían recibir directamente los municipios sin intermediarios para aplicarlos en lo que los Ayuntamientos consideren más conveniente, no para engrosar las páginas del informe de alguien más.
Ahora que si pretenden contabilizar cada bache reparado como una obra pública o acción realizada en este periodo, prepárense para otra danza de “cifras alegres” para lavarle la cara a una nueva gobernanza muy opaca, a pesar del reconocimiento que hayan recibido por parte del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) por supuestamente cumplir al 100% con sus obligaciones de transparencia… aunque falte más del 50% del recurso devengado por transparentar.
El cochinero de las despensas
Qué desorden tendrán en el Sistema Estatal DIF (SEDIF) que tuvieron que adquirir nuevas despensas para compensar las que ya se habían contemplado en el contrato LP-SEDIF.ZAC-EA-1-2021 adjudicado por licitación pública a Dominus Messico SA de CV.
En febrero de este año, bajo la dirección de Humberto de la Torre Delgado, el SEDIF adjudicó por licitación pública el contrato LP-SEDIF.ZAC-EA-1-2022 a la empresa Comercializadora Don Cacahuato S de RL de CV, la misma que ya había ganado otra licitación por más de 190 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para la adquisición de despensas destinadas a los programas de la estrategia alimentaria.
Pues bien, en el contrato firmado a principios de este año por la cantidad de 5 millones 370 mil 213.55 pesos se señala que se adquirirían 25 mil 987 despensas a repartir entre beneficiarios de 38 municipios. Es decir, un promedio de 206.65 pesos por despensa que incluiría una botella de 500 ml de aceite de soya, 400 gr de avena, dos sobres de sopa de pasta, 1 kg de harina de maíz, 500 gr de lentejas, 1 kg de frijol, 1 kg de arroz y 2 sobres de leche descremada en polvo. Igualitas a las que se repartieron hace una semana en el proceso interno de MORENA.
El problema es que dichas despensas correspondían a una entrega que debió realizarse en diciembre del 2021, no hasta febrero del 2022. Tal vez por eso la Auditoría Superior del Estado, en la Auditoría de Cumplimiento 2021-A-32000-19-1998-2022 relativa al ejercicio de recursos del FAM, observó la cantidad de 12 millones 696 mil 300 pesos, señalando que no había evidencias de que las despensas programadas se hubieran entregado, cantidad que hoy se sabe será resarcitoria.
¿De qué otra manera se explicaría el contrato firmado este año para cubrir una meta del 2021? ¿Y qué está haciendo la Secretaría de la Función Pública que encabeza Humbelina Elizabeth López Loera para evitar estas anomalías?
