Este miércoles se vivió un episodio inédito en la historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que cinco magistrados decidieran remover a José Luis Vargas de la presidencia al considerar que con sus decisiones dañó la credibilidad del órgano electoral.
Recientemente, el llamado “magistrado billetes” fue señalado por probable enriquecimiento, al grado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Santiago Castillo Nieto congeló temporalmente sus cuentas bancarias al detectar gastos por 36 millones de pesos y reportar ingresos por 16.7 millones.
No solo eso. Se detectó que entre 2013 y 2017 duplicó sus ingresos derivado de depósitos en efectivo y aportaciones de varios gobiernos estatales y gastos millonarios en tarjetas de crédito.
A ello súmele decisiones cuestionables a su paso por el TEPJF, como el hecho de haber votado a favor de que Félix Salgado Macedonio conservara su registro como candidato a la gubernatura de Guerrero en la pasada contienda, o que respaldara la entrega de las “tarjetas rosas” del expresidente Enrique Peña Nieto, o que defendiera el triunfo de Martha Ericka Alonso en la elección del 2018 para la gubernatura de Puebla, o que promoviera la negativa al registro de México Libre por no haber comprobado el origen de sus aportaciones. ¡Vaya, vaya!
Varguitas y el pacto del PRIAN
El asunto del “magistrado billetes” pretendía meterse en el orden del día de la sesión de este miércoles, pero José Luis Vargas consideró que los trapitos sucios se lavan en casa, pese al reclamo de la magistrada Janine Otálora de que se trataba de un asunto público de interés de la sociedad, por lo que suspendieron la transmisión para un receso en el que se discutieron en privado los motivos de al menos cinco magistrados para removerlo de la presidencia.
Minutos más tarde, Janine Otálora se asumió presidenta por ministerio de Ley para reanudar la sesión y con los cinco magistrados presentes de siete que integran el pleno se determinó que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón asumiría la presidencia.
El asunto no quedó exento de reacciones, pues el “magistrado billetes” anunció que acudiría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y si bien los magistrados electorales son designados por el Senado, el TEPJF como organismo autónomo tiene facultades para elegir a su presidente a través de la Sala Superior. O sea, la decisión de los cinco magistrados “rebeldes” estaría en regla.
Recuérdese que José Luis Vargas fue impulsado por Enrique Peña Nieto para llegar al TRIFE y que el entonces senador panista Jorge Luis Preciado fue el único que advirtió al Senado de los riesgos de elegirlo, aunque al final obtuvo el apoyo del PRI, PAN y PRD para un periodo de cuatro años. Y ante esta nueva coyuntura, ¿quién salió en su defensa?
El paisano mete las manos al fuego
En efecto, en este asunto tan polémico uno de los primeros en salir en defensa del “magistrado billetes” fue el senador Ricardo Monreal Ávila, quien lamentó la situación que se vivió en el TEPJF y recordó que el Senado es quien interviene en la designación de magistrados electorales, tal como argumentó José Luis Vargas, por lo que apelaba a ir de la mano con la SCJN para “actuar de inmediato” a fin de atender y dar cauce a lo que ocurrió y así evitar una “crisis institucional”.
Pero su posicionamiento extrañó a varios, considerando que fue justamente el “magistrado billetes” quien ha puesto obstáculos a varios monrealistas desde su llegada al TEPJF, como ocurrió con la senadora Soledad Luévano, a quien retiraron el triunfo en la Capital de Zacatecas en el 2016 (mismo años que llegó el magistrado al Tribunal Electoral) y que en esta ocasión guardó silencio ante senda polémica en el TEPJF.
Será porque el “magistrado billetes” de un tiempo a la fecha sirve a otros intereses, lo que explicaría por qué el primero que salió en su defensa fue el paisano Ricardo Monreal.
Lo que sigue sin quedar claro son los motivos de los magistrados para remover a José Luis Vargas de la presidencia y que fueron discutidos en privado durante los minutos de receso decretados. El único argumento dado a través de un breve comunicado (y durante la sesión) fue que con sus decisiones había dañado la credibilidad del órgano electoral. ¿Qué de fondo hay en esta decisión y qué tanto se pudo afectar a la vida democrática del país bajo su presidencia?