Tal vez cansada de, según ella, ser víctima de violencia de género, la diputada Imelda Mauricio Esparza decidió cobrárselas juntas a todos los que la han subestimado en su papel de presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Si pensaban que solo Ernesto González Romo tenía línea directa con el gobernador David Monreal, la exalcaldesa de Villa González Ortega y coordinadora del grupo parlamentario de MORENA hoy demuestra que también sus chicharrones truenan al son de la nueva gobernanza, aunque siga sin demostrar la capacidad para lograr acuerdos.
Resulta que el entramado para despedir a Álvaro Puente Ruvalcaba como director de Administración y Finanzas en la 64 Legislatura fue por obra y gracia de la diputada Imelda Mauricio, quien hoy pretende imponer a Ana Bertha Luna Quintero en el cargo a sabiendas de que se trata de un perfil enviado por la nueva gobernanza para incidir en las decisiones del Poder Legislativo.
Sería ella quien sembró la versión de que Álvaro Puente había ofrecido sus servicios para el desvío de recursos sin intermediarios, tal como en la “estafa legislativa” denunciada por González Romo, a fin de que en la sesión de comisiones unidas de Régimen Interno y de Planeación, Patrimonio y Finanzas celebrada en noviembre pasado se votara a favor de su destitución, porque en el fondo se trataba de imponer a un nuevo perfil que fungiera de “mano larga” para la nueva gobernanza.
Ese fue el principal motivo por el que los diputados Xerardo Ramírez, Guadalupe Correa, Juan Mendoza, Susana Barragán y otros más se retractaron de su decisión en una nueva sesión realizada el 20 de diciembre, pues la finalidad era evitar la intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Legislativo.
Previendo esta situación, en sesión del 22 de diciembre, el pleno aprobó por mayoría una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la que para cualquier cambio de direcciones en el Legislativo tuviera que pasar por la aprobación del pleno, exigiendo mayoría calificada con tal de evitar decisiones unilaterales de un grupo mayoritario.
Lo llamativo de la votación fue que estuvieron a favor de la iniciativa diputados del bloque oficial como Xerardo Ramírez, Georgia Miranda, Ana Luisa del Muro, Martha Elena Rodríguez Camarillo y la abstención de las diputadas Priscila Benítez y Susana Barragán (que se sumaron a los votos a favor).
En contra de la iniciativa se pronunciaron del bloque oficial: Armando Delgadillo, Zulema Santacruz, Sergio Ortega, Violeta Cerrillo, Imelda Mauricio, Roxana Muñoz, Analí Infante y Ernesto González. Una clara señal de que el grupo mayoritario también tiene sus diferencias y que no todos agacharán la cabeza ante la nueva gobernanza, especialmente si eso implica la intromisión de poderes.
Por esta razón, tanto la destitución de Álvaro Puente como la imposición de Ana Bertha Luna en la Dirección de Administración y Finanzas están en suspenso hasta que la decisión no sea ratificada o revocada por el pleno con mayoría calificada. Y ya sabemos que Imelda Mauricio no resultó tan brillante cuando se trató de llegar a acuerdos desde que pretendían instalar las comisiones legislativas.
¿Será que amor con amor se paga?, ¿o ese amor siempre fue una estafa?
Gaby Basurto le corrige la plana
Esta versión la confirmó la diputada Gaby Basurto en entrevista con la periodista Verónica Trujillo, donde aseguró que el tema es asunto de Imelda Mauricio en una franca violación a la normatividad, pues además de que se requiere mayoría calificada para poner y quitar direcciones en la Legislatura, hay otro punto de lógica elemental para quienes entienden de la administración pública.
Según la coordinadora de la bancada del PRI, sería contraproducente realizar un cambio en el responsable de las finanzas, en cualquier nivel de gobierno y en cualquier poder público, justo al cierre de un ejercicio fiscal y durante la revisión a la Cuenta Pública, porque estos procesos se verían interrumpidos por una entrega recepción que merecen atención aparte.
Y si a ello le agregamos que en la Legislatura está el rumor de que hay unos 10 trabajadores contagiados de COVID-19, aunado a que la 64 Legislatura está en periodo de receso, ¿cómo le iría al Poder Legislativo por la decisión de una sola persona y que ni siquiera cuenta con el apoyo total de su bancada?
A los panaderos se las hicieron de rosca
Mientras la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, tal vez sigue ocupada contando los lápices que se robaron en la administración anterior, el gremio de panaderos del estado de Zacatecas ha buscado por todos los medios posibles, incluyendo los medios de comunicación, al gobernador David Monreal para solicitar que se les pague lo que el gobierno de Alejandro Tello les quedó debiendo en 2020 y 2021.
El gremio, que genera unos 300 empleos directos que son el sustento de cientos de familias, denuncia que producto que esa corrupción que tanto acusa la nueva gobernanza, la administración anterior les quedó debiendo por sus servicios, que principalmente se concentran en la venta de roscas de reyes con motivo de esta tradición, un servicio que también buscan ofrecer al nuevo gobierno, al ser la única petición que realizan al año con cada gobierno.
Pero no han sido atendidos ni escuchados por el gobernador ni por algún otro funcionario de la nueva gobernanza, y el Día de Reyes ya es mañana jueves.
Lo anterior es una muestra más de que el gobierno que encabeza David Monreal no escucha a la población ni es de puertas abiertas, y no es el primer gremio que lo constata. Recordemos a burócratas y el terrorismo laboral del que han sido víctimas, docentes, jubilados del ISSSTEZAC, transportistas, padres de niños con cáncer, asociaciones, organismos autónomos y hasta el Poder Judicial.
Y a como van las cosas en apenas tres meses y medio de gobierno, las cosas no pintan para mejorar en los próximos seis años, pues arrancando el 2022 ya inició otra tanda de despidos en la burocracia. ¿Feliz año nuevo?
Terrorismo laboral en el SEDIF
A propósito del terrorismo laboral, en reiteradas ocasiones trabajadores del Sistema Estatal DIF han señalado la prepotencia, los gritos y las humillaciones de las que han sido víctimas desde que llegó Elisa Ramos Carrillo como directora.
Muchas veces han tratado de hacer llegar a la presidenta honorífica, Sara Hernández, este tipo de abusos por parte de la directora de la institución, quien a punta de gritos y prepotencia pretende que sus indicaciones se apliquen al pie de la letra.
Pero la dinámica en el SEDIF, se sabe, atiende a sectores de la población en sus necesidades más sensibles por el grado de vulnerabilidad de los beneficiarios de los programas y con trabajadores que son víctimas de este tipo de violencias difícilmente se pueden lograr los objetivos del sistema.
Tanto ha decepcionado la nueva gobernanza que los trabajadores que hoy son víctimas de estos abusos por parte de la directora Elisa Ramos en su momento votaron por David Monreal para la gubernatura y, sin embargo, hoy les demuestran que eso de “amor con amor se paga” son palabras que se lleva el viento.
Las humillaciones han llegado a tal grado que les obligan a realizar otro tipo de funciones para las que no están ni calificados ni se establecen en sus contratos, so pena de enfrentarse a un proceso de recisión laboral.
¿Será que sus quejas tendrán consecuencias o se mantendrá en el cargo a la recomendada por el alcalde Julio César Chávez Padilla?