¿Quién está detrás del terrorismo laboral?

Al día de hoy serán casi 3 mil trabajadores cesados del Gobierno del Estado cuyo calvario, para muchos, aún no termina. Y aunque los despidos masivos salieron a la luz desde los primeros días de la nueva gobernanza, al parecer el tema ya se habría “negociado” desde la administración de Alejandro Tello.

Concluida la elección del 6 de junio, no fueron pocas las sospechas de que el entonces mandatario estatal había entregado el estado a la nueva gobernanza. ¿A cambio de qué? Baste ver el actuar de la actual secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, más concentrada en la administración de Miguel Alonso Reyes que en las irregularidades de la administración inmediata anterior.

Pero los primeros visos habrían surgido desde abril pasado, cuando Israel Chávez Leandro y la planilla naranja fueron electos para la nueva dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), en un proceso plagado de irregularidades que fueron pasadas por alto por el Colegio Electoral. Y la instrucción venía “de arriba”.

Hoy es día que el líder sindical no ha dicho ni pío en defensa de sus agremiados que son víctimas de terrorismo laboral, porque ya se metieron hasta con el personal basificado, violando todo procedimiento en el afán de cesarlos.

Baste recordar el caso de más de 100 técnicos y operarios de los talleres en las diferentes dependencias, algunos con más de 30 años de antigüedad, que en octubre pasado fueron citados en el Auditorio del Edificio J en Ciudad Administrativa para una “capacitación”, que finalmente terminó siendo una amenaza: o se iban como guardias a vigilar las oficinas o les daban cuello.

Y sin decir agua va, sin capacitación de por medio y sin tener el perfil, mecánicos, electricistas, choferes y trabajadores que realizaban algún oficio en las dependencias desde entonces se han desempeñado como guardias de seguridad de las oficinas en Ciudad Administrativa, a pesar de que este servicio se contrataba a la empresa Seguridad Privada Industrial Omega S.C.

Lo peor es que habría sido Israel Chávez (que aparece en la lista negra del SAT como contribuyente incumplido con el pago de sus impuestos) quien presionó a los trabajadores a someterse al cambio de área con la promesa de que serían compensados con un bono, prestaciones y mejores condiciones laborales. Nada fue cierto.

Así pues, abandonados por su líder sindical, estos trabajadores deben vigilar las oficinas día y noche, de lunes a domingo, sin contar con un arma o equipo de protección, enfrentándose a posibles visitas de “gente inesperada”, con el temor de que un día lleguen a sumarse a las cifras de víctimas de la delincuencia.

Muchos no olvidan cuando el gobernador David Monreal calificó de “huevona” a la clase trabajadora, una acción que no quedaría sin respuesta, de no ser porque el pronunciamiento firmado por la base trabajadora nunca lo quiso hacer público el dirigente del SUTSEMOP. El miedo no anda en burro…

El acuerdo que fue mentira

Siguiendo con las infamias, sería el 26 de junio del año pasado cuando en el Periódico Oficial se publicó el “Acuerdo Administrativo por el que se emiten los Lineamientos para el Otorgamiento de una Percepción Extraordinaria por Única Ocasión a las y los Servidores Públicos que Ostenten el Cargo de Secretarios, Subsecretarios y Directores Generales del Poder Ejecutivo del Estado”.

En aquel entonces el tema trascendió como un supuesto bono por fin de administración, como aquellos que solían darse desde tiempos de Amalia García Medina. Pero en el fondo sería algo más grave.

En el artículo 6 del citado Acuerdo se establecía un pago por 120 a 150 días de salario, con todos los conceptos que lo integran, aunque al final se trataba de un finiquito disfrazado de “percepción extraordinaria” que ni siquiera consideraba los años de servicio.

Publicado el acuerdo, aún en la administración de Alejandro Tello, desde entonces los directores administrativos de cada dependencia requirieron al personal, uno a uno, para informarles del término de la relación laboral sin mediar un procedimiento adecuado ni ceñido a la Ley del Servicio Civil, y pese a que varios trabajadores tenían en su trayectoria más de 30 años de servicio.

Como muchos no aceptaron el Acuerdo, los casos fueron “heredados” a la nueva gobernanza, que desde el primer día trajo a los trabajadores en una danza entre la Coordinación General Jurídica, la Secretaría de Administración y la Secretaría General de Gobierno para resolver su situación.

