¡Pero qué chimba! En la que se ha metido el gobernador Alejandro Tello luego de que el pasado 26 de junio se publicara en el Periódico Oficial un acuerdo administrativo para otorgar un bono quinquenal por única ocasión a altos mandos del Gobierno del Estado, una bomba que explotó hasta este martes.
Y es que no se trata de cualquier cosa, pues en los lineamientos se plantea que este bono sea el equivalente a entre 120 y 150 días de salario para secretarios, subsecretarios y directores generales con al menos 6 meses de antigüedad, con recursos de la partida 1711 del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas y aplicará tanto para dependencias de la administración centralizada como descentralizada.
Pero vaya que este acuerdo administrativo ha generado montones de críticas, pues cuánto tiempo el mandatario alegó que no había recursos para esto o aquello, y de pronto salió con la sorpresita.
Lo cierto es que al personal de salud que se fletó en la primera línea de batalla durante la pandemia le tardaron meses en dar el llamado Bono COVID, por míseros 4 mil pesos comparado con lo que indica el acuerdo administrativo. Con estas cosas, los 18 mil pesos de bono que reclaman trabajadores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) hasta parecen insignificante. ¿Y todavía querían llevarse los lápices?
Una Legislatura muy “estraña”
Y hablando de críticas, el diputado Omar Carrera no dejó pasar la ocasión y en Asuntos Generales de la sesión de este martes también despotricó en contra del acuerdo administrativo, para reconocer la “productividad y eficiencia” de los altos mandos con el bono extraordinario. ¿Cuántos cumplirían con este criterio? Porque este miércoles 30 de junio es el plazo para dar a conocer el listado de quienes serán acreedores de este beneficio.
Para Omar Carrera, debería haber otras prioridades con ese recurso, como obra pública o infraestructura carretera, e insistió en que simple y sencillamente ese bono nunca se aprobó en el Presupuesto de Egresos 2021, de ahí el acuerdo administrativo publicado y que también estará sujeto a la disponibilidad financiera.
Pero más allá de las críticas, la sesión legislativa fue una clara muestra de que tenemos diputados que dejan todo para el final, pues tuvieron que desahogarse casi 50 asuntos y todo indica que este miércoles será igual.
En Asuntos Generales también intervino la diputada Mónica Borrego, quien agradeció por la oportunidad de estar durante dos Legislaturas que le permitieron presentar “montones” de iniciativas y puntos de acuerdo, aunque la sociedad recuerda casi casi nada más una: la reforma al Código Familiar para permitir los matrimonios igualitarios, una iniciativa que fue enviada a la congeladora. No se sabe si lloró de la emoción por ese motivo o porque ya se terminará su dieta.
Aguas con los deudores alimentarios
Aunque recién pasó el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT+, los diputados aprobaron reformas al Código Familiar del Estado de Zacatecas, sin incluir el tema de matrimonios igualitarios porque “Dios no lo quiera”, a pesar de argumentar que los nuevos cambios serían para eliminar aspectos discriminatorios u obsoletos.
Para los legisladores, hoy es una prioridad crear un Registro de Deudores Alimentarios morosos para que la autoridad cuente con información fidedigna y real de quienes dejan de cumplir con su obligación y hasta eliminan la posibilidad de no pagar pensión alimenticia por no tener medios económicos para ello.
Además, los padres ahora podrán elegir con total libertad en qué orden registrarán los apellidos de sus hijos, y también se creó la figura de “alienación parental” para evitar que los padres manipulen a sus hijos con la finalidad de generar rechazo, odio y rencor contra alguno de los dos.
Se elimina también la figura del adulterio y la posibilidad de celebrar matrimonios con menores de edad, incluso cuando contaran con la autorización de los padres o tutores; en cambio, se incluye la causa de violencia intrafamiliar en las actas de defunción cuando haya sentencia firme y al momento de matrimoniarse, será obligatorio declarar si se ha estado sentenciado o no por este delito, entre muchos otros cambios.
Avanza la justicia laboral
A propósito de cargas de trabajo, donde seguramente tendrán mucha chamba una vez que termine esta administración será en el Poder Judicial, especialmente en el Tribunal Laboral, así como en el Centro de Conciliación que depende del Ejecutivo, aunque nada extraordinario que no se haya presentado en cada cambio de administración.
Y es que al Poder Judicial que preside el magistrado Arturo Nahle le tocó iniciar con el nuevo modelo de Justicia Laboral luego de la reforma en mayo del 2019, pero tuvo que transitar en medio de una pandemia que mantuvo durante buen rato suspendidas las actividades presenciales.
Hoy Zacatecas es la segunda entidad en el país, de las primeras siete que participan en la primera etapa, en iniciar con este nuevo modelo que en el caso del Tribunal Laboral queda en manos de las juezas Érika Cristina Ramírez Román en la Capital y Susana del Hoyo González en Fresnillo.
Sin embargo, apenas enfrentarán el verdadero reto que implican estas nuevas áreas para la justicia laboral, pues las cifras que ofrece el INEGI respecto al 2020 representan apenas la mitad de lo que se registró en asuntos laborales durante el 2019, principalmente debido a las condiciones propias de la pandemia.
Lo cierto es que desde su puesta en marcha, en Zacatecas no han bajado el ritmo en el Tribunal Laboral y se han mantenido en coordinación con el Centro de Conciliación para garantizar la protección a trabajadores, empleadores y sindicatos. Y recuérdese que este aspecto es fundamental para la atracción de inversiones.