La de ayer fue una sesión ordinaria donde quedaron claras las fricciones que se han generado entre los diputados de la 64 Legislatura, que para unos temas sí están en lo que deben estar y para otros continúan recurriendo a los lugares comunes para justificar su penoso actuar.
Hacia el final de la sesión lo dijo muy claro el petista Xerardo Ramírez: en lo que va de esta Legislatura se han presentado 297 asuntos para ser desahogados en comisiones y únicamente se han votado en el pleno 36. El resto de los 161 asuntos duermen el sueño de la apatía legislativa en todas las comisiones.
Y para ir apretando tuercas, porque a los diputados se les paga muy bien por hacer su chamba, a partir de este segundo periodo ordinario y por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), se harán varios pases de lista y si alguno de los diputados no estuvo presente al cierre de cada sesión, se le hará el descuento correspondiente a su dieta.
Sin embargo, estar presente en las sesiones del pleno tampoco garantiza un trabajo de altura, como lo demostró en varias ocasiones el morenista Ernesto González Romo, quien ha caído en el lugar común del maniqueísmo al que se ha acostumbrado la Cuarta Transformación.
Ayer mismo, el diputado Enrique Laviada presentó una iniciativa para armonizar la Constitución local con la federal en materia de revocación de mandato, iniciativa que tuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios, aunque en una segunda propuesta relativa a la Ley reglamentaria de esta figura ya no hubo tanta unidad.
En lo local el gobernador David Monreal no cuenta con los mismos números que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya se ha visto que en la 64 Legislatura, varios diputados oficialistas han olvidado la división de poderes, así que rechazar la Ley reglamentaria implicaría que los promotores de la revocación de mandato para el Presidente ahora le nieguen esa posibilidad a los zacatecanos. Muy congruentes, ¿verdad?
Porque el Ejecutivo estatal ha sido calificado desde el inicio de su mandato en el último lugar de aceptación entre los gobernadores de todo el país, y las decisiones y omisiones de la nueva gobernanza vaya que han hecho mella entre la sociedad, que no está muy contenta con el desempeño de la actual administración.
Solo que al diputado Ernesto González Romo le pareció más fácil desestimar la propuesta de Ley reglamentaria alegando que “ahora sí” la oposición ha sido convertida al obradorismo al promover la figura de revocación de mandato, una figura que se ha venido estudiando desde hace varios años, mucho antes de que López Obrador fuera electo Presidente. ¡Qué manera de legislar con el hígado!
Que se investigue la “nómina secreta”
Por si esto no fuera poco, la investigación que dieran a conocer Agenda Política, La Cueva del Lobo y Lalalá News el pasado 9 de marzo, relativa a una supuesta “nómina secreta” en la nueva gobernanza que se paga a ciertos funcionarios de primer y segundo nivel a través de “Estímulos a la Responsabilidad en el Cargo” (concepto 7-3), también se hizo eco en el pleno de la 64 Legislatura.
Fue el diputado Jehú Salas quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo con la finalidad de exhortar a la titular de la Secretaría de la Función Pública para que investigue los actos u omisiones por el probable desvío de recursos, a propósito de la citada investigación, y también para instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a que en la revisión de la Cuenta Pública 2021 y 2022 se dé seguimiento a los actos descritos y, en su caso, se promuevan las denuncias de carácter penal o se inicien los procedimientos administrativos que correspondan.
Durante la presentación de la iniciativa el primero en saltar fue el diputado Ernesto González Romo, a quien no le concedieron el uso de la voz debido a que solo se trataba de una lectura de la iniciativa y no se estaba poniendo a discusión para su análisis y votación.
Sin embargo, el morenista no se iba a quedar callado y aprovechó el espacio en Asuntos Generales para despotricar y seguir alegando que “el PRI esto, el PRI aquello, el PRI lo otro”. Lugares comunes, pues. Y desestimar la investigación publicada por medios de comunicación y base de la iniciativa de punto de acuerdo, afirmando que se trató de “investigaciones inconclusas y con tablas de Excel mal hechas para decir mentiras”.
Pero como no fue suficiente, González Romo también alegó que la nómina secreta “es un proceso en el cual el gobierno priísta de Alejandro Tello escondía los salarios” y que hubo que acudir a los órganos de transparencia a “pelear durante años” que se otorgara la información.
Y para, según él, constatar que la investigación que ahora se da a conocer es “mentira”, señaló que pidió a la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo, una copia de su comprobante de ingresos y de los que estuvieron en la administración pasada para demostrar que en el pasado ganaban más.
O el diputado Ernesto González Romo no leyó la investigación o le hace al “tío Lolo”, pues lo documentado por Agenda Política, La Cueva del Lobo y Lalalá News se sustenta en copias del CFDI de los funcionarios de primer y segundo nivel, que se contrastaron con la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, con datos que precisamente hizo públicos la nueva gobernanza.
El gran problema en la iniciativa presentada por el diputado Jehú Salas es que la titular de la SFP también está implicada en la investigación, por lo que se podría recurrir al “posible conflicto de interés” para no iniciar una investigación al respecto y todo quedaría en manos del elefante reumático de la ASE.
Demuestran unidad por los jerezanos
Ya en otros temas, donde sí hubo consensos y muestra de trabajo en unidad fue en una iniciativa presentada por la diputada Cuquita Ávalos para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) investigue las violaciones a derechos humanos de las personas desplazadas de las comunidades en municipios como Jerez, Tepetongo, Valparaíso, Fresnillo y Monte Escobedo, y en su caso haga las recomendaciones a que haya lugar para dar solución al problema.
También, para que la CDHEZ remita un informe a la 64 Legislatura sobre el avance de la investigación y demás documentación relativa al desplazamiento forzado interno en la entidad, además de solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas que coadyuve con la CDHEZ para investigar las violaciones graves de los derechos humanos y la probable comisión de delitos en contra de las personas desplazadas.
Ya desde su presentación, la iniciativa llevaba el respaldo de todos los integrantes de la CRICP, un respaldo que fue ratificado durante la presentación y aprobación de la iniciativa, considerando que es un tema muy sensible que afecta a la población por igual.
Y precisamente sobre este tema, se espera que en la sesión e este miércoles el diputado David González presente una iniciativa para crear la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno del estado de Zacatecas, que coadyuve a atender este problema que ha puesto a Zacatecas en un escenario crítico.
A ver si el diputado Ernesto González Romo no piensa que todo se trata de un complot de conservadores neoliberales que pretenden descalificar los “buenos resultados” de la nueva gobernanza.
