Desesperados porque trabajo, lo que se dice trabajo, no ha habido desde el 12 de septiembre, en la nueva gobernanza les comían las ansias por enviar un mensaje “positivo” y cambiar la percepción del pésimo arranque de administración.
Así fue que el pasado 2 de febrero, en el Palacio de Convenciones, convocaron a los 58 presidentes municipales (aunque no todos asistieron) para anunciar algo que ya había cuestionado previamente el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal: saludar con sombrero ajeno.
Muy orondo, el gobernador David Monreal dio a conocer una supuesta inversión de 3 mil millones de pesos para infraestructura social en los municipios, solo que “se le olvidó” mencionar que se trataba de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), ambos con recursos asignados directamente desde la Federación a los municipios, sin intervención del estado.
La única función del estado respecto a estos recursos de origen federal es la publicación en el Periódico Oficial de la fórmula de distribución y calendarización hacia los municipios, aunque la nueva gobernanza hizo las cosas a su modo y esta vez pretendió someter a los 58 alcaldes a la firma de un convenio para condicionar la aplicación de recursos.
Pues en sus ansias de atribuirse esos 3 mil millones de pesos como una “graciosa concesión” del estado, la nueva gobernanza también cometió algunos errores, solo que esta vez los evidenció con otra publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, mediante una Fe de Erratas firmada por el secretario de Desarrollo Social, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, para precisar los montos correctos para los municipios de Loreto y Trancoso.
Al primero le habían asignado, según la publicación original en el Periódico Oficial, un monto de 9 millones 522 mil 544 pesos cuando debieron ser 39 millones 522 mil 544 pesos; mientras que a Trancoso le habían asignado 5 millones 52 mil 107 pesos, cuando el monto correcto era de 15 millones 52 mil 107 pesos.
Una diferencia de 40 millones nada más en esos dos municipios, cuyos alcaldes tampoco habían levantado la voz, y todo por hacer las cosas a la carrera, como ha sido característico en la nueva gobernanza. Si no, recuérdese la fallida licitación para la adquisición de las placas tan anunciadas, pero que a la fecha siguen sin un fallo definitivo, pese a haber lanzado una segunda licitación, aún más amañada que la primera. ¡Qué bonito gobierno!
Soledad Luévano sigue viva
Sí, aunque muchos lo duden, la senadora por Zacatecas sigue viva, aunque siga haciendo como que trabaja a través de sus redes sociales, esas donde últimamente se ha dedicado a hacer señalamientos a diestra y siniestra sobre la inseguridad que vive el estado, como si fuera “atínale al precio”.
La senadora Soledad Luévano ahora se manifestó en las redes sociales para “consultar a la ciudadanía” respecto a una propuesta legislativa para que la población pueda tener acceso a armas de fuego y actuar en defensa propia ante hechos delictivos.
Su “brillante idea” incluye, desde luego, que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) imparta cursos de defensa personal en todo el país y solo aquellos que aprueben todas las medidas de seguridad podrían acceder a los permisos de portación de armas de fuego, “con un registro muy estricto”.
Como quien dice, para la senadora falló la estrategia de “abrazos, no balazos” si la propia ciudadanía tiene que recurrir a la defensa propia, como una señal de que el estado no puede garantizar la seguridad de sus habitantes. Diría José Antonio Meade Kuribreña: “¡Nombre, unos genios!”.
Lo bueno es que en su consulta, la senadora Soledad Luévano es consciente de que “el aumento indiscriminados (sic) de armas también generaría accidentes en casa y aumentaría los asesinatos por disputas menores”, pero insiste en su propuesta como “una medida desesperada frente a jueces corruptos, fiscales inútiles y policías infiltradas”.
Más bien habría qué preguntarse qué ha hecho la senadora desde su cargo de representación popular para evitar que existan “jueces corruptos, fiscales inútiles y policías infiltradas”, porque si hablamos de corrupción, Luévano Cantú también tiene cola que le pisen desde su paso por la 61 Legislatura y las tan señaladas “herramientas legislativas” que hoy busca desaparecer su pupilo, el diputado local Ernesto González Romo.
La senadora más bien debería poner atención sobre las leyes que regulan a la Guardia Nacional y otras corporaciones, así como a las fiscalías y los poderes judiciales, y ya de paso darle una repasada a leyes y reglamentos porque con esta propuesta solo demuestra su desconocimiento en las facultades de cada corporación en los tres niveles de gobierno.
Tal vez estaría interesada en asistir a la conferencia virtual que ofrecerá el exsecretario de Seguridad, Arturo López Bazán, para hablar sobre las personas desaparecidas y su búsqueda, pues este vaya que dejó malos resultados durante su gestión en Zacatecas.
Mientras estuvo en el cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (10 de septiembre de 2020 al 19 de noviembre de 2021), se tiene registro de 867 personas desaparecidas y no localizadas en Zacatecas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación. ¿Y con esas cifras aún tiene cara para hablar del tema?
Respaldo a jubilados del ISSSTEZAC
Como en Zacatecas no parecen ser escuchados por un gobierno indolente que atenta contra sus derechos y su dignidad, jubilados y pensionados del ISSSTEZAC acudieron este martes a la Ciudad de México para exigir atención del gobierno federal a su problemática de la falta de pago de sus pensiones, pese a que muchos ya obtuvieron un amparo de la justicia federal.
Allá fueron recibidos por una comitiva de diputados de la alianza Va por México, entre ellos Miguel Torres, Fuensanta Guerrero, Amalia García Medina, Noemí Luna y Miguel Ángel Varela, quienes acompañarán a jubilados y pensionados en sus demandas.
En conferencia de prensa, hicieron eco de las arbitrariedades de la nueva gobernanza hacia adultos mayores que, a pesar de la orden de un juez, no han recibido sus pensiones y han tenido que recurrir a denunciar penalmente al director del instituto, Ignacio Sánchez, y a quien resulte responsable por la violación a sus derechos.
Son ya seis meses que más de 4 mil pensionados y jubilados han estado a la buena de Dios, en espera de que la nueva gobernanza se tiente el corazón y cumpla con sus obligaciones, porque hasta hoy solo ha demostrado que a pesar de sendas arbitrariedades contra un grupo vulnerable (que es prioritario en la 4T), su objetivo es no pagar y en esa actitud se mantendrá hasta que una autoridad federal ordene lo contrario.
El fondo es muy simple: lavarse las manos en caso de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) nuevamente les haga la observación. ¡Caray! Cuánta atención le ponen a una sola observación de las más de 100 que emitió el órgano fiscalizador y hasta el momento, ningún procedimiento sancionador contra los presuntos responsables del desfalco al instituto. Eso sí es trabajar…
