Año con año, desde hace varias administraciones, se hablaba de que había un déficit presupuestal en materia educativa que pasó de algunos cientos de millones a más de mil millones de pesos tan solo en 2021.
Eso obligaba a los gobiernos a realizar las gestiones necesarias para cubrir principalmente el pago de la nómina magisterial y mientras unos recurrían a créditos de corto plazo otros tocaban las puertas de Palacio Nacional para bajar recursos de la federación.
Más recientemente, las gestiones se concentran en una partida de recursos extraordinarios denominada Programa U080, “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, que para el año pasado representó hasta 1 mil 180 millones 611 mil 481.79 pesos para Zacatecas.
De ese monto, 473 millones 611 mil 481.79 pesos fueron gestionados en la administración saliente de Alejandro Tello Cristerna y el resto, 707 millones, por la nueva gobernanza con David Monreal Ávila como gobernador.
Sin embargo, hay detalles que llaman la atención respecto a la fecha en la que se hizo la solicitud de recursos y la firma de los convenios entre el estado y la federación, además de los conceptos en los cuales habrían de aplicarse los recursos.
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Por ejemplo, el pasado 11 de agosto de 2021 se habría hecho la solicitud de 190 millones de pesos del Programa U080 y el convenio se habría firmado una semana después, el 17 de agosto.
Pero en la solicitud (la última del quinquenio de Alejandro Tello) ya se incluían recursos para cubrir parte de la quincena 17, correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre, y que incluía no solo el sueldo base, sino también prestaciones y compensaciones, aportaciones de seguridad social, estímulos y otros conceptos.
Si desde entonces se hizo la gestión, ¿dónde quedó el dinero? Porque se ha de recordar que fue justo esa quincena la primera que la nueva gobernanza dejó de pagar al magisterio argumentando que la administración anterior había dejado las arcas vacías.
No obstante, esta versión también deja enormes dudas, pues la siguiente solicitud de recursos extraordinarios a la federación se realizó hasta el 27 de septiembre y el convenio respectivo se habría firmado al día siguiente. Y lo interesante es que tanto la solicitud como el convenio lo firma José Alfredo Sánchez Mendoza como encargado de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC).
¿Por qué si no había recurso para pagar al magisterio, demoró tanto la solicitud de apoyo a la federación?, ¿sería intencional o tendría su origen en la falta de un titular al frente de la SEDUZAC para firmar los trámites correspondientes?
Lo cierto es que incluso desde la federación el recurso no fluyó como se esperaba y basta revisar las fechas en que se hicieron las últimas solicitudes. Por ejemplo, el 11 de noviembre se solicitaron 150 millones del Programa U080 y el convenio se firmó hasta el día 22, es decir, con casi dos semanas de diferencia.
También en el mes de diciembre se habrían hecho dos solicitudes: una el 15 de diciembre por 32 millones y otra el 23 de diciembre por 330 millones. Sin embargo, de la segunda se firmó el convenio hasta el día 27 y de la primera, el día 28. En ambos casos, los recursos habrían llegado con muy poco margen para ser ejecutados, así que el estado habría incurrido en subejercicio comprometiendo ese recurso a fin de no tener que devolverlos a la federación.
Y hay otro detalle curioso: mientras la mayoría de las solicitudes especifican que los recursos se destinarán para el pago de 9 mil 164 trabajadores del sistema educativo estatal, fueron estas dos últimas solicitudes del año en las que solo se justificaba la aplicación del recurso para 4 mil 876 docentes y personal de apoyo, a pesar de implicar un mayor monto debido a las prestaciones a pagar y de que representaba una diferencia de 4 mil 288 trabajadores. ¿Error de captura (dos veces) o fue intencional?
Lo que queda claro es que ni la solicitud de recursos extraordinarios ni los convenios respectivos llevan la firma de los docente ni de los representantes sindicales, así que la insistencia del gobernador David Monreal para que acudieran a la Ciudad de México a presionar a la federación estaba fuera de lugar y más bien se confirma que “le saca” a tocar las puertas de Palacio Nacional, sin olvidar que estos recursos bajarán al estado (en caso de gestionarse) de junio en adelante, no en lo inmediato. ¿Ya se entiende por qué arrancó el 2022 con el retraso en el pago de quincenas?
Cambios en la Legislatura
En el Poder Legislativo ya se hizo costumbre eso de iniciar muy tarde las sesiones del pleno y la de este miércoles no podía ser la excepción. Todo tendría su razón de ser, pues se aprobaron cambios en la conformación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) y en la de Planeación, Patrimonio y Finanzas (PPF).
La primera originalmente sería presidida por el diputado de Movimiento Ciudadano, Enrique Laviada Cirerol, pero su postulación no tuvo el respaldo de la mayoría y al final los diputados se decantaron por el panista José Guadalupe Correa Valdez, mientras la PPF será presidida por el de MORENA, Armando Delgadillo Ruvalcaba.
Y aunque por momentos hubo que pasar lista para comprobar que se tenía quórum, sin que faltaran los llamados a poner atención a los diputados en tribuna, también se votó por unanimidad la propuesta de Luis Octavio Zavala Pérez como nuevo titular de la Dirección de Administración y Finanzas, luego de la fallida destitución de Álvaro Puente Ruvalcaba y la aún más fallida imposición (a manos de la diputada Imelda Mauricio) de Ana Bertha Luna Quintero.
Solo que los diputados no leyeron las letras chiquitas o votaron de manera intencional la propuesta de urgente resolución, pues el nombramiento de Zavala Pérez se otorgará hasta el 7 de septiembre de este año, cuando inicie el segundo año de ejercicio constitucional en la 64 Legislatura.
No fue lo único llamativo de la sesión, también se bajaron del orden del día los puntos 13 y 14 relativos a reformas a la Constitución local y que fueron retirados a solicitud de los diputados Xerardo Ramírez e Imelda Mauricio.
Una de las iniciativas pretendía establecer que se otorgara prioridad y preferencia a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, mientras la segunda buscaba regular los salarios máximos de los representantes populares a fin de que nadie ganara más que el presidente, pero tampoco más que el gobernador. ¿Por qué bajar ambas iniciativas del orden del día?
