Pues sí: este martes se da lectura al dictamen sobre el Paquete Económico 2022, al que los diputados de la Comisión de Presupuesto no le cambiaron ni una coma, ni un punto. Un dictamen que solo requerirá mayoría simple de 16 votos para ser aprobado “en sus términos originales” en la sesión del próximo jueves.
¿Cómo podríamos entender las audiencias en las que atendieron a los titulares de los entes públicos que sufrirían recortes en su presupuesto? ¿Simulación? ¿Atole con el dedo? ¿cortesía política?
No importa que la nueva gobernanza haya propuesto un Paquete Económico optimista. La verdad es que el incremento real ni siquiera compensa la inflación, mucho menos el impacto que pueda tener una quinta o sexta ola de contagios por COVID-19.
Lo cierto es que este lunes nuevamente fueron citados los representantes del Poder Judicial, colectivos de feministas, hasta el rector de la UAZ y muchos más organismos públicos para seguir analizando el presupuesto, cuando ya se tenía un dictamen planchado, votado y listo para proponerlo en la sesión de este martes.
La nueva gobernanza le apuesta a hacer modificaciones al presupuesto durante el año y compensar los diversos recortes planteados. Sin embargo, ni el Presidente ha dado su brazo a torcer y por lo que se sabe, el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, ni siquiera ha podido conseguir el recurso que pide el gobernador para el cierre de año. ¿De verdad llegarán esos miles de millones que estiman en el presupuesto 2022?
El cinismo del combate a la corrupción
Vaya osadía la del gobernador David Monreal al presentarse en el Encuentro sobre integridad, transparencia, prevención y sanción de la corrupción, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Tal vez fue el apapacho político que le hacía falta a la comisionada Norma Julieta del Río, aunque en el fondo muy poco tiene que presumir la nueva gobernanza sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, iniciando por el recorte al presupuesto del órgano garante de la transparencia en lo local.
Solo Dios sabe qué tiene que ver el combate a la corrupción con las medidas de “austeridad republicana” (que otros ya han llamado “austericidio”) y responsabilidad financiera. Gastar solo lo indispensable y eliminar los gasto superfluos y suntuosos.
El mensaje, evidentemente, fue para administraciones anteriores caracterizadas por “el dispendio”, pero poco dice de los contratos firmados apenas el 23 de noviembre (dos días antes de la visita presidencial) en el área de seguridad pública para adquirir productos y servicios de Seguritech, una empresa señalada por numerosas irregularidades en otros estados, como bien expuso Gabriel Contreras en su portal Agenda Política.
Lo anterior deja ver que por mucho que se elimine el gasto superfluo, las prácticas de corrupción se perpetúan, mutan y se cuelan mientras haya dos partes: el que corrompe y el que es corrompido. ¿Qué medidas tomará la SFP para evitar estas prácticas en la nueva gobernanza?
La opacidad empieza con una mentira
Desde que tomó posesión del cargo, ¿cuántas veces ha repetido en sus mensajes el gobernador David Monreal que en Zacatecas “no hay, no hay, no hay” dinero porque saquearon al estado?
Y una y otra vez, los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y hasta la propia Secretaría de Finanzas demuestran que la nueva gobernanza sí ha tenido recursos desde el inicio y que, así parece, con dolo han dejado de pagar salarios, jubilaciones, proveedores, contratistas y hasta la ministración de recursos a otros poderes y organismos públicos autónomos.
Pues bien, en el Encuentro del INAI el mandatario siguió repitiendo el gastado discurso de que heredaron una deuda de más de 10 mil millones de pesos, entre compromisos a largo plazo, proveedores, adeudos con organismos descentralizados, nómina magisterial y la quiebra del sistema de pensiones.
Y todo como “resultado de la irresponsabilidad, la indiferencia y la insensibilidad de gobiernos que traicionaron la confianza del pueblo y no le respondieron con resultados”. Solo que la nueva gobernanza recontrató a los perfiles que motivaron eso que hoy acusa. ¡Pero qué bonita es la demagogia!
Lo importante es que en el próximo presupuesto, el recurso se irá a los ejes tractores que promueve Monreal Ávila, aunque sin proyectos concretos y que solo hacen pensar que el “saqueo hormiga”, antes condenado, hoy será permitido y hasta celebrado.
Recuérdese el ejemplo de la deuda pública, pues en la propuesta de Paquete Económico 2022 se proyecta la contratación de un crédito de corto plazo por 1 mil 200 millones de pesos. ¿Ahora sí se permiten y antes no?
¿Y cuánto es lo menos?
Quien de plano se ha hecho de la vista gorda ante estos y otros señalamientos a la nueva gobernanza es el diputado local Ernesto González Romo, quien hoy parece enfrascado en una guerra personal contra el magistrado Arturo Nahle, de quien un día sí y otro también, a través de sus redes sociales o valiéndose de páginas de fake news (como las que abundaron durante el proceso electoral), exhibe los “inmorales salarios” en el Poder Judicial y en otros organismos que sufrirán recortes en su presupuesto.
El legislador, pupilo de la senadora Soledad Luévano (y beneficiario de los jugosos salarios en la Cámara Alta sin haber desquitado un solo peso), pretende juzgar con una pretendida moralidad algo establecido de forma constitucional, y en esa evocación de una doctrina franciscana mal interpretada, hoy pretende que cualquier ingreso que rebase los cinco dígitos sea moralmente inaceptable, como las “pensiones doradas” que hoy siguen sin ser pagadas a docentes jubilados a pesar de haber ganado su amparo.
González Romo, en su inexperiencia, busca pasar por el mismo rasero a cualquiera que devengue un salario con recurso público, sin considerar el servicio profesional de carrera, los años de servicio, el cargo desempeñado, las funciones que se realizan, la magnitud del trabajo efectuado o su importancia.
En su lógica, se asemeja mucho a esos que compran artesanías a los indígenas y se atreven a preguntar: “¿cuánto es lo menos?”, despreciando las horas de preparación y trabajo para llegar a un producto final. Alguien debería explicarle que no se paga por las 8 horas (o más) de trabajo desempeñado, sino por todo lo que hay detrás para cumplir con una función en el servicio público a la altura de lo que merece la ciudadanía.
En esa lógica: ¿cuánto es lo menos, diputado? Porque vaya que sus ocurrencias salen caras…