Para muchos padres de familia, seguramente es urgente que sus hijos vuelvan a clases presenciales porque el modelo de educación a distancia, se vio, nunca funcionó y mientras pasa el tiempo, menos avanzan en su aprendizaje. Si duda será una generación con secuelas en su educación derivado de la pandemia por el COVID-19.
Sin embargo, a pesar de la urgencia, sigue pesando más el miedo a que los niños se contagien y no es para menos. Tan solo este jueves se registraron 21 mil 569 contagios en un solo día, la segunda cifra más alta en lo que va de la pandemia, y esto coincide con el anuncio (o terquedad) del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se reanuden las clases presenciales el próximo ciclo escolar, que inicia el 30 de agosto.
Hasta el momento van 69 millones 820 mil 231 dosis de vacunas aplicadas, pero solo la CansinoBio es de una sola dosis, precisamente la que aplicaron a docentes de todo el país, pero también de la que hay menos información y, hasta donde se sabe, con menor efectividad frente a otras vacunas.
En pleno ascenso de la tercera ola de contagios, con más de 243 mil muertes acumuladas desde que inició la pandemia y sin una vacuna aplicable a menores de edad, ¿qué garantías hay para la protección de la salud y la vida de los menores?
A las aulas, sí o sí
Pues todo lo anterior parece no importar al Gobierno de México, que a través de su secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, insistió en que hay diálogo permanente con las representaciones sindicales de todo el país para garantizar un regreso seguro a clases el lunes 30 de agosto.
Todo fuera como tener protocolos al interior de los planteles, manteniendo las butacas con el espacio vital adecuado, con su dotación de gel alcoholado, uso obligado del cubrebocas, restricción de algunas áreas que fomentan el contacto, tener agua potable en el 100% de las escuelas (y su respectivo jabón en los sanitarios), y un presupuesto suficiente para la compra de insumos de desinfección y el pago del personal de intendencia que realice estas labores las veces que sea necesario cada día para evitar contagios. Suena muy bonito, ¿verdad?
Pero luego de más de un año con clases a distancia, los planteles no cuentan con esas condiciones. En muchos casos no recibieron mantenimiento y no son pocos los que no cuentan con servicios básicos como el agua potable o el drenaje. Y se ve difícil que en un mes, sin presupuesto extraordinario, se solventen estas faltas.
Lo más preocupante es que al menos en planteles del sistema educativo público hay grupos de entre 30 a 50 alumnos en espacios reducidos, lo que dificultará seguir con las medidas de sana distancia para evitar contagios. Y sin vacunas suficientes, ¿habrá condiciones para regresar a las aulas?
El fracaso nacional del INSABI
Pues a propósito de la salud, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer sus estimaciones de pobreza multidimensional en el 2020 y que muestran graves retrocesos en el país, algunos derivados de la pandemia por el COVID-19, pero otras son responsabilidad de los gobiernos.
Entre estos retrocesos, dos de los principales tienen que ver con la salud. Entre el 2018 y el 2020 hubo un aumento exponencial en la población que carece de acceso a los servicios de salud, y considerando que también hubo un retroceso en la población con acceso a la seguridad social, no es gratuito que el CONEVAL haya observado fuertes debilidades en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que vino a sustituir al Seguro Popular.
Y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador está feliz, feliz, feliz, en Palacio Nacional, al menos 35.7 millones de mexicanos viven sin servicios de salud en medio de una pandemia y quizá en ese número van incluidos los menores con cáncer que llevan desde el inicio de esta administración sin recibir sus medicamentos.
Pero como ya es costumbre, seguramente el inquilino de Palacio Nacional tiene otros datos, o dirá en su conferencia mañanera que la información del CONEVAL “es verdad, pero exageran”.
Con estas cifras de espanto, sorprende la terquedad de insistir en el regreso a clases presenciales cuando prácticamente uno de cada cuatro mexicanos no tiene acceso a los servicios de salud. Y aún hay más…
¿Pobres, pero felices?
Antaño las familias mexicanas acostumbraban a decir “mientras haya salud, lo demás ya es ganancia”. El problema es que entre el 2018 y el 2020, los primeros dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no solo hubo retroceso en el acceso a los servicios de salud, sino que también se incrementó la población en pobreza y pobreza extrema.
Muchos dirán que se debió a los efectos de la pandemia por el COVID-19 y en parte puede ser verdad, pero la medición del CONEVAL también toma en cuenta que hubo mayor recepción de remesas en este periodo, aunque una distribución desigual de los programas sociales.
Eso se reflejó a nivel nacional en los últimos dos años, un periodo en el que es notable como la población en situación de pobreza o pobreza extrema aumentó notablemente en los estados del sur del país, una región que desde el inicio de la actual administración ha concentrado gran parte de los llamados Programas del Bienestar.
Pero la medición del CONEVAL demuestra que esos programas en algo están fallando, quizás en el hecho de que no se están entregando a los que menos tienen. ¿Dónde quedó eso de que “por el bienestar de todos, primero los pobres”?
Ah, es que tal vez el CONEVAL es una institución neoliberal creada por el PRIAN, el PRIAN, el PRIAN, y por eso hay que cambiar los indicadores a evaluar para empezar a medir “la felicidad”. ¿Entonces habrá que aplicar la de “ser pobres, pero felices”?