Entre las muchas “herencias malditas” que a la nueva gobernanza le han caído “como anillo al dedo” para justificar su mediocridad y abulia, hay algunas que prefiere no revivir y más cuando todavía permanece la sospecha sobre acuerdos con la administración que encabezó el priísta Alejandro Tello para entregar Zacatecas a David Monreal.
Hace poco más de un año, exactamente el 7 de marzo del 2021, en el domo de las instalaciones de la feria se celebró un mitin del tricolor para presentar a Claudia Anaya Mota como candidata de la coalición Va por Zacatecas a la gubernatura. Solo que al evento acudió el entonces gobernador Alejandro Tello para expresar su respaldo.
El hecho motivaría que el 12 de marzo del mismo año, MORENA presentara una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) por la probable comisión de varias infracciones, entre ellas que el entonces gobernador habría violado los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, así como el uso indebido de recursos públicos.
De la denuncia se derivó un procedimiento especial sancionador que obra en el expediente TRIJEZ-PES-008/2021, cuya sentencia fue emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) el 14 de junio de 2021.
Ahí se detalla que la denuncia también habría sido contra la entonces candidata Claudia Anaya por presuntos actos anticipados de campaña; y contra los partidos que integraban la alianza Va por Zacatecas, por la supuesta responsabilidad en la comisión de estos hechos. Solo que en la sentencia se declaró la inexistencia de dichos agravios.
Caso contrario ocurrió con el entonces gobernador Alejandro Tello, quien habría trasgredido los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, establecidos en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y es que a pesar de haberse realizado el evento en día inhábil, y aunque el titular del Ejecutivo tendría toda la libertad en sus derechos de afiliación político partidista, no tan fácil puede desprenderse de su investidura de gobernador y esta restricción es una importante limitación para garantizar procesos electorales en condiciones de equidad e imparcialidad.
Por tal motivo, los magistrados Rocío Posadas, Esaúl Castro, Teresa Rodríguez, José Ángel Yuen y Gloria Rodarte, aprobaron por unanimidad el proyecto de esta última, en cuyo resolutivo segundo se declara la existencia de la infracción, relativa a la vulneración del principio de imparcialidad, en contravención al artículo 134 Constitucional.
Y para ello, en el resolutivo tercero se daba vista a la 63 Legislatura del estado para que procediera a calificar la gravedad de la infracción e imponer la sanción correspondiente, sanción que hasta la fecha no se ha ejecutado.
Habrá que recordar que, según la Constitución local, la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta sanción podría ir desde una amonestación, una sanción económica, una suspensión, una destitución y hasta la inhabilitación, lo que daría “muerte civil”, en palabras del diputado Ernesto González Romo, al hoy exgobernador de Zacatecas en caso de que se aprobara la iniciativa que presentó el de MORENA apenas esta semana.
El problema es que a partir de la notificación de esta sentencia, el Poder Legislativo contaba únicamente con 30 días naturales para calificar la infracción e imponer la sanción correspondiente, pero han pasado ya nueve meses desde que el TRIJEZ dictó sentencia y de la sanción nada se sabe.
Correspondía a la 63 Legislatura cumplir con este ordenamiento a más tardar el 15 de julio del 2021, cuando todavía estaba en funciones. Sin embargo, llegó el 7 de septiembre con la toma de protesta a diputados de la 64 Legislatura y llevan seis meses en el cargo, sin darle cauce a este asunto.
Tal vez en la 63 Legislatura, donde la bancada oficial tenía mayoría, la sanción no habría pasado de una amonestación. Hoy que en la 64 Legislatura MORENA y sus aliados son mayoría, fácilmente podrían imponer la más dura sanción como un escarmiento y en señal de que “ni los mismos ni lo mismo”… a menos que se hagan que la Virgen les habla “por instrucciones del señor gobernador”.
Así pues, el futuro político del exgobernador Alejandro Tello (aquél de “si no cumplo, me voy”) estaría en manos de una bancada oficialista que tampoco está en lo que debe estar, promoviendo la revocación de mandato de manera ilegal y descuidando la función por la que fueron elegidos por la ciudadanía.
¿También con los traidores “amor con amor se paga”?, ¿o esas “herencias malditas” son favorables a la nueva gobernanza? Con eso de que se llenan la boca de discursos contra la corrupción del PRIAN, ¿con qué cara lo harán ahora si evaden sancionar el pasado?
Ahora alegan libertad de expresión
Pero qué ridículo están haciendo en la cuarta transformación pretendiendo violentar la Constitución y las leyes electorales, y fingiendo ser víctimas cuando los órganos electorales les leen la cartilla para ponerles límites.
Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador renegó de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que le ordena publicar en sus redes sociales una sentencia en su contra por el mensaje a la nación emitido el pasado 1 de diciembre.
Se argumentó que el mensaje fue transmitido en redes sociales y en la página oficial del Gobierno de México, así como en estaciones de radio y televisión con cobertura en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, que en esa fecha ya habían iniciado sus procesos electorales, sin olvidar que se usaron recursos públicos humanos, financieros y materiales para la organización y difusión del evento.
Más pronto que tarde, gobernadores de MORENA mostraron en redes sociales su apoyo al presidente, como David Monreal, quien expresó su solidaridad y respaldo porque “no se puede coartar nuestra libertad de expresión y el libre derecho a informar a la ciudadanía como servidores públicos que somos”.
Bien rara la nueva gobernanza, porque si algo le ha caracterizado es violentar el derecho a informar a la ciudadanía. Y la prueba la dio este mismo martes la titular del INCUFIDEZ, Albina Cerrillo, quien se negó a dar entrevista a los medios de comunicación para responder a las acusaciones que han hecho diversos atletas en su contra, con el argumento de que primero tenía que solicitar autorización al taquero, perdón, al coordinador de Comunicación Social, Gerardo Flores López.
¿Son o se hacen como el “tío Lolo”?
