Mucha razón tienen el Movimiento de Bases en Defensa del ISSSTEZAC y la Asociación de Jubilados y Pensionados del instituto en sus demandas legítimas, pues han sido las principales víctimas de los malos manejos documentados en varias auditorías y cuyos responsables siguen impunes.
Eso sí, los platos rotos hoy los están pagando jubilados, pensionados y trabajadores en activo porque incluso la nueva gobernanza parece implicada en una red de complicidades y no hay visos de que pretenda solucionar la debacle del instituto, por el contrario, no han sido pocas veces que se ha insistido en la posibilidad de su desaparición, solo que para ello requieren primero un dictamen de quiebra financiera y a la larga saldrá más caro el caldo que las albóndigas.
Hasta el momento son ya 418 demandas interpuestas por 1 mil 84 pensionados a quienes no han pagado ni el aguinaldo de 2021 y en algunos casos ni siquiera sus pensiones, las cuales fueron suspendidas al ser juzgadas por al nueva gobernanza como “pensiones doradas” de más de 50 mil pesos. Y así lo dicen quienes hoy perciben más de 80 mil pesos mensuales, incluyendo esos “bonos” que la nueva gobernanza prometió desaparecer.
Ya desde el 2020 la Auditoría Superior del Estado (ASE) que encabeza Raúl Brito Berúmen había presentado un informe específico de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento realizada al ISSSTEZAC, solo del periodo del 15 de septiembre de 2010 al 31 de enero de 2020, de donde derivaron 106 observaciones y 139 acciones a promover.
Una auditoría similar promovió la exdiputada local Alma Gloria Dávila Luévano con un despacho independiente, de la cual derivaron 109 observaciones que tampoco han sido atendidas ni por la ASE ni por la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, sobre la auditoría realizada por la ASE aún hay múltiples sospechas sobre la complicidad del auditor para no sancionar a los presuntos responsables de la crisis del instituto, pues entre las acciones a promover, 62 fueron recomendaciones, 13 acciones para seguimiento en ejercicios posteriores, 1 para hacer del conocimiento de otras entidades y 63 para el fincamiento de responsabilidades por faltas administrativas.
Ninguna ameritó denuncias de hechos ni denuncias de juicio político. Tampoco parecen contemplar fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Como quien dice, “alguien robó”, pero nadie vio quién. O lo que es lo mismo: no hay delitos qué perseguir.
Por eso no es gratuito el enojo de jubilados y pensionados que la han tenido que pagar por la omisión de una cadena de autoridades, incluyendo la Secretaría de la Función Pública que hoy encabeza Humbelina Elizabeth López Loera, mientras al gobernador David Monreal no hay día que no le dé “mucha tristeza” ver cómo dejaron al ISSSTEZAC y alegar que “hubo corrupción”, sin mover un solo dedo para sancionar a los responsables. ¿Por qué? Porque la auditoría tampoco señala responsables. A lo mejor por eso la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo tampoco ha dado resultados.
La situación ha llegado a tal punto que el Movimiento de Bases en Defensa del ISSSTEZAC y la Asociación de Jubilados y Pensionados informaron este miércoles que han interpuesto una denuncia penal en contra del último director del instituto, Marco Vinicio Flores Guerrero, por haber recibido un finiquito irregular de 475 mil pesos, pese a que solo tenía un año y medio en el cargo. Muy bonitos los perfiles que aceptan en Movimiento Ciudadano…
Muy raro que desde hace años se ha señalado que el instituto no ha tenido los ingresos suficientes para invertir en el fondo de pensiones, pero jubilados y pensionados hoy señalan que aunque la ley lo prohíbe, se siguen utilizando los recursos de cuotas y aportaciones para gasto operativo. ¿De verdad la nueva gobernanza no miente, no roba ni traiciona al pueblo?
Lo cierto es que de las 106 observaciones que hizo la ASE, solo una ha sido atendida: quitarle el derecho al aguinaldo a jubilados y pensionados del ISSSTEZAC, pese a que ya van más de 400 demandas de amparo que han sido ganadas por la autoridad jurisdiccional y que han instruido al instituto a que se pague de inmediato, so pena de incurrir en delito penal.
Sin embargo, el actual director del instituto, Ignacio Sánchez González, parece que no está en lo que debe estar y replica el mismo discurso del gobernador: no hay, dejaron en quiebra al instituto, podría desaparecer, etcétera.
Contrasta, pues, con su última entrevista en la radio oficial donde anunció que este año pretenden recortar el 48% del gasto en nómina del instituto, es decir, buscarían reducir este gasto a 222.7 millones de pesos al año y ahorrarse la mitad, aunque resulta sospechoso que solo se destinen unos 35 millones de pesos para el programa de retiro voluntario. ¿O sea que habrá despidos a la mala?
Virgilio Rivera, inelegible
Pues a propósito de denuncias, el dirigente estatal de MORENA, Fernando Arteaga, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) y el Poder Legislativo una denuncia donde señala las condiciones por las cuales Virgilio Rivera Delgadillo sería inelegible en la terna para ocupar la magistratura vacante en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.
Por una parte, argumenta que así se señala en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo artículo 100 señala la prohibición hasta por dos años para los consejeros presidentes de los órganos electorales locales para ocupar un cargo público en el que hubieran participado en su organización y desarrollo, como en la pasada elección.
Por si no fuera suficiente, Rivera Delgadillo ya enfrenta un procedimiento penal debido a una denuncia donde también se señala a Blanca Lilia Rodríguez Barragán y Ricardo Humberto Hernández León, actual coordinador general Jurídico, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y administración fraudulenta debido a que el exconsejero del IEEZ avaló reconocer a Blanca Lilia Rodríguez como secretaria general del partido sin mediar procedimiento legal.
Por ello, Fernando Arteaga solicita que se declare inelegible a Virgilio Rivera, y en caso de ser electo magistrado, se le sancione conforme lo establece la Ley General en materia de delitos electorales, con una multa de 400 a 800 días.
Por lo pronto, este jueves se abrirá un periodo extraordinario para desahogar el dictamen sobre la polémica terna, en la que también participan Cecilia Cerros Aristorena y Beatriz Angélica Rojas Torres para ocupar la magistratura vacante. ¿Será que “por instrucciones del señor gobernador”, el bloque oficial votará por Virgilio Rivera?
Detienen a exsecretario de Seguridad de Alejandro Tello
El pasado martes elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República detuvieron a Froylán “N” por su presunta responsabilidad en el operativo realizado el 19 de junio de 2016 en el municipio de Asunción de Nochixtlán, Oaxaca, en el que murieron ocho personas y más de 100 resultaron lesionadas con armas de fuego.
El hoy detenido se había desempeñado como comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca y posteriormente se habría integrado al gabinete del exgobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, a partir de septiembre del 2016 como secretario de Seguridad Pública, cargo en el que permaneció solo nueve meses debido a la presión social exigiendo su renuncia ante la falta de resultados en materia de seguridad.
Durante su encargo en Zacatecas pesó sobre él el caso de Nochixtlán y su renuncia fue presentada justo a una semana de que se cumpliera un año de tan lamentables hechos.
Luego de su detención, Froylán “N” fue trasladado a las instalaciones de la FGR en San Bartolo Coyotepec para presentarlo ante el juez de control que lo requirió.
