Pasada la jornada electoral del 6 de junio, hay quienes no se duermen en sus laureles y mantienen el trabajo del obradorismo en Zacatecas. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) esperará hasta el 15 de julio por los tiempos legales para hacerlo, desde ya se han organizado diversos simpatizantes obradoristas para comenzar una campaña denominada “Juicio a Expresidentes” con la que pretenden difundir la consulta popular, a realizarse el 1 de agosto de este año.
Para ello, se han organizado ya algunas asambleas informativas en diversos puntos del estado para difundir de qué se trata este ejercicio democrático con el que se pretende llevar a juicio a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.
Se trata de un mecanismo que ya tiene sus antecedentes en Baja California, cuando un grupo de ciudadanos realizó una primera consulta popular para determinar la instalación o no de la empresa cervecera Constellation Brands en Mexicali e hicieron tan buen ejercicio que evitaron su instalación.
Ahora este modelo se pretende llevar a gran escala, porque para ser vinculante se requiere de la participación de al menos el 40% del listado nominal, es decir, unos 37.3 millones de votos, más de los que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018 cuando llegó a la Presidencia.
Resistencias a la Consulta Popular
Sin embargo, llegar a este punto no ha sido fácil. Recuérdese la pregunta original y el lavado de manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cambió el sentido de la pregunta para hacerla más críptica e incomprensible: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Y es que, a juicio de los ministros, debió eliminarse el nombre de los expresidentes para evitar una violación a sus derechos, además de otras argucias legales que al final terminarán con un “Sí” o un “No” de los votantes.
Cierto es que durante sexenios se han hecho señalamientos contra los expresidentes sobre presuntos actos de corrupción, y si son o no investigados, eso ha quedado en manos de las autoridades, incluyendo la actual administración que ya va casi a la mitad de su sexenio.
Para muchos, esta Consulta Popular es una manera de dejar en manos de la ciudadanía una carga política que no se pretende asumir desde la Presidencia. Si algo se halla en el pasado, fue lo que mandó la ciudadanía; si no se encuentra, se cumple el protocolo y “más atole con el dedo”. Si ya existen elementos, ¿por qué no iniciar el juicio y evitarse un gasto de 500 millones de pesos en la consulta?
En Guadalupe se olvidaron de la pandemia
En su afán de apoyar a la marchista Ilse Guerrero rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, en el Ayuntamiento de Guadalupe dieron muestra de que la pandemia ya quedó en el pasado.
Y es que este fin de semana cerca de 450 corredores salieron a las calles de este Pueblo Mágico para participar en la carrera Sueño Olímpico, la primera que se realiza luego de 15 meses de contingencia sanitaria por el COVID-19 y las cifras indican que ahí viene la tercera ola de contagios.
Por eso para muchos resultó extraño que en los acceso a la carrera se dispusiera de estos arcos sanitizantes que han servido para maldita la cosa, pero al menos daban la finta de que algo se estaba haciendo en espacios de gran afluencia para evitar contagiadero.
Pues con esa irresponsabilidad, porque los casos más recientes han sido en Guadalupe principalmente, sobre todo por contacto con personas contagiadas, en Guadalupe quisieron echar la casa por la ventana e incluyeron categorías libre, máster, veteranos, chiquillos y chiquillas y hasta gente en silla de ruedas, todo con tal de montar un nuevo capítulo de vanidad y faramalla en una administración que ha sido más pan y circo que resultados.
Pero al mismo tiempo, en los tianguis del municipio fue notable la ausencia de filtros sanitarios y de las medidas básicas de prevención, incluyendo el cubrebocas, porque se podían ver familias completas que llevaban a la chamacada como un domingo cualquiera, sin respetar los protocolos sanitarios. ¿Listos para otro capítulo del show “los doctores son los héroes de la pandemia”?
Ley de Cultura, a modo
Entre las múltiples iniciativas que aprobaron “fast track” los diputados locales, destaca especialmente la Ley de Cultura del Estado de Zacatecas y sus Municipios, porque integra otros ordenamientos legales que ya existían en un solo documento y añade otras figuras que la actualizan, aunque en términos generales, es la misma gata, pero revolcada.
Y es que casi sin moverle un punto o una coma, la nueva Ley de Cultura es un parchadero de otras leyes locales, aunque ahora parece más centrada en promover una “cultura del entretenimiento”, dejando en manos de los municipios la responsabilidad de darle un enfoque social.
Baste consultar el Capítulo V sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo para darse cuenta de que en adelante la política cultural se ejecutará a través de industrias culturales bajo este enfoque y para la atracción del turismo.
Pero no solo eso. Para la total implementación de la iniciativa se requiere actualizar categorías para cuatro jefaturas de departamento, tres subdirecciones y tres direcciones.
Además, en el dictamen sobre el impacto presupuestario de la iniciativa se emite una factibilidad negativa y un balance presupuestario sostenible de efecto negativo debido a que la iniciativa implicaría un costo de 254 millones 923 mil 802.41 pesos, más un incremento de un 20% en los años subsecuentes y hay que considerar que para este 2021 al Instituto Zacatecano de Cultura apenas le asignaron 96 millones 486 mil 18 pesos de presupuesto.
Así pues, ¿nuestros diputados de verdad leen lo que aprueban?