La sesión ordinaria de este miércoles en la 64 Legislatura fue acaparada por el tema agropecuario con la presentación de al menos tres iniciativas para fortalecer a los productores.
La primera, presentada por el diputado José Luis Figueroa, para exhortar al Ejecutivo estatal para que a través de la Secretaría del Campo se realicen las gestiones necesarias para dar viabilidad financiera y respaldar el proyecto denominado “Soberanía y autosuficiencia alimentaria en México, maíz de alto rendimiento en Zacatecas”, cuya meta es sembrar 6 mil hectáreas en modalidad de riego y una inversión inicial de 30 millones de pesos con carácter de revolvente.
La segunda iniciativa, presentada por el diputado José Guadalupe Correa, para exhortar al gobierno federal a que de manera urgente Zacatecas se integre al programa Sembrando Vida y permita la incorporación de productores de agave de municipios como Tlaltenango y Juchipila, Villanueva, Valparaíso, Tabasco, Genaro Codina, Pinos, Chalchihuites, Jiménez del Teul y Sombrerete. La iniciativa, además de contribuir a la recuperación económica, también abonaría a la recuperación forestal y de suelos.
La tercera iniciativa, presentada por el diputado Ernesto González Romo, para reformar el Código Penal e incluir una agravante cuando se trate del delito de fraude cometido en perjuicio de productores.
Hasta ahí todo bien, de no ser porque el morenista González Romo quiso intervenir en el caso de la primera iniciativa para hablar a favor del dictamen y, nuevamente, cayendo en lugares comunes que denotan su desconocimiento de lo que ha ocurrido en el sector primario en la entidad (e incluso en el país).
Como suele hacerlo, habló desde su experiencia familiar (melodrama incluido, como aquella vez de una uña enterrada en el pie) para cuestionar que los gobiernos neoliberales del PRIAN dejaron abandonado el campo y por eso muchos productores hoy viven en rezago.
Y fue más allá, al argumentar que esos gobiernos neoliberales del PRIAN fomentaron la industrialización, lo que motivó que la población dejara paulatinamente las comunidades para trasladarse a las ciudades a laborar en fábricas a cambio de salarios raquíticos.
Bien dicen que “cada quién habla como le fue en la feria”, pero en este caso, hay matices importantes que debería conocer el diputado antes de generalizar sobre la situación.
Habrá que recordarle al diputado Ernesto González Romo que en esos gobiernos neoliberales del PRIAN también hubo casos de éxito que no tuvieron la difusión adecuada, como Arráigate, dirigido a jóvenes en comunidades de alta y muy alta marginación para capacitarlos y continuar con el relevo generacional de las actividades, evitando el abandono de sus localidades; además de uno de los proyectos más exitosos en la última década: el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).
Hará cosa de 15 años que una comunidad de Zacatecas fue pionera a nivel nacional en dicho programa y tuvo la posibilidad de replicarse en otros municipios (y estados) antes de que la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados en el Congreso de la Unión decidieran desaparecerlo.
Se trataba de un proyecto encaminado a reducir la dependencia de los programas sociales otorgados por los gobiernos federal y estatal a grupos en situación de vulnerabilidad y marginación, al brindar a los productores asesoría técnica y equipamiento tecnológico básico para rescatar los suelos degradados y devolverles su vocación agrícola.
El caso por el que Zacatecas fue referente a nivel internacional mediante el PESA inició en el 2014 en la comunidad de La Lobera, en el municipio del Teúl de González Ortega. Se trataba de un programa operado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) y coordinado por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Para el 2015 se habían logrado cerca de 4 mil 200 unidades de producción familiar divididas en 14 regiones, donde se instalaron 5 mil cisternas capuchinas para la captación de agua y 12 mil huertos de traspatio, además de la construcción de infraestructura y el equipamiento para actividades agrícolas y ganaderas.
Cuando inició este Proyecto en la entidad, se contaba con un presupuesto de 5 millones de pesos. Hasta antes de su desaparición ya contaba con una bolsa de 128 millones de pesos por año.
El PESA contaba con tres fases primordiales: impulsar un hogar saludable; fomentar el uso adecuado de los alimentos y la formación de empresas para el desarrollo comunitario, todo enmarcado en una estrategia nacional de seguridad alimentaria, algo que no ha podido lograr la SEGALMEX y sus miles de millones de pesos observados por presuntos actos de corrupción.
Pero volvamos a La Lobera, en la sierra del Teúl de González Ortega. En el 2014 participó una sola productora en el Proyecto; para el 2015 ya eran 36 productores y en el 2016 se proyectó la participación de entre 60 y 70 productores de otras comunidades que integran el distrito de desarrollo rural y agropecuario de Tlaltenango.
Antes de entrar al PESA, los productores de La Lobera tenían rendimientos de entre 2 y 4 toneladas de maíz por hectárea. Durante el primer año de implementado el proyecto, con el cultivo de 10 variedades de maíz criollo, se logró obtener hasta 10 toneladas por hectárea.
Los productores vieron que, organizados como comunidad, en grupo, podían adquirir los insumos a un menor costo y reducían el margen de corrupción, el cual se presenta en otras regiones del estado en proyectos donde la producción se divide entre los productores.
Además, los productores que participaban de la estrategia contarían con el apoyo del gobierno a través de asesoría técnica durante al menos una década y sería un modelo a replicar en otras comunidades de alta y muy alta marginación.
Hasta antes de que MORENA y sus aliados decidieran desaparecer el programa, ya se tenían excedentes en la producción en las comunidades participantes y que podían comercializarse, generando una cadena productiva virtuosa donde además de incluía la diversificación de cultivos, pues no solo se sembraría maíz, sino también semilla de girasol y sorgo, cuyo follaje era utilizado para alimentar al ganado.
Con esta estrategia, que ya estaba en etapa de maduración, se había logrado un 67% de mayor rendimiento en zonas de temporal y un 10% en el caso del trigo, además de que los ingresos de los productores que ingresaron al PESA aumentaron hasta 31 por ciento.
Fue tal el impacto de la estrategia que logró el reconocimiento de la comunidad internacional que se dio cita durante el foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizado en 2015 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y se pretendía replicar en países subdesarrollados y los de primer mundo, como un ejemplo de buenas prácticas gubernamentales y políticas públicas que de verdad contribuían a mejorar las condiciones de vida de la población.
Pero seguramente el diputado Ernesto González Romo ignora los antecedentes de esta estrategia de seguridad alimentaria. Maniqueo como es, aún cree que los Programas del Bienestar que ha implementado el gobierno de la Cuarta Transformación van a salvar al campo del abandono.
Convendría recordarle que a Zacatecas en el último año solo le destinaron 10 mil pesos del programa Sembrando Vida, sin mencionar el fraude del Crédito Ganadero a la Palabra que desapareció al primer año de su implementación por tantos y tantos señalamientos de corrupción. Solo que el coordinador del programa hoy es gobernador de Zacatecas. ¿Aún espera que la nueva gobernanza saque al campo del abandono?