Y no son pocos quienes señalan a José Luis González Orozco como “el licenciado” que, incluso sin pertenecer al Gobierno del Estado, atendió sus casos sin tomar en cuenta el perfil, la trayectoria, la preparación, el desempeño y todo aquello que documentaron en los formatos que les fueron entregados a los trabajadores para justificar su permanencia en su espacio laboral.

Sería el 9 de octubre cuando la nueva gobernanza publicaría en el Periódico Oficial los Acuerdos en materia de Retiro Digno y Retiro Voluntario; y el 27 de octubre, los Lineamientos de austeridad republicana en materia de recursos humanos.

Como se recordará, ese mes fueron cientos de trabajadores a quienes de manera irregular, incluso hasta vía WhatsApp, les notificaron la prohibición de acceder a las oficinas, so pena de incurrir en una falta administrativa o de carácter penal.

La “instrucción” era clara: liberar todas las plazas de directores y subsecretarios, sin importar la capacidad y trayectoria de cada perfil, mucho menos si los nuevos funcionarios reunirían ese perfil.

Sin embargo, ni siquiera para la entrega recepción individual se siguieron los procedimientos marcados por la normatividad, pues en muchos casos se le prohibió el acceso a las oficinas a los trabajadores hoy cesados y este acto tuvo que realizarse de manera virtual.

¿Quién estuvo detrás de estas decisiones? Habrá que preguntarle a la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, la más interesada en intervenir en los asuntos de la nueva gobernanza y, como se ha visto, en interferir en el trabajo del Poder Legislativo y Judicial.

Los corrieron y tampoco les cumplieron

En toda esta situación del terrorismo laboral denunciado por la burocracia, la constante es el maltrato, los malos modos, la humillación y hasta la pérdida de dignidad durante sus procedimientos, a todas luces violatorios de sus derechos laborales.

A ello habría que agregar el impacto emocional de haber entregado toda una vida al servicio público, dedicando tiempo y esfuerzo a capacitarse y prepararse para desempeñar de mejor manera sus funciones, una inversión que al estado le costó años y que en un, dos por tres la nueva gobernanza echa por la borda para abrir campo a operadores políticos sin capacidad ni experiencia para esos cargos, y el más claro ejemplo está en la Secretaría General de Gobierno.

Lo cierto es que esto representa para muchos la pérdida de su principal ingreso, a una edad en la que difícilmente podrán colocarse en otro empleo, en un periodo en el que históricamente se registran pérdidas de empleos en la iniciativa privada, y con la cuesta de enero, difícil panorama se vislumbra.

Lo peor es que algunos trabajadores que aceptaron retirarse del gobierno ni siquiera han recibido su finiquito completo y aún les deben quincenas ya laboradas, mientras otros optaron por recurrir a las demandas laborales, previendo que incluso la nueva gobernanza se haya infiltrado en los Tribunales de Justicia Laboral.

Y quizá lo más grave: muchos burócratas que hoy se enfrentan a este trato inhumano en su momento votaron y respaldaron el proyecto de la nueva gobernanza, quien muy pronto se olvidó de que “amor con amor se paga”.

Despidos se extienden hasta la ASE

Por si el terrorismo laboral en la nueva gobernanza no fuera suficiente, esta semana también inició el despido masivo del personal operativo en la Auditoría Superior del Estado (ASE), casi casi bajo las mismas circunstancias, sin un procedimiento adecuado, en medio de hostigamiento y condiciones arbitrarias para su separación que dan a entender que sí: la nueva gobernanza interviene en los asuntos de los otros Poderes.

En el órgano fiscalizador del Poder Legislativo hoy se esgrime el pretexto de la falta de presupuesto, considerando que para este año a este poder le recortaron casi 70 millones de pesos. Sin embargo, olvidan que a los trabajadores los protege la Ley del Servicio Civil y que una insuficiencia presupuestal no es motivo para cesarlos, sino que existen procedimientos específicos para ello.

Estas malas decisiones que se repiten en todo el sector público en el estado solo llevarán a un daño patrimonial más grande, pues implicará el pago de laudos, la reinstalación de trabajadores, el pago de salarios caídos e incluso indemnizaciones.

A muchos sorprende que el auditor Raúl Brito Berúmen, con tantos años de experiencia, incurra en estas prácticas que la propia ASE ha fiscalizado y observado de manera negativa en las Cuentas Públicas de varios municipios y del propio Gobierno del Estado. ¿O será que ya dobló las manos ante la nueva gobernanza para perpetuarse en el cargo?