Seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá las recomendaciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien recomendó tés, paracetamol y VapoRub para aminorar los síntomas del COVID-19 en su variante Ómicron.
Y es que este lunes en su conferencia mañanera, el mandatario reconoció que había amanecido un poco ronco, pero aseguró que solo se trataba de una simple gripa. Horas más tarde, una vez realizada la prueba, resultó uno más de los 11 mil 52 casos positivos al virus reportados este inicio de semana en el país.
Vaya mensaje de quien se niega a utilizar cubrebocas en su vida cotidiana y desestima sus síntomas, mientras la Secretaría de Salud federal lanza una campaña para que, ante cualquier síntoma, la gente asuma que se trata de COVID-19 y se aísle para evitar más contagios.
El caso del Presidente es prueba de que ni tres dosis de vacunas, ni el famoso “detente”, ni eso de “no mentir, no robar y no traicionar” son antídoto suficiente contra el virus si no se siguen las medidas básicas que todos, absolutamente todos, conocemos desde el inicio de la pandemia: uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial y la sana distancia.
Solo que en esta cuarta ola, como consecuencia de la relajación de medidas durante las fiestas decembrinas, los casos se han disparado como en Zacatecas y hay cada vez más conocidos que se han contagiado.
En Zacatecas se prenden las alertas
Este mismo lunes también resultó positivo el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, y el propio gobernador David Monreal anunció que en Gobierno del Estado hay al menos 126 trabajadores contagiados, principalmente en la Secretaría de Finanzas, donde 25 personas contrajeron el virus; en la Jefatura de Oficina del Gobernador y en la Secretaría de Administración, con 16 casos en cada dependencia; 15 contagios en la Secretaría de Desarrollo Urbano; 14 en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, además de 11 casos en el Instituto Zacatecano de Cultura y los casos en las demás dependencias.
La situación de Zacatecas tampoco es cosa menor, pues desde que inició el año los casos positivos por día han dado cifras récord en lo que va de la pandemia y todos los días se pueden ver largas filas de personas en espera de realizarse una prueba, tengan síntomas o no, de ahí que se esté limitando el número de pruebas a realizar por día para evitar la escasez, considerando que se tenían 10 mil pruebas y están por llegar otras 10 mil más.
Lo cierto es que, según cifras del gobernador, el pasado 4 de enero se tenía un 48% de las 199 camas para atención COVID-19 ocupadas y la cifra se duplicó hasta llegar a un 87% de ocupación este 10 de enero.
Esta situación ha obligado a los municipios a tomar medidas para la contención de la pandemia, como en el caso de Sombrerete, cuyo alcalde Alan Murillo tuvo que cancelar la celebración de matrimonios colectivos en el próximo mes de febrero, mientras en el municipio de Río Grande, el alcalde Mario Córdova ha gestionado 300 mil cubrebocas, 3 mil caretas y 100 trajes “anti-COVID”.
Ya en días pasados el Poder Legislativo había restringido el acceso al Congreso, además de establecer otras medidas para evitar que los casos ya registrados entre los trabajadores se siguieran multiplicando.
Ahora hace lo propio el Poder Judicial que encabeza el magistrado Arturo Nahle, pues el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas aprobó por unanimidad regresar a las medidas establecidas en años anteriores con el cambio de semáforo epidemiológico, incluyendo la reducción del personal de manera presencial, pero sin descuidar las áreas prioritarias en la impartición de justicia, como la entrega de pensiones alimenticias o las audiencias en los juzgados. Porque la justicia no descansa.
Lluvia de amparos contra la nueva gobernanza
Y a propósito de justicia, ya son cerca de 400 amparos promovidos ante la justicia federal por parte de jubilados del ISSSTEZAC con el propósito de que les paguen su pensión y el aguinaldo que tradicionalmente se les entregaba cada fin de año.
Porque hasta el momento van unas 17 suspensiones provisionales o definitivas a las medidas tomadas por la nueva gobernanza y el director del Instituto, José Ignacio Sánchez González, quienes aún se niegan a pagar lo que por derecho corresponde a los jubilados por sus años de trabajo.
Lo más grave es que a pesar de estas resoluciones de la justicia federal, la nueva gobernanza se sigue negando a pagar con el argumento de que se trata de “pensiones doradas”, sin poder presentar elementos sobre su ilegalidad.
Lo cierto es que de incumplir con estas resoluciones, no solo enfrentarían faltas administrativas que ameritarían la remoción del cargo, sino que también puede haber consecuencias penales al negársele a los jubilados un derecho. ¡Vaya chimba la que les espera!
