Después de haber rechazado tres exhortos por el bloque oficial, por fin este jueves comparecerá ante el Poder Legislativo el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, solo que en esta ocasión su visita se limitará a aclarar dudas respecto a la propuesta de Paquete Económica 2022.
Para otro momento deberán quedar las múltiples dudas que se han planteado en los últimos tres meses respecto al estado de las finanzas que le heredaron a la nueva gobernanza, qué hicieron con los recursos disponibles (porque ya se ha comprobado en múltiples ocasiones que sí había dinero en las arcas) y por qué no se le pagó su salario a trabajadores y docentes, algunos de los cuales siguen en el viacrucis de no recibir ni un peso en los últimos tres meses.
El funcionario heredado por el quinquenio de Alejandro Tello, pupilo de la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, tal vez no hubiera respondido a estas y otras tantas preguntas. Cumplió su papel en la nueva gobernanza, facilitando el proceso de entrega recepción y acomodando los números para el presupuesto del próximo año.
Y hasta ahí. Porque su cercanía con ciertas figuras públicas hoy no es vista con buenos ojos para los “vulgares ambiciosos” que ya pusieron la mira en el 2024 y el 2027. El principal error de Ricardo Olivares fue usar sus habilidades en las finanzas para integrar un presupuesto a capricho. Y una vez aprobado, ¡adiós!
Las prioridades del presupuesto
Si quedaba duda de que la mano de Verónica Díaz Robles ha llevado a la nueva gobernanza a tremendos yerros que han sido nota nacional e internacional, basta ver la integración del presupuesto.
No es gratuito que para la Secretaría de Desarrollo Social se haya considerado un incremento de 302.3 millones de pesos, la segunda dependencia con el mayor incremento en su presupuesto para el próximo año, de 151.6 por ciento.
El argumento: aumentar los programas sociales para replicar la política de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también es falso.
Según el Anexo 5 del Presupuesto de Egresos respecto a la Clasificación programática por programas presupuestarios, al programa de Gestión para el Bienestar se destinarán 70.6 millones de pesos para el Capítulo 1000 y poco menos de 22 millones para operar el programa.
Y en los Créditos para el Bienestar Social se irán 6.4 millones de pesos en nómina y solo 5.4 millones para los financiamientos a los beneficiarios.
Ni qué decir del programa de Infraestructura Social para el Bienestar, al que le asignan 5.8 millones para la nómina y 71.5 millones para un programa que ejecutarán Obras Públicas del estado o de los municipios, no la Secretaría de Desarrollo Social.
Eso sí, habrá mucho dinero para repartir en becas y otros apoyos sociales que, igual que en la delegación del Bienestar, no se transparentan. Ojalá no tengamos un episodio de “estafa del Bienestar” como en el SEDIF.
¿Trampas en la austeridad?
Los errores que está cometiendo Verónica Díaz al meter la mano en la nueva gobernanza también se extienden al presupuesto de la Secretaría de Finanzas, una dependencia a la que plantean incrementarle poco más de 913 millones de pesos.
Después de la Secretaría de Educación y los Servicios de Salud, sería la tercera dependencia con mayor presupuesto, al disponer de unos 2 mil 749 millones de pesos. Sin embargo, aunque una parte se destinará al pago de la deuda pública, al menos 817 millones 51 mil 831 pesos se destinarán al Capítulo 7000, de inversiones financieras, y según los anexos de la propuesta del Presupuesto de Egresos, corresponderían a “Previsiones para erogaciones especiales”.
¿Esto qué significa? Que el recurso asignado a esta partida presupuestal será transitoria, temporal, mientras se determina en qué se va a gastar. Y en otras administraciones ya se ha demostrado que normalmente se eroga en “bonos” para la burocracia.
Según la nueva gobernanza, hay que reducir la burocracia para liberar la presión sobre el gasto en nómina. Por eso se plantea bajar el presupuesto del Capítulo 1000 en unos 11.2 millones de pesos.
Sin embargo, mientras en el 2021 se proyectaba contar con 7 mil 200 plazas centralizadas y 1 mil 782 descentralizadas; para el próximo año se prevé incrementar a 8 mil 237 plazas centralizadas y 1 mil 965 descentralizadas.
Una de dos: o recortarán los salarios de los trabajadores, o esas “previsiones para erogaciones especiales” ya sabemos a qué se destinarán…
Arturo Nahle se mete a la pelea
No es gratuito que el magistrado Arturo Nahle haya dado duras declaraciones en entrevista radiofónica con Francisco Esparza Acevedo una vez que se supone que al Poder Judicial le recortarían 35 millones de pesos, cuando requería un incremento para garantizar la operatividad del sistema de impartición de justicia.
Días antes, muy orondo, el diputado Ernesto González Romo había celebrado por todo lo alto la propuesta de Presupuesto de Egresos que había enviado el gobernador David Monreal, argumentando por un lado el recorte al Poder Legislativo para evitar más “estafas” con factureras, pero también porque al Poder Judicial le recortarían recursos para evitar las jubilaciones doradas de exmagistrados.
Solo que ahí le falló, pues la labor de un legislador nunca, nunca, nunca podrá compararse con los jueces que tienen que dar la cara ante peligrosos criminales como los que hoy combate la Guardia Nacional en Valparaíso o Fresnillo para dictarles sentencia condenatoria.
A diferencia de los legisladores que desquitan el salario proponiendo exhortos, como el propio diputado González Romo, los jueces arriesgan el pellejo todos los días para que se haga justicia a las víctimas de un delito, y es aún más delicado en medio de una crisis de inseguridad como la que vive Zacatecas.
Muy justa la exigencia del magistrado Arturo Nahle para que al menos el gobernador respete la palabra empeñada sobre un presupuesto irreductible para el Poder Judicial. En cambio, si se aprueba en sus términos, sin cambiarle una coma, Ricardo Olivares será la siguiente cabeza en rodar, pues habrá cumplido con su única labor de integrar un presupuesto a capricho del “bienestar”.