Este 8 de marzo, el gobernador David Monreal y aliados de la nueva gobernanza se verían más bonitos calladitos, porque han contribuido más bien al retroceso en los derechos de las mujeres, sin olvidar que ha sido este sector el más afectado por la nueva administración.
Desde el lamentable episodio del “manoseo”, pasando por crucificar al magistrado Arturo Nahle alegando violencia política de género ante una “mecanógrafa” imaginaria, hasta el recorte presupuestal en la Secretaría de las Mujeres (SEMUJER), la nueva gobernanza ha sido todo menos aliada de las zacatecanas, algo que también deberían tener muy presente militantes de MORENA que ofrecieron rueda de prensa a propósito del 8M para aplaudir “el trabajo del gobernador en favor de las mujeres”.
Tampoco es que se pueda hablar muy bien del Poder Legislativo, luego de que la mayoría optó por el retroceso en el Poder Judicial al elegir a Virgilio Rivera como nuevo magistrado en sustitución de una mujer que había concluido su encargo.
Por supuesto que se trató de una decisión lamentable que opaca otras acciones positivas, como las reformas en torno a la lactancia materna, los divorcios en línea, incluso los matrimonios igualitarios.
Lo cierto es que al menos desde la nueva gobernanza han actuado sin perspectiva de género en los asuntos públicos, o tal vez lo reducen a la entrega de apoyos y programas sociales 50/50, cuando las necesidades y demandas de las mujeres son muchas, muy diversas y algunas más complejas que otras.
Desde hace unos años una de las principales demandas ha sido tener garantías de que no serán privadas de la vida por el hecho de ser mujeres, pues en el caso de Zacatecas, del 2015 a la fecha se han documentado al menos 75 feminicidios, pero no olvidemos que antes de tipificar este delito en el Código Penal los crímenes de odio contras las mujeres ya se documentaban como homicidios dolosos, solo que ahora cuentan con una agravante.
Tampoco hay que olvidar que Zacatecas sigue siendo de las entidades más rezagadas en legislar en torno a la despenalización del aborto o la interrupción legal del embarazo, un tema de salud pública que afecta no solo por condición de género, sino por nivel socioeconómico, edad e incluso el origen étnico.
Baste señalar que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Zacatecas se han registrado 17 casos de aborto en los últimos siete años, y sigue siendo considerado un delito en nuestra entidad, con agravantes decimonónicas como “no gozar de buena reputación” o “no haber ocultado el embarazo”.
No se puede dejar de lado que uno de los delitos con mayores víctimas es el de violencia familiar, que pasó de 735 casos en 2015 a 3 mil 453 el año pasado. De ese tamaño es el problema que urge atender con políticas públicas serias y fundamentadas y no entregando paliativos efímeros como despensas, tinacos o calentadores solares.
Veamos, por ejemplo, los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que señala que de las mujeres privadas de la libertad en Zacatecas, solo al 38.1% le habían practicado el papanicolau en el último año y únicamente al 18.2% un examen para la detección de cáncer de mama en el mismo lapso.
A la nueva gobernanza parece que no le ha quedado claro que las violencias contra las mujeres no se resuelven únicamente con becas, mucho menos si se recortan recursos a la dependencia encargada de generar los mecanismos que ayuden a este sector a salir de sus condiciones de vulnerabilidad, como el caso del embarazo en menores de edad, un tema en el que Zacatecas se ubica entre las 10 entidades con mayor incidencia.
¿Cuántas mujeres dependen de su pensión del ISSSTEZAC para cubrir su alimentación, vivienda y atención médica? Y sin embargo, la nueva gobernanza les violenta al retrasar sus pagos, lo mismo que en el caso del sector magisterial, y qué tal con el terrorismo laboral que aún se vive en el Gobierno del Estado…
Por cierto, qué mal mensaje dieron Gabriela Pinedo, secretaria general de Gobierno, y Zaira Villagrana, secretaria de las Mujeres, a propósito de las manifestaciones que se realizarán este día en la Capital. Obvio, no podía faltar el “por instrucciones del señor gobernador” para informar que se vigilarán las manifestaciones para que se desarrollen de manera pacífica, sin siquiera una sola mención a una política pública emprendida o por emprender por la nueva gobernanza.
Con todos estos antecedentes, ¿de verdad el gobernador David Monreal tendrá cara para hablar sobre el Día Internacional de la Mujer?
