Luego de que se dieran a conocer las observaciones a la Cuenta Pública 2018 del Gobierno del Estado, por presunto daño patrimonial por casi 114 millones de pesos en varias dependencias, trascendió que es justamente en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT) donde se concentró la mayor afectación por más de 40 millones de pesos.
Hasta donde se sabe, Ismael Solís Mares aún se encontraba al frente de la dependencia cuando ocurrió el desfalco en complicidad con el entonces subsecretario Pedro Valdez Romo, pues entre ambos llegaron a beneficiar a un pequeño grupo de empresas que no ejecutaron las obras contratadas.
De ser ciertos estos rumores y de encontrar elementos en las investigaciones que realiza la Auditoría Superior del Estado, se armaría la chimba e incluso ameritarían la inhabilitación en el servicio público e incluso podría llegar a los tribunales de llegarse a comprobar peculado o desvío de recursos.
Por lo pronto, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ya obran siete denuncias penales contra varias de estas empresas involucradas tan solo en lo que compete al ejercicio fiscal 2018, en un desfalco que vaya que ha complicado la situación financiera para la SEDUVOT, hoy dirigida por Lupita López Marchant, para continuar con programas esenciales dirigidos a mejorar la calidad de vida de la racita más vulnerable.
¿Quién lo hubiera pensado?
Como por un mes la hicieron de emoción en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta que por fin este miércoles dijeron que saldría humo blanco del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para elegir con quién se la jugarán en el 2021 para la gubernatura de Zacatecas (inserte redoble de tambores): ¡Hasta la próxima semana!
¡Plop! ¿Quién lo hubiera pensado? Al menos no salieron como el PT y su “empate técnico” para seguir prolongándosela.
La verdad es que los cuatro aspirantes: Fito Bonilla, la senadora Claudia Anaya, Roberto Luévano, secre de Desarrollo Social; y Carlos Peña, a la cabeza del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, cada uno le aporta algo diferente al tricolor y todos los escenarios han tenido que valorarse antes de tomar una decisión que implique el menor margen de pérdidas, pero sí un margen mucho mayor para afianzar el triunfo en el 2021.
Y en esta valoración también ha tenido mucho peso la posibilidad de ir en alianza con otros partidos con el Sol Azteca o el blanquiazul, y aunque los cuatro aspirantes tienen sus propias fortalezas, finalmente quien ofrezca lo que el PRI requiere en esta coyuntura será dado a conocer hasta la próxima semana y ahora sí: a seguirle con las mesas de negociación para la sonada mega alianza.
Por lo pronto siguen los líos, enredos, mitotes y chismes de que entre los mismos cuatro aspirantes hay un estira y afloja, pero si algo distingue a los verdaderos priístas es que aguantan vara, se disciplinan y le entran a la unidad, porque ese es el interés colectivo de su partido. Ya si hacen pucheros, reniegan, patalean y hasta amenazan con irse, pues la puerta está muy grande.
Y que se va
Y hablando de renuncias, pues que en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se quedaron como panosha de pingüino con la renuncia de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad, luego de haber presentado su último informe de la incidencia delictiva en el país.
Su intención, según dijo, es para buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora en el próximo proceso electoral. Sí: el mismo estado donde ocurrió la masacre a la familia LeBaron en un multihomicidio que conmocionó al mundo, justo a los 11 meses de iniciada la actual administración federal y que representó una de las primeras crisis de inseguridad para el gobierno de López Obrador.
Así las cosas, Durazo Montaño dio cuenta de que el homicidio doloso ha sido el delito que más ha incrementado su incidencia en el país en el último año, especialmente durante el mes de septiembre, donde Zacatecas no canta mal las rancheras.
Y es justo en medio de esta crisis de inseguridad que se ha agravado con la pandemia por el COVID-19 que el sonorense abandona el barco para buscar la gubernatura de su estado natal. Con esos antecedentes y la falta de resultados por el caso LeBaron, tal vez esté condenando su carrera política a la sepultura, por mucho que las encuestas digan que va a la cabeza, pues como ya se vio en Hidalgo y Coahuila, “encuestas vemos, en las urnas no sabemos”.
¿Qué decían?
En lo que parecería el último capítulo del melodrama en la Joya de la Corona, que no lo es todavía, ahora la Sala Superior del TEPJF desechó el recurso de revisión y ratificó la sentencia de la Sala Monterrey y TRIJEZ respecto a la violencia política por razones de género cometida en contra de la persona que ocupa el cargo de la sindicatura en la Capirucha, quien mal asesorada en esas cosas de la justicia y el derecho salió a los cuatro vientos de las redes sociales a vociferar que el presi Ulises Mejía quedaba impedido para ser candidato y participar en los próximos procesos electorales (inserte risa malvada).
De pronto se le olvidó cualquier agravio de la violencia política por razones de género y más presta que el hamburguesero Cuauhtémoc Calderón (medio hermanos, por cierto) cuando sale a defender al D-21 (que no MORENA), “festejó” que se había hecho “justicia” a las mujeres al inhabilitar a un funcionario público y quedar impedido en sus derechos político electorales.
Pero se le olvidó un pequeño detalle: la sentencia ratificada se refería a reparar el daño y no repetir los actos referidos de violencia política por razones de género y hasta donde se sabe, se le abrió la llave para que gaste el combustible que desee gastar, se le restituirían dos trabajadores de su confianza y se le devolverían sus facultades de firmar cuanto documento tenga que firmar, aunque no desee ejercer esa facultad. ¿Y los derechos político electorales? Nada dice la sentencia al respecto.
Así que el presi Ulises Mejía y los regidores implicados en este capítulo tan absurdo seguirán gozando de sus derechos político electorales, le guste o no le guste a la persona que ocupa el cargo de la sindicatura.