Apenas en noviembre de 2021, en Lalalá News dimos a conocer una investigación respecto a la presunta estafa que se gestó en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) durante la administración del exgobernador Alejandro Tello, la misma que mereció un “miserables oportunistas” como respuesta.
Sin embargo, en la nueva gobernanza ya hay indicios de que la estafa del SEDIF pudiera repetirse, incluso con empresas que ya habían sido contratadas por la administración anterior y que evidenciarían otras posibles licitaciones amañadas para beneficiar a ciertas empresas, en una red de corrupción que se extendería a otros sistemas estatales DIF.
A principios de marzo de este año se publicó la convocatoria para la Licitación Pública Estatal No. LP-SEDIF.ZAC-EA-2-2022, referente a la adquisición de productos alimentarios Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), solicitada por la Subdirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SEDIF.
Según consta en el acta de la Junta de Aclaraciones, celebrada el pasado viernes 11 de marzo, habrían sido tres las empresas interesadas en participar en la licitación; ninguna de Zacatecas.
Se trata de Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV, Comercializadora Don Cacahuato S de RL de CV, y Empacadora La Merced SA de CV. Incluso las tres presentaron recibo de adquisición de las bases con fecha del 9 de marzo, siendo la fecha límite para adquirirlas el pasado 10 de marzo.
Para evitar que se repitiera un nuevo caso de estafa en el SEDIF, desde la Función Pública se establecieron algunos candados en las bases de la convocatoria, como el punto 11, donde se precisaron los motivos de descalificación de los licitantes, entre ellos:
“B) Cuando se compruebe que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar precio de los servicios solicitados o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener como ventaja sobre los demás (licitantes)”.
También en otro apartado del mismo punto se establecen los motivos para desechar las propuestas técnica y/o económica, por ejemplo:
“F) Se descalificará de la licitación a las empresas participantes que se encuentren vinculadas entre sí, por algún socio o asociado en común”.
Sin embargo, tal parece que los candados no fueron suficientes para evitar que en esta ocasión participaran empresas con antecedentes de irregularidades, incluyendo presunto lavado de dinero.
Por ejemplo, Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV ya había obtenido un contrato con la pasada administración, en el 2017, también con el SEDIF y también por el mismo concepto de adquisición de productos alimentarios, por un monto de 68 millones 426 mil 388.60 pesos, según consta en los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque el contrato respectivo no esté disponible para su consulta pública.
No obstante, dicha empresa y socios se encuentran relacionados con acusaciones por lavado de dinero internacional, sanciones por alimentos en mal estado y contaminados con salmonelosis, tráfico de influencias e investigaciones por corrupción que han derivado en congelamiento de cuentas por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto a la intervención del Departamento del Tesoro y Justicia de Estados Unidos.
Incluso Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV ya contaba con una inhabilitación por parte de la Secretaria de la Función Pública, bajo el expediente administrativo PISI-A-SUR D.F.-NC-DS-273/2006, en la cual se le acusó bajo las verificaciones realizadas por la auditoría que proporciona alimentos descompuestos y de baja calidad en sus contratos, por lo que fue sancionada por la SFP con una multa de 696 mil 384 pesos e inhabilitación para participar en licitaciones por 2 años y 4 meses.
Sin embargo conforme al juicio de nulidad 23735/10-17-11-4 se declaró la nulidad lisa y llana del procedimiento por existir violaciones al mismo, es decir, la empresa no desvirtuó las acusaciones de proporcionar alimentos descompuestos y de baja calidad, sino que existió una violación al procedimiento que haría la declaración de la nulidad de la sanción.
La empresa actualmente forma parte de Corporativo Kosmos, que a lo largo de por lo menos 15 años ha ingresado a procedimientos de contratación participando con más de una empresa en un solo procedimiento, rotándose los representantes legales entre las empresas La Cosmopolitana, Productos Serel, Abastos y Distribuciones Institucionales y Recursos y Soluciones Especializadas Abadi, todas estas propiedad de los hermanos Landsmanas Dymensztejn.
Habrá que recordar que en el año 2018 la Fiscalía General de la República anunció la investigación de una red de lavado de dinero y delincuencia organizada de por lo menos 23 empresas, que desde México habían proveído alimentos a sobreprecio al gobierno de Nicolás Maduro.
Entre el 3 y el 5 de octubre de 2018, la UIF de la Secretaría de Hacienda ordenó mediante el acuerdo 45/2018 el bloqueo de cuentas de las empresas involucradas, incluidas las tres mexicanas y las de los intermediarios de Maduro: los colombianos Alex Naim Saab, Shadi Naim Saab, Álvaro Pulido Vargas, Emanuel Enrique Rubio y Andrés Eduardo León Rodríguez, este último apoderado legal de Group Grand Limited de Hong Kong.
Uno de los afectados fue Jack Landsmanas y las empresas La Cosmopolitana, Productos Serel y KOL-TOV, las cuales pertenecen al Grupo Kosmos.
Sobre este caso, la UIF sostiene la acusación de lavado de dinero, ya que las mercancías fueron vendidas con sobrecosto, por lo que la denuncia establece una mecánica de triangulación de recursos a fin de dificultar la identificación del origen y destino final de los activos, con una ganancia que seria ilícita. En resumen: se trataría de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La última licitación en la que participó Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV fue la Licitación Pública Nacional de número LPN-SA-SD-0008-04/2021 solicitado por el SEDIF de Oaxaca a la Secretaría de Administración, por la cual el gobierno que encabeza el priísta Alejandro Murat pagaría 624 millones 775 mil 771.44 pesos para la adquisición y servicio de reparto de productos alimenticios para los programas de asistencia alimentaria del estado de Oaxaca.
En el caso de Comercializadora Don Cacahuato S de RL de CV, está señalada por ser la “favorita” de la entonces alcaldesa de Mexicali y hoy gobernadora de Baja California por MORENA, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debido a que infló el costo de 170 mil despensas, algunas en más del 70% del valor comercial, y ganó todas las licitaciones del DIF en 2020 y 2021, adjudicándose hasta 34 millones de pesos.
Dicha empresa, al mismo tiempo, está vinculada con presuntas simulaciones de licitaciones en conjunto con MOBA Alimentos SA de CV y Proyectos Aigokeros SA de CV a través del mismo representante legal, Alejandro Aristi Licon, el mismo que ganó en diciembre pasado la Licitación Pública Estatal de carácter nacional LPE-SEDUZAC-932049954-07-2021, para la adquisición de equipo de sanitización y material de higiene, solicitados por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC).
Ante este escenario, tal parece que Empacadora La Merced SA de CV, con más de 40 años de trayectoria, sería la única empresa que no cuenta con antecedentes de presuntas irregularidades.
Cabe señalar que según el Presupuesto de Egresos 2022, el SEDIF dispondrá para este año de un monto de 207 millones 663 mil 827 pesos para el programa “Hambre Cero”, la estrategia de atención alimentaria a grupos vulnerables en el estado de Zacatecas.
Por lo pronto, este martes 22 de marzo se presentarán las proposiciones y se hará la apertura técnica y económica de cada empresa licitante y hasta el miércoles 30 de marzo se dará el fallo de la licitación. Hasta entonces se sabrá si la nueva gobernanza abre la puerta a nuevos esquemas de desvío de recursos y presunto lavado de dinero o si, por el contrario, lleva a la práctica su tan cacareado discurso anticorrupción. ¿Ni lo mismo ni los mismos?
