La comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, sirvió para tres cosas: evidenciar más fallas en la estrategia de seguridad; demostrar la bajeza de los diputados para lucrar con el dolor de las víctimas; y exhibir la ausencia de cuestionamientos enfocados en las tareas que competen al Poder Ejecutivo y Legislativo en materia de seguridad.
A diferencia de la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, en esta ocasión el titular de la SSP no acarreó con aplaudidores que salieran al quite frente al desorden promovido en el pleno, con espectáculos tan bajos como “montar” un féretro para simbolizar a las víctimas de la violencia, con lonas exigiendo la renuncia del funcionario que evocaban las “narcomantas” ya características en varios municipios de Zacatecas, incluyendo algunos bultos emulando a los cuerpos sin vida que han sido colgados en diferentes vialidades, con el remate del diputado Xerardo Ramírez exhibiendo imágenes del dolor de las víctimas, a quienes revictimizó sin empacho y en un afán de protagonismo.
Se trató de un comparecencia por demás larga, con más de ocho horas de duración que incluyeron dos rondas de “cuestionamientos” repetitivos que recibían las mismas repuestas una y otra vez. Aunque más que preguntas, en algunos casos parecían posicionamientos redactados desde las oficinas del Bienestar para reafirmar el discurso de “estar dando resultados”, mientras otros se concentraban en un recuento de fallas en la estrategia de seguridad y remataban con la exigencia de la renuncia del secretario.
Durante el acto de rendición de cuentas, Adolfo Marín dejó claro su formación militar, al hacer un recuento de cifras y datos duros (las “cifras alegres” y los “otros datos”) deshumanizando a las víctimas. No es de extrañarse, pues el tema en cuestión lo ve desde su perspectiva militar y aún no desde la empatía con las víctimas que le exige el cargo que hoy ocupa, desde un mando civil. Será que existe un distanciamiento con la secretaria general de Gobierno que impide “humanizar” la estrategia de seguridad.
Entre el recuento de cifras ofrecido por el secretario de Seguridad hay elementos a destacar. Por ejemplo, se informó que al inicio de la actual administración había un 63% del parque vehicular descompuesto; 93% de equipamiento obsoleto o caduco; 2 aeronaves fuera de servicio; elementos sin certificación; problemas en centros penitenciarios; así como herramientas tecnológicas “anacrónicas e inservibles”. Sin embargo, muy poco informó sobre las acciones para abatir estas circunstancias y fortalecer a la institución y las corporaciones.
A lo más, se dio a conocer una inversión superior a los 236 millones de pesos para fortalecer a las corporaciones con equipamiento y armamento; un gasto de 5.9 millones de pesos para dar mantenimiento a un helicóptero (¿sería en el que se trasladaba la expresidenta honorífica del SEDIF, Cristina Rodríguez?), y estaría pendiente una inversión de 28.6 millones de pesos en equipamiento próximo a entregarse. Todo esto, de un presupuesto aprobado por más de 1 mil 600 millones de pesos.
Siguiendo con las “cifras alegres”, el secretario de Seguridad informó que en el último año se reportaron 25 mil 945 hechos delictivos, principalmente robos. Se realizaron más de 9 mil operativos y hubo más de 1 mil 100 detenidos; hubo 36 bandas desarticuladas; 11 objetivos prioritarios detenidos; 144 generadores de violencia detenidos (algunos con sentencias); 33 campamentos desarticulados; aseguramientos de enervantes, armas, hidrocarburos, dinero, vehículos, entre otros.
Además, a pregunta expresa del diputado David González, aclaró que actualmente hay 16 municipios cubiertos por la Policía Estatal ante la falta de elementos municipales; además de 7 municipios con convenios de colaboración para la Policía Metropolitana.
La diputada Susana Barragán preguntó por un tema relevante que poco ha atraído la atención: las personas privadas de la libertad en las cárceles. Adolfo Marín informó que a la fecha hay 2 mil 217 personas en esta situación, incluyendo 130 adolescentes. Además, hay tres centros penitenciarios certificados por Estados Unidos y se han cerrado los penales de Loreto y Miguel Auza por no reunir los requisitos de “habitabilidad”.
Agregó que se gastan más de 300 millones de pesos por consumo de alimentos para personas privadas de su libertad, pero enfatizó que “es un recurso que bien podría utilizarse en otras tareas de seguridad, como equipamiento”.
Por supuesto, el tema reiterado en las rondas de preguntas fue la incidencia de homicidios dolosos y, con sus “cuentas chinas”, el secretario de Seguridad hizo un recuento de la estadística mensual tan solo del periodo enero-agosto entre el 2021 y 2022, en el que se registró una reducción de 42% en homicidios dolosos en el municipio de Fresnillo, y del 22% a nivel estatal. Números fríos, como su formación militar. Pero entre esos números fríos, en lo que va del año ya van 89 menores de edad asesinados; 13 tan solo en el mes de septiembre.
Y mientras en el Parque Eólico asesinaban con al menos 30 tiros a dos elementos de seguridad privada, al mismo tiempo en el pleno de la 64 Legislatura no podía faltar la mención a los ya 45 elementos de seguridad que han sido privados de la vida en lo que va del año. A sus familiares, según Adolfo Marín, se les ha apoyado con 25 mil a 40 mil pesos para gastos funerarios; en algunos casos con seguro de orfandad o seguro de viudez. Pero solo a quienes tienen su situación administrativa regularizada.
Un tema que inicialmente no despertó interés de los diputados fue la certificación policial, tema en el que se informó que durante este primer año de gobierno hubo 2 mil 573 integrantes de las instituciones de seguridad pública capacitados y a la fecha se cuenta con 1 mil 991 elementos con sus exámenes de control y confianza.
El tema no habría despertado interés, de no ser por la intervención del diputado Juan Mendoza casi al final de la primera ronda de preguntas. En tribuna, el legislador exhibió un documento en el que se demuestra que el actual director de la Policía Estatal Preventiva desde marzo de este año no aprobó su examen de control y confianza, requisito indispensable para ocupar el cargo y para la portación de armas.
En respuesta, Adolfo Marín señaló que este nombramiento se debió a la baja del anterior director y que a pesar de haber reprobado en la evaluación, “está de manera provisional, bajo estricta vigilancia para evitar que incurra en alguna mala práctica”.
Esta declaración contrasta con lo que expresó respecto al bajo número de policías municipales certificados, pues dijo desconocer por qué los municipios no los sometían a las pruebas de control y confianza. Tal vez será porque ya no hay recursos del FORTASEG y cada examen tiene un costo, que podría aumentar en caso de que algún elemento repruebe en la evaluación, pues eso también implicaría el gasto para darle de baja, sin olvidar que eso significaría un elemento menos en la corporación.
El colmo de la comparecencia fue cuando Adolfo Marín acusó que “los medios magnifican la situación de inseguridad como si fuera una guerra”, a lo que la diputada Marimar de Ávila le respondió: “los medios no tienen la culpa, ellos realizan su labor de informar, pero el hecho de que no informen de los hechos de violencia no hará desaparecer los homicidios que ocurren día a día”.
Por si fuera poco, el diputado Lupe Correa insistió en las estadísticas del INEGI sobre la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en la que 9 de cada 10 zacatecanos dicen sentirse inseguros. En respuesta, Adolfo Marín expresó que hay diversidad de “encuestas” y que luego las “empresas encuestadoras” las hacen a contentillo (como si el INEGI fuera una “casa encuestadora”).
Sin embargo, para emular al presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario aseguró que él tiene sus propias “encuestas” en los 58 municipios que indican que el 60% de los encuestados declara sentirse seguro en la entidad.
Finalmente, la comparecencia del secretario de Seguridad fue más un espacio de catarsis para exponer el reclamo ciudadano en torno a la seguridad, mucho más que un acto de rendición de cuentas del que surgiera un diagnóstico para mejorar las áreas de oportunidad. Una reacción fácil ante la incompetencia de los diputados locales que optan por jugar “solitario” en sus celulares mientras en el pleno se habla del “tema de temas” para Zacatecas.
