Luego de meses alejado de la realidad que vive Zacatecas, por fin a David Monreal le cayó el 20 de que ya es gobernador y empezó por asumir ese papel este fin de semana, no sin varios tropiezos que dejan ver que el mandatario aún no ha dejado la campaña que concluyó el pasado 6 de junio.
Pues bien, luego de la escalada de casos de COVID-19 en la entidad, el sábado pasado el gobernador ofreció una conferencia virtual para detallar las medidas a tomar para la contención de la pandemia, incluyendo la suspensión de clases presenciales a partir de hoy y hasta el 20 de enero.
Lo hizo cuando en el estado se han tenido cifras récord en el número de contagios, en gran parte debido a la relajación de medidas durante el periodo vacacional de diciembre.
Y apenas este domingo ofreció otra conferencia virtual para dar cuenta de las cifras en materia de seguridad al cierre del 2021, una conferencia en la que David Monreal seguía insistiendo en que la gente debe hacer memoria y recordar cuándo y cómo surgió la violencia, tras reiterar que se debió al descuido de administraciones anteriores.
A los zacatecanos les queda claro que la escalada de violencia no es un tema de hoy, sino de hace varias décadas, particularmente desde el 2002, cuando Ricardo Monreal aún era gobernador de Zacatecas. Pero nunca en la historia del estado los delincuentes habían dejado cuerpos sin vida a las puertas del Palacio de Gobierno.
Lo que hoy preocupa a la sociedad zacatecana, que sí tiene memoria, es qué se está haciendo y qué medidas se tomarán para reducir la incidencia delictiva, no solo ver el desfile de “cifras alegres” para lavarle la cara a la nueva gobernanza.
Porque en el recuento de cifras de la nueva gobernanza ocurrió casi lo mismo que en la visita presidencial de noviembre pasado: muchas cifras, pero pocos anuncios en concreto. Si acaso más equipamiento para los policías, la llegada de refuerzos de la Guardia Nacional y el despliegue operativo en regiones como Valparaíso y Sombrerete.
Lo cierto es que en varias ocasiones el gobernador reiteró que “la gente tiene que saber que estamos trabajando”. Un descalabro directo para Gerardo Flores, coordinador de Comunicación Social, al ser el responsable de la política de comunicación social en la nueva gobernanza.
Hoy la estrategia de comunicación parece dirigida a que únicamente sea el gobernador David Monreal quien tenga la facultad de informar el quehacer en el gobierno. Ningún funcionario tiene autorización de conceder entrevistas.
Y las áreas de Comunicación Social en cada dependencia, por mucho o poco que se les pague, ahora están limitadas a alimentar sus redes sociales con todo lo que diga o haga el gobernador. Y aplaudir.
Bajo esa lógica, los zacatecanos tienen que esperar a que el gobernador termine de desayunar su birria (y transmitirlo por redes sociales) para conocer el trabajo que realiza la nueva gobernanza, sin espacio para la retroalimentación, la crítica y el análisis.
Ni siquiera el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha atrevido a tanto. Si bien con su ejercicio de conferencias mañaneras cada día permite conocer información de coyuntura a nivel nacional, los secretarios del gabinete presidencial también hacen lo propio, porque de eso se trata la comunicación gubernamental.
Para colmo de males, ni siquiera hay certeza de que la nueva gobernanza esté ofreciendo información verídica, como ocurrió en la conferencia de este domingo, con “cifras alegres” en materia de seguridad que difieren de las reportadas en el portal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y, lo peor, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Finalmente, ¿quién miente con las estadísticas?
Fallan los abrazos ante los balazos
Aunque una parte la política federal en materia de seguridad va enfocada en abatir las brechas de desigualdad para reducir los índices delictivos, no todo el país vive las mismas circunstancias y se ha visto que la violencia no necesariamente responde a factores como las carencias sociales, sino a la ausencia del Estado.
Para el caso de Zacatecas, no tienen punto de comparación los recursos entregados a través de los Programas del Bienestar y los ingresos que se generan a través de actividades ilícitas.
Lo peor no solo es que dichos programas no están llegando a quienes deberían, la población de más bajos ingresos, sino que los cárteles hoy recurren al secuestro de jóvenes para reclutarlos en sus filas y eso no se puede combatir con ningún Programa del Bienestar.
No es gratuito que las entidades vecinas hayan optado por blindarse ante la inseguridad que hoy vive Zacatecas, pero especialmente desde la llegada de la nueva gobernanza. En su momento lo declaró el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo: en Zacatecas no están tomando el problema en sus manos y lo están delegando a sus vecinos.
Si se toman en cuenta las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Zacatecas mantiene una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes muy superior a la de estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango, Coahuila o incluso Jalisco, a pesar de que con la nueva metodología a Zacatecas le “desaparecieron” cerca de 500 homicidios dolosos.
Lo deseable no es militarizar el estado, pero la realidad actual es que urge la presencia de las fuerzas de seguridad en operativos estratégicos que no solo contengan, sino reduzcan esta incidencia delictiva. Pero mucho de esta política depende de la decisión del Presidente, quien parece minimizar la importancia del estado a nivel nacional.
La ubicación geográfica de Zacatecas es lo que está en disputa, pues facilitaría el traslado de estupefacientes hacia diferentes rutas comerciales del norte, centro y sur del país; sin embargo, si se blindara la entidad y los estados vecinos, los cárteles tendrían muchas complicaciones para operar y se podrían empezar a desarticular.
Pero ahí viene el 2024 y prioridades son prioridades. Como dijo el gobernador hace unos días: hay que encomendarse a Dios.
