El próximo 1 de agosto se realizará el primer ejercicio de Consulta Popular para preguntar a la ciudadanía si quiere o no que se inicien las acciones legales pertinentes contra actores políticos por sus decisiones del pasado para esclarecerlas… o algo así iba la pregunta rebuscada que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El “chistecito”, aparentemente, costaría unos 500 millones de pesos; sin embargo, la cifra podría ser aún mayor, considerando que del 15 de julio al 1 de agosto habrá veda electoral y no se podrá emitir publicidad ni propaganda gubernamental, excepto en los casos ya aprobados por el INE y que fueron publicados este lunes en el Diario Oficial de la Federación.
Eso significa que muchos de los gobernadores que pretendían presentar su último informe de gobierno en este periodo tendrán que hacer ajustes para el remate de sus administraciones y eso vaya que costará algunos millones en conjunto, incluyendo al gobierno de Zacatecas, cuyo mandatario Alejandro Tello planeaba rendir su informe el próximo 29 de julio.
Claro que no solo se tratará de los gobernadores que dejarán su encargo en próximos meses, sino también de alcaldes y diputados a quienes ya cantan “Las Golondrinas”, lo que impedirá conocer y evaluar lo que hizo cada representante popular en sus respectivas administraciones. ¿Golpe bajo o cayó como anillo al dedo?
¿Se acabó el romance?
Y hablando de cambios de administración, aquel romance que se pintaba entre las administraciones salientes y las entrantes parece que no duró mucho, ni siquiera entre el gobernador Alejandro Tello y el gobernador electo David Monreal.
Lejos de aquella voluntad política, transparencia y orden que se prometió semanas atrás, hoy la regla parece sacar los trapitos al sol y escupir veneno a diestra y siniestra con tal de seguir desestabilizando el proceso de transición.
Ahora tocó el turno a los alcalde electos de Zacatecas, Mezquital del Oro, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Apozol, General Francisco R. Murguía, Jalpa, Jerez, Tabasco, Jiménez del Teúl, Mezquital del Oro y Tepechitlán, todos de la coalición Juntos Haremos Historia, quienes exigieron la intervención de la Auditoría Superior del Estado y de la Secretaría de la Función Pública ante anomalías como supuestas contrataciones y otorgamientos de bases, a dos meses de concluir los gobiernos.
Y para hacerle el caldo gordo, también denuncian el “desfalco económico y material”, como el desmantelamiento de oficinas y vehículos. Como quien dice, acusan que no les dejarán ni una silla para sentarse. Y la chilleta, a pesar de que la propia Legislatura aprobó ampliar el periodo de revisión sobre el estado en el que los gobiernos entrantes recibirán la administración.
Si bien el llamado es a tomar acciones preventivas, la gente se sigue preguntando: ¿y dónde quedó el amor?
La letanía de quejas
Entre el listado de acusaciones de los alcaldes electos destaca el señalamiento sobre presunta contratación de personal cuando la Ley lo prohíbe al cierre de una administración. También el presunto proceso de “sindicalización” a pesar de no haber secretario general del SUTSEMOP en regla debido al amparo que está en proceso.
Y para colmo de males, acusan que en algunos municipios se autorizaron bonos a alcaldes, regidores, síndicos y hasta directores de departamentos. Solo falta que digan que ya hasta se llevaron el trapeador para hacer la limpieza de oficinas.
Lo cierto es que la Función Pública únicamente podría intervenir en el caso de servidores públicos estatales; para los demás, en los municipios, ahí tienen a sus respectivas Contralorías, esas que en su momento se dijeron aliadas y hoy no sacan un buey de la milpa.
Bien curioso que en la circular enviada por los alcaldes hacen un llamado a abstenerse de “los delitos que hoy están cometiendo en perjuicio de las administraciones futuras”. Si ya cuentan con los elementos para acusar que se trata de delitos, ¿por qué no denunciar de una vez en la Fiscalía?, ¿o se trata de llamaradas de petate, como ha sido consigna en la 4T, con tal de ganar reflectores y avivar el enojo social?
No vaya siendo que solo se trate de gente malintencionada, esos de “corre, ve y dile”, llevando y trayendo chismes y estos cayendo en el juego de la denostación. Aunque a estas alturas, lo cierto es que ya nadie podrá creerles esa transición “tersa” que se había comprometido. ¿Será que se rompieron los “acuerdos”?
Aprietan las tuercas a la 4T
Y hablando de la Cuarta Transformación, resulta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ahí donde despacha la comisionada Norma Julieta del Río (que dicen que lleva la mano cantante en el D21), le jaló las orejas a la Secretaría de Salud federal y ahora tendrá qué explicar con lujo de detalle quién y para qué se recabaron datos personales en los módulos de vacunación contra el COVID-19.
De acuerdo con la ponencia presentada por el comisionado Adrián Alcalá, la dependencia tendrá que buscar y entregar información relacionada con las personas encargadas de recabar datos personales en los centros de vacunación, precisando si son servidores públicos, el fundamento legal para su participación y cuántas hay en cada módulo.
También deberá proporcionar el Aviso de Privacidad en el que se indique la finalidad para la cual se recaban los datos personales, las instancias que los conservarán, el fundamento legal para solicitarlos y el tratamiento que se les dará.
Todo surgió a raíz de una solicitud de información, pero que casualmente coincide con varias denuncias registradas durante el proceso electoral 2020-2021 no solo en Zacatecas, sino en varios estados del país, donde se reportó a gente sin identificar que recababa datos personales de la población que acudía a vacunarse y que horas más tarde era contactada para la promoción del voto en favor de ciertos candidatos, coaliciones y partidos, lo que hizo sospechar a muchos sobre el tratamiento que la autoridad federal da a los datos personales. ¿Será por eso que algunos pretenden desaparecer al INAI?